La comisión especial de la Cámara de Diputados, que tiene a estudio la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), recibió el miércoles a una delegación del Sindicato Médico del Uruguay, que planteó varios cambios al proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo.
De acuerdo a un documento que fue presentado ante los legisladores de la comisión especial, al que tuvo acceso la diaria, el SMU sostiene, en primer lugar, que la “situación crítica” que atraviesa la CJPPU “exige hoy una respuesta inmediata”. Se estima que, sin una reforma, el instituto previsional agotará sus reservas entre julio y agosto.
En cuanto al proyecto presentado por el gobierno, el SMU marca que todavía “no conoce los fundamentos técnicos ni los estudios actuariales que permitan evaluar, con solidez, la viabilidad y sustentabilidad de las medidas propuestas”, por lo que “no sería responsable afirmar que el SMU apoya el proyecto”.
De todos modos, en pos de “aportar al debate de forma seria”, el gremio plantea que la solución a la crisis de la caja paraestatal debe apoyarse en cuatro factores: aporte de los activos, pago de las prestaciones, recaudación por concepto de timbres profesionales y contribución a cargo del Estado. En tal sentido, el SMU marca que “existe unanimidad” en el sindicato en cuanto a “la necesidad de implementar medidas en estas cuatro variables”.
Sobre el incremento de 18,5% a 22,5% de la tasa de aportación incluido en el proyecto, el SMU propone implementar “un esquema de aumento progresivo y escalonado”, en lugar de un aumento inmediato, para “atenuar” el riesgo de que haya un crecimiento de declaraciones de no ejercicio. Esto, se sostiene, permitirá “una adaptación razonable a la nueva situación” y “sería más justo”. “Podría escalonarse el aumento medio punto por año, o contemplando las diferentes categorías”, sugiere el gremio.
En cuanto al nuevo gravamen que se aplicaría sobre los jubilados profesionales, el cual oscilaría entre 2% y 12% en función del nivel de ingresos, el SMU pide “rediscutir el aporte para disminuir el impacto”, sobre todo, con respecto a los pasivos que “únicamente perciben ingresos por este concepto y planificaron su futuro basado en el valor de la prestación comprometido por la institución”.
Con relación a los timbres profesionales, el gremio señala en el documento que dos tercios de la recaudación por este concepto provienen del sector de la salud. El proyecto del gobierno establece un nuevo criterio de ajuste de los timbres profesionales; en tal sentido, el SMU advierte que cualquier cambio “tendría un fuerte impacto en la actividad vinculada a la asistencia sanitaria, sobre todo, en la población de bajos recursos que ya tiene problemas con los copagos”. Por eso, se propone “evaluar la posibilidad de excluir los timbres vinculados a la asistencia de estos ajustes”.
Por último, acerca del aporte económico que realizaría el Estado desde Rentas Generales hacia la CJPPU —que sólo durante este año sería equivalente a 110 millones de pesos por mes—, el SMU reconoce que se trata de una contribución “de toda la población a través de los impuestos”, y señala que, “en un país con grandes problemas y desafíos, cualquier gasto estatal, como el que se plantea, disminuye los recursos para atender esos problemas y desafíos”.
“El SMU entiende que, aun asumiendo la necesidad del aporte del Estado para solucionar esta crisis, se debe ser equilibrado para no desatender otras urgencias, es decir, mantener, sin descuidar, los derechos de seguridad social de los profesionales”, señala el gremio en el documento.