Con la participación del presidente Yamandú Orsi, este martes quedó formalmente instalado el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, un ámbito creado mediante un decreto emitido por el Poder Ejecutivo a fines de abril con el propósito de coordinar y articular las políticas públicas en este tema específico de la seguridad pública.
Por el transcurso de una hora y media, Orsi estuvo reunido en Torre Ejecutiva con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, los ministros Carlos Negro (Interior) y José Carlos Mahía (Educación y Cultura), los subsecretarios Joel Rodríguez (Defensa Nacional) y Valeria Csukasi (Relaciones Exteriores) y otros jerarcas de organismos vinculados al asunto, entre ellos, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, Mario Layera, y la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
Al término del encuentro, Díaz afirmó en conferencia de prensa que la puesta en marcha del nuevo sistema “es en cumplimiento de una de las prioridades que el Frente Amplio [FA] planteó en Colonia el año pasado en campaña electoral y es una de las 63 prioridades que tiene el gobierno para este quinquenio”.
El prosecretario de Presidencia dijo que entre los distintos representantes del Poder Ejecutivo que integran este espacio existe una “percepción compartida del riesgo” con respecto a “la situación actual del crimen organizado y el narcotráfico en el país”, lo cual, sostuvo, exige un ámbito de coordinación entre los diferentes organismos públicos. “La mano izquierda tiene que saber lo que está haciendo la mano derecha”, resaltó.
A modo de ejemplo, Díaz mencionó el episodio de la entrega del pasaporte uruguayo a Sebastián Marset durante la anterior administración. Según Díaz, en este caso hubo “instituciones del Estado que tenían una información que otras instituciones del Estado desconocían completamente, produciéndose los resultados que luego se produjeron, que dejaron al Estado uruguayo en una posición reputacional inadecuada a nivel internacional”.
No obstante, Díaz, quien como abogado defendió a la exvicecanciller Carolina Ache en el caso Marset, señaló que “no es por este caso” que se instaló el nuevo sistema, “sino que es por una concepción filosófica de cómo se tiene que encarar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”.
Por su parte, Negro indicó que el objetivo del nuevo sistema es “salir del formato de la comisión” y “hacer un trabajo que sea mucho más flexible, dinámico y sostenido en el tiempo”. Con todo, el ministro del Interior puntualizó que esto no supondrá en el corto plazo “un cambio inmediato” en la forma de trabajar de la cartera, sino que, “en la medida en que sea necesario coordinar con los demás ministerios para la realización de futuros operativos, es que vamos a utilizar la mecánica de este sistema”.
El gobierno pretende modificar la ley contra el lavado de activos
Asimismo, Díaz adelantó que el Poder Ejecutivo enviará “en el correo de esta semana o en los primeros días de la semana que viene” un proyecto de ley para introducir cambios a la normativa vigente. Señaló que la iniciativa tendrá “tres pilares”: el primero incluirá modificaciones puntuales a la ley contra el lavado de activos, el segundo, una revisión del “umbral para las transacciones en efectivo”, y el tercero, “una propuesta de la Fiscalía General de la Nación relacionada con la Fiscalía de Lavado de Activos”.
Con relación al segundo pilar, la Comisión de Hacienda del Senado ya tiene a estudio un proyecto de ley presentado por el FA que propone disminuir de 1.000.000 a 80.000 unidades indexadas el monto máximo permitido para las transacciones en efectivo. El límite actual fue establecido por el anterior gobierno a través de la ley de urgente consideración; originalmente, el tope se situaba en 40.000 unidades indexadas.
Consultado sobre la posibilidad de que el proyecto incluya mayores controles sobre sectores que no son estrictamente de carácter financiero, como por ejemplo, el inmobiliario o el ganadero, Díaz indicó que actualmente “no solamente se controla el sistema financiero”, mediante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, sino que también se investiga “el sistema no financiero”, a través de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
“El listado siempre es algo que ha ido cambiando y hay algunas cuestiones de ajuste que sí están previstas en la ley”, señaló Díaz, aunque aclaró que “el tema no es específicamente la ganadería, la forestación o el sector tal o cual”, porque “lo que importa es la forma que se utiliza para llevar adelante la actividad”.
En referencia al caso de Conexión Ganadera, el prosecretario de Presidencia manifestó: “No estamos identificando a la ganadería en general como un sector de riesgo, sino a determinadas modalidades que pueden ser utilizadas. Esto apunta a otra cosa, a la modalidad, y no al sector productivo específicamente (...) Que se queden tranquilos los ganaderos que no es que van a pasar a ser incluidos como una actividad de riesgo por terceros”.