Días después de la asunción de las nuevas autoridades departamentales, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que propone la creación del programa laboral Uruguay Impulsa, en sustitución de los jornales solidarios. La propuesta del gobierno incluye varios cambios, entre ellos, una extensión de los días de trabajo y una mayor remuneración.
En la exposición de motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo consigna que el programa laboral Oportunidad Laboral –comúnmente conocido como jornales solidarios– comenzó en 2021 “como respuesta a la emergencia económica y social derivada de la pandemia de covid-19”. Este programa otorgaba un empleo temporal que tenía una extensión de 12 jornadas, las cuales debían realizarse en la primera quincena del mes; este esquema, sostiene el actual gobierno, “buscaba limitar las posibilidades de contagio”.
No obstante, el formato de 12 jornadas por quincena se mantuvo después de la pandemia. Según la exposición de motivos, el actual gobierno identificó que la asignación de los cupos, que se hizo en acuerdo con el Congreso de Intendentes, no tuvo “una correspondencia entre la estructura de cupos asignados y la distribución de desempleados por departamento”. El año pasado, en las dos últimas fases de los jornales solidarios, participaron 9.000 personas; la remuneración fue de 13.000 pesos.
¿Cuáles son las características del nuevo programa?
El proyecto establece que los participantes de Uruguay Impulsa percibirán un sueldo nominal equivalente a tres bases de prestaciones y contribuciones –esto es, 19.728 pesos–, “siempre que hayan cumplido con las obligaciones que asumieron al ingresar al programa”.
El Poder Ejecutivo propone que la primera edición del programa tenga una duración de cuatro meses, entre agosto y noviembre de este año. A diferencia del programa anterior, los participantes trabajarán de lunes a viernes, seis horas diarias, durante todo el mes. En el caso de madres con hijos de hasta tres años de edad, la extensión de la jornada laboral será de cuatro horas diarias, con la misma remuneración.
Al respecto, el gobierno sostiene en la exposición de motivos que “de la revisión de las experiencias nacionales e internacionales surge que los programas de empleo protegido obtienen mejores resultados” cuando “las tareas se desarrollan en una extensión de tiempo mayor”. Por eso, se dispone la eliminación del formato de 12 jornadas por quincena.
En cuanto a los cupos disponibles, el proyecto establece que los participantes del programa serán 5.500 personas, de entre 18 y 65 años de edad, “que no reciban ninguna prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal”.
Los postulantes deberán inscribirse vía web, y la selección se hará mediante un sorteo unificado. En la exposición de motivos se sostiene que “la asignación de cupos por departamento se realizará en base a un criterio estadístico explícito, que tomará en cuenta los niveles de desocupación a nivel departamental, publicados por el Instituto Nacional de Estadística”. El programa será coordinado por una comisión integrada por representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Congreso de Intendentes.
En el proyecto se establece que los gobiernos departamentales “determinarán los términos y condiciones de los trabajos transitorios a realizar”. Por otro lado, se dispone que, “mientras dure su participación en el programa, los participantes no integrarán las nóminas de personal de dicho gobierno departamental ni estarán comprendidos en sus regímenes de remuneraciones y beneficios”.
Además del aspecto laboral, el programa prevé un componente formativo. Está previsto que los participantes destinen 20% del tiempo total del programa a su formación, que estará a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Los cursos de capacitación estarán orientados a las habilidades digitales y transversales, “fundamentalmente aquellas asociadas a mejorar la empleabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo, la flexibilidad, elaboración del currículum y resolución de conflictos”.
En la exposición de motivos, el gobierno sostiene que el propósito del nuevo programa es “proporcionar una fuente de ingresos temporaria a personas sin empleo formal”, desarrollando al mismo tiempo “capacidades laborales básicas en los beneficiarios a través de la experiencia directa de trabajo, y habilidades específicas y transversales para el empleo a través de capacitaciones”.