En Uruguay, la tasa de pobreza infantil duplica la de los adultos, una realidad que se mantiene desde hace décadas. En este contexto, problemáticas como el crimen organizado encuentran un terreno fértil para captar a menores de edad, lo que desafía la capacidad de las políticas públicas para llegar y permear en esta población vulnerable.
A propósito de los 35 años de la organización no gubernamental (ONG) Gurises Unidos, tuvo lugar en el Palacio Legislativo un conversatorio sobre infancias, adolescencias y su vínculación con el crimen organizado. En él, el director de Gurises Unidos, Gonzalo Salles, afirmó que la infancia y la adolescencia requieren de “políticas de estados que trasciendan los gobiernos de turno y que puedan poner como protagonistas a los niños, niños y adolescentes”.
Para Gurises, la situación exige que se destinen mayores recursos y que se haga partícipe a los menores del diseño de las propuestas: “Si nosotros seguimos pensando desde el mundo adulto y sólo desde el mundo adulto las propuestas que estos gurises necesitan, vamos a estar errando. Los gurises tienen un montón de cosas para decirnos”, sostuvo Salles.
Al respecto de los adolescentes que son captados por el narcotráfico, el director apuntó a la necesidad de pensar propuestas de cercanía diseñadas a medida. Aunque sea más caro, consideró que “es la única forma” de “acompañar las trayectorias de vida” y “poder competir con esa propuesta que hoy tenemos en los barrios, que es la que brinda el crimen organizado”.
El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, aportó algunos datos: el total de adolescentes atendidos por delitos de estupefacientes en privación de libertad aumentó de 38 en 2020 a 205 en 2024, y en medidas no privativas de libertad de 26 a 167. Para Saavedra, la institucionalidad, en términos de dinero, no puede competir con “lo atractivo que resulta la facilidad que otorga el narco”. “No compito por ahí, compito desde el amor, desde la piedad, de decir, ‘hay otra vida posible para vos, porque esta vida que estás llevando, que te trajo hasta acá, no de casualidad, es una vida de porquería’”", sostuvo.
Saavedra señaló que la propuesta debe pasar por la educación, la cultura, el trabajo, la revinculación familiar, la reconstrucción de autoridad y la atención a la problemática del consumo de drogas, teniendo en cuenta que “el gurí va y viene, como todos nosotros, en la vida”, avanza y retrocede. Además, se refirió a la necesidad de que los centros de detención se abran a la sociedad, “que nos visite la institucionalidad, que se instalen ahí. No queremos plata, no queremos nada, queremos que estén y que les den oportunidades y que conozcan a los gurises”.
En ese sentido, el ministro de Desarrollo Social consideró “clave” salirse “de la lógica de la acción fragmentada, individual o particular” para “construir en lógica comunitaria”. Para la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, pensarse “como una institución única y aislada es ir a perder”. En cambio, se debe “pensar las políticas en forma conjunta” y trabajar sobre dos dimensiones para “revertir la exclusión”: una dimensión material y una simbólica.
La erosión de la legitimidad del Estado
Juan Bogliaccini, doctor en Ciencia Política, enumeró cuatro desafíos “tradicionales” en torno a las infancias y adolescencias: la infantilización de la pobreza, el déficit educativo y de habilidades, la informalidad y la dualización de los mercados y la incorporación de los jóvenes a las economías ilegales. Bogliaccini sostuvo que la acción del Estado sobre estos desafíos es “pivotal” y genera retos de “efectividad y legitimidad hacia los jóvenes”.
Civila se refirió a una crisis de legitimidad del Estado, a partir de “una ideología que predomina” que “no narra el origen estructural de estos fenómenos”, y por la cual, “el Estado, que es la punta del iceberg de esa desigualdad, termina siendo el impugnado”. Acotó que “cuando las políticas compensatorias no alcanzan o se ajusta sobre las políticas compensatorias, surgen respuestas sociales que a veces en lugar de impugnar la violencia estructural impugnan al Estado”.
Con respecto al rol del Estado, Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política, explicó que las crisis estatales en las que florecen liderazgos que desafían la democracia y las instituciones ocurren cuando se combinan “fallas objetivas” en el desempeño estatal; es decir, cuando el Estado llega de forma deficiente y desigual según el contexto socioeconómico; y “al mismo tiempo, se va erosionando la legitimidad del Estado”.
En ese proceso, “la imagen de lo que el Estado es y de lo que el Estado hace muta en interacción con la sociedad y con otros actores desafiantes”, y, ante un retraimiento de las capacidades estatales, “la política democrática y la política pública se quedan sin recursos para actuar sobre la realidad social”. Es entonces cuando se vuelve “racional” para los jóvenes con perspectivas de futuro muy cortas y vulnerables a los mercados ilegales ver en figuras como el narcotraficante Sebastián Marset “un modelo de rol, y no algo negativo o algo que eventualmente hay que evitar”, señaló Luna, para quien, “en esta competencia estamos perdiendo 7-0” y “el horizonte se ve cada vez más complejo”.
“Cuando el reconocimiento social no está, porque no se fortalece a través de los vínculos comunitarios y la vida de estos gurises está atravesada por la violencia y por la pobreza, el reconocimiento se obtiene a través del tener a costa de lo que sea, del tener para ser y del violentar para ser visto”, consideró la presidenta del INAU.
Para Civila, “la única forma de construir un Estado más eficiente, que de mejores respuestas y que pueda encontrar causas para transformar estos problemas estructurales es en alianza con la sociedad organizada”.
Juan Bogliaccini: “El crimen organizado compite por la coerción”
Uruguay es, luego de Guatemala, el país en América Latina con menor tasa de culminación de secundaria en jóvenes entre 20 y 23 años, señaló Bogliaccini, quien consideró esa realidad “el gran fracaso de nuestras últimas tres décadas en materia educativa”. Para el politólogo, ese fracaso tiene que ver con la presencia desigual del Estado, por ejemplo, en el territorio, es decir, con una falla objetiva en el desempeño, como mencionó Luna. “El Estado está, pero cuando es tan distinta la estabilidad en los centros, en unos barrios que en otros, en unos lugares del territorio que en otros, eso es complejo”, apuntó.
Además, Bogliaccini agregó que el incremento del ausentismo de los escolares registrado pospandemia “nos dice algo sobre el valor real que esos niños le están dando a la escolarización vis a vis otras alternativas”. En ese contexto, en el que la reinserción es extremadamente difícil, “el crimen organizado compite por la coerción”.
El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, reconoció que hay un problema de la propuesta educativa, por el cual “hay un conjunto de gurises que no están viendo que está bueno” estar dentro de las escuelas y liceos. En ese sentido, consideró que se deben modificar “cosas en la cotidianeidad de lo educativo” para configurar un “lugar de cuidados” y convivencia.
No obstante, Caggiani valoró que “el sistema educativo puede hacer algunas cosas, pero hay otras que no son del sistema educativo”. Señaló que hay elementos del “arreglo social” que escapan a la educación y “no funcionan”. “Seguimos teniendo un conjunto de desigualdades que son tolerables y que son las que hacen que no sea lo educativo exclusivamente lo que está definiendo el acceso al mundo del trabajo”, afirmó.