Tras una sesión extraordinaria, el directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) resolvió postergar diez días la firma por la compra de la estancia María Dolores, en Florida, que el miércoles fue observada por parte del Tribunal de Cuentas (TC), con los votos de los ministros designados por el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado.
Por mayoría, el TC observó que el artículo 836 de la Ley 18.719 (ley de presupuesto de 2010), que autoriza al INC a adquirir inmuebles rurales destinados a planes de colonización “de forma directa”, establece que debe ser por “resolución fundada adoptada por mayoría especial de cuatro votos conformes de sus directores”. Por lo tanto, en este caso, entienden que se trató de un “procedimiento de compra directa” y al no existir “un procedimiento competitivo de derecho público”, la contratación incumple las normas mencionadas porque no alcanzó el quórum legal requerido (votaron a favor de la compra tres miembros, y no cuatro). No obstante, la minoría del Tribunal consideró que el procedimiento no es una compra directa, sino la utilización del “derecho de preferencia” que tiene el INC.
Según informó El Observador y confirmó la diaria, el directorio del INC pretende no dar lugar a la observación del TC y está dispuesto a reiterar la compra del campo de 4.404 hectáreas, destinado a la lechería.
Sin embargo, luego de la reunión, en diálogo con la prensa, el presidente del INC, Alejandro Henry Rodríguez, dijo que los diez días de postergación serán para “analizar profundamente las observaciones” del tribunal y para “tener más certeza” de lo que se está haciendo.
La compra generó polémica entre el oficialismo y la oposición desde el primer momento, e incluso provocó la renuncia del presidente del INC, Eduardo Viera, cuestionado por la incompatibilidad entre su cargo y su condición de colono. A comienzos de junio, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado recibió al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y al subsecretario Matías Carámbula; pero no se llegó a un entendimiento en torno a la compra.
El senador del PN Sebastián da Silva, uno de los principales opositores a la adquisición, adelantó el miércoles, tras conocerse la observación del TC, que, de continuar con el proceso de compra, propondrá a la bancada de la coalición la interpelación de Fratti. Sería la primera interpelación en este período de gobierno.
Por su parte, el senador del Frente Amplio Anibal Pereyra, entrevistado por Radio Oriental, confirmó la intención del organismo de seguir con el procedimiento, ya que “hay fundamentos sobrados”, señaló. “Desde el primer momento en que se toma esta decisión, hay una intención clara política de desvirtuar la compra e instalar argumentos”, sostuvo, y mencionó la polémica en torno al presidente Viera. Pereyra dijo que la compra está enmarcada entre las prioridades del gobierno para el quinquenio de “adquirir más tierras para poder seguir desarrollando y fortalecer políticas que son necesarias para el país”.