Hace algo menos de un mes, el equipo económico del gobierno, encabezado por Gabriel Oddone, anunció una serie de medidas para paliar el diferencial de precios que afecta a los comercios ubicados en las zonas fronterizas del país. Esos planteos se materializaron recientemente en un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Legislativo. Su tratamiento dio inicio ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde compareció el ministro interino de Economía, Martín Vallcorba.
Algunos actores de la oposición, como el senador nacionalista Sergio Botana, se habían mostrado afines a la propuesta. En Diputados esta visión de la oposición se mantuvo, aunque se pusieron sobre la mesa algunos reparos.
Por el lado del oficialismo, el diputado frenteamplista por Artigas, Nicolás Lorenzo, señaló a la diaria que este paquete de medidas “es el inicio de algo histórico” dado que “nunca antes se había hecho algo similar para la frontera”. Subrayó que es muy importante que más allá de “dejar el bolsillo un poquito más liviano” se dé paso a “generar puestos de trabajo”.
Según detalla el texto del proyecto remitido por el Ejecutivo, las acciones previstas tienen “carácter transitorio” y se vinculan a la implementación de “un régimen especial de comercio de frontera, la exoneración de aportes jubilatorios patronales a nuevos empleos y la reducción del IVA”. Asimismo, se deja claro que estas medidas podrán instrumentarse “conjuntamente o en forma individual” en ambas fronteras del país —con Argentina o con Brasil— según “las necesidades coyunturales que surjan” y a criterio del Poder Ejecutivo.
En lo que se refiere al régimen especial de comercio, lo que se prevé es que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan “importar, enajenar y comercializar ciertos productos” con un “procedimiento aduanero simplificado, exonerado de todo tributo y paratributo”, incluidos el IVA y el Imesi. El texto deja explícito que la nómina de productos que entren dentro de este procedimiento la establecerá el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por lo pronto, en comisión se detalló que serán 12 los incluidos en un principio (entre artículos de alimentación e higiene pertenecientes a la canasta básica).
Por su parte, la exoneración patronal del aporte jubilatorio podrá ser de hasta 75% para los nuevos puestos de trabajo dependiente. Este beneficio comprende a las empresas que se encuentren en actividad en un radio máximo de 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre.
Por último, la reducción del IVA será en el consumo en comercios al por menor que se encuentren ubicados en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera terrestre. Se establece como tope para la aplicación de la reducción el equivalente a 2.000 unidades indexadas (actualmente algo más de 12.000 pesos). A su vez, mensualmente se deja constancia de que para la reducción del IVA no se deberá superar las 10.000 unidades indexadas (alrededor de 63.000 pesos).
Las diferencias y planteos de la oposición
Si bien los representantes de la oposición mostraron afinidad con el espíritu de lo que plantea el MEF en su iniciativa, aparecieron algunos cuestionamientos y propuestas de aditivos. Por el lado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala comentó en rueda de prensa que lo que se prevé con la aprobación del proyecto de ley es darle una “facultad” al gobierno, quedando a su criterio la aplicación o no de lo establecido en el texto. En ese sentido, el representante nacionalista puso énfasis en la falta de “criterios objetivos” para determinar qué “desencadena” la puesta en acción de las medidas.
“Eso es lo que a nosotros no nos gusta mucho del proyecto”, remarcó Abdala. En ese sentido, explicó que se puso sobre la mesa la posibilidad de introducir un artículo que “obligue” al Poder Ejecutivo a “informar periódicamente” sobre la evolución de los precios y la diferencia cambiaria con Brasil y Argentina. En ese contexto, el diputado consideró necesario que en ese marco también se informe sobre las medidas que se vayan incorporando —de las que están previstas en el proyecto de ley— ante cada situación.
Por su parte, el exintendente de Rivera y ahora diputado por ese departamento, Marne Osorio, remarcó a la diaria que si bien entiende que se trata de una “muy buena” iniciativa, discrepa con que se plantee como el abordaje de una “situación coyuntural”. En ese sentido, puntualizó que las dificultades son algo “estructural” que “coyunturalmente” han visto “agravar su situación”. “Cuando nos comparamos con el resto de Uruguay tenemos los niveles de desarrollo más bajos, eso da cuenta de que no es una situación coyuntural”, planteó.
Partiendo desde esa visión, Osorio tiene un paquete de siete aditivos a la iniciativa, uno de ellos en línea con lo manifestado por Abdala. Concretamente, el dirigente colorado buscará que junto a este proyecto de ley quede instalado un observatorio de frontera, que funcione como institucionalidad dentro del MEF o la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Según explicó, la idea es que el observatorio esté “permanentemente revisando” los indicadores sociales. El diputado remarcó que esto iría en paralelo a una “evaluación obligatoria con informe anual o bianual al Parlamento” de los resultados de las políticas aplicadas.
Dentro de los planteos de carácter estructural que espera incorporar Osorio, aparece también la idea de generar un “régimen especial” para la aplicación de la Ley de Vivienda Promovida en frontera. En ese sentido, el diputado entiende que ante la “baja incidencia en zonas de frontera por falta de rentabilidad”, se deben brindar, en proyectos ubicados a menos de 60 kilómetros, exoneraciones del 100% del IRAE, al igual que de IVA en materiales de construcción, tributos departamentales y tasas durante diez años.
A su vez, también se refirió a la necesidad de incorporar la posibilidad de “acceso preferencial a líneas de crédito de la ANV o el BROU”. La iniciativa también prevé que “al menos un 50% de la mano de obra empleada resida en el departamento del proyecto”.
En línea con esta idea, Osorio remarcó que los departamentos de frontera reciben menos del 5% de las inversiones que son consecuencia de la Ley de Inversiones. En ese sentido, busca que se pueda “priorizar proyectos en zonas con mayores rezagos sociales y económicos” de los departamentos fronterizos con Argentina y Brasil. Siguiendo este razonamiento, el diputado colorado espera poder incluir un artículo que instruya al Ejecutivo a “priorizar la inversión logística y energética” en las zonas fronterizas “para reducir los sobrecostos estructurales”.
Por último, Osorio deja constancia de la necesidad de incluir dentro de las entidades beneficiadas por las disposiciones propuestas por el Ejecutivo para la frontera a los “microemprendimientos y cooperativas”, al igual que a los “servicios gastronómicos y hoteleros” dentro del radio de 60 kilómetros. Para estos últimos, el diputado de Rivera también solicita en su aditivo la reducción de las tarifas públicas.
¿Se debe sumar Tacuarembó?
Maximiliano Campos, diputado colorado por Tacuarembó, dijo a la diaria que entiende que los beneficios previstos para la frontera deben ser incorporados también a su departamento. “El problema de la frontera, que yo lo llamo más un problema del norte del país, es que hay una depresión económica y una informalidad laboral galopante”, remarcó el representante.
En ese sentido, puntualizó que Tacuarembó pasaría a ser —de aprobarse estas medidas— el único departamento sin esos beneficios al norte del Río Negro, algo a su entender “injusto” ya que es parte de las zonas “influenciadas por la frontera”. Como ejemplo, remarcó que el departamento tiene 9,9% de desempleo, algo que lo hace estar por encima de Rivera.
Esto fue planteado en comisión por parte de Campos, quien asegura que tiene el apoyo de su bancada y buscará el apoyo del diputado nacionalista de Tacuarembó Alfredo de Mattos. Vallcorba, ante este planteo, consideró que el departamento no debería ser incluido. Sin embargo, se comprometió a generar otras medidas acordes a su situación, indicaron fuentes de la comisión.