El Ministerio del Interior (MI) lanzó este lunes los denominados Encuentros por Seguridad, la segunda fase del proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, centrada en el diálogo con más de 100 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, así como con los partidos políticos.
La primera fase culminó con un diagnóstico que muestra el estado de situación de la violencia y la criminalidad en el país (ver recuadro); por otra parte, los diálogos con los diversos actores convocados continuarán hasta diciembre. En paralelo, el ministerio irá elaborando una propuesta técnica que recoja las ideas que surjan de los encuentros.
Para el primer trimestre de 2026 la cartera prevé iniciar la etapa de propuesta política, en la que se evaluará la viabilidad normativa, financiera y política de las medidas. En esa última fase, de validación social, se convocará a todos los actores que participaron en los Encuentros por Seguridad para presentar el resultado del trabajo y asumir un compromiso institucional con la ejecución del plan.
“Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer algo distinto”, afirmó el ministro del Interior, Carlos Negro, al inicio de su intervención. Señaló que la seguridad pública es “la principal preocupación de Uruguay desde hace décadas”, a la que, sin embargo, “nadie ha logrado dar soluciones especiales”.
El ministro dijo que el proceso que se inicia significará “un cambio en cómo se deben encarar las políticas de seguridad del Estado”. “Queremos un modelo uruguayo en política de seguridad pública, no para un gobierno o para un partido: para el país todo”, agregó.
“El plan es una iniciativa del gobierno con todos los que quieran sumarse, por eso convocamos a trabajadores, empresarios, organizaciones sociales, académicos, expertos, a todos los poderes del Estado y su institución, a los partidos políticos y agencias internacionales. En definitiva, a todos los que ven en esto una experiencia innovadora y un posible ejemplo para la región”, sostuvo. No obstante, aclaró que, si bien buscarán “los aportes de todos y todas”, el plan “está diseñado para continuar aunque alguien ya no quiera aportar”.
Por su parte, el sociólogo Emiliano Rojido, asesor en seguridad del MI y coordinador del plan de seguridad, consideró que “hay un montón de experiencia y de recursos” en manos de distintos actores de la sociedad, que se debe buscar “mapear y aprovechar de la mejor manera posible”. Negro señaló que “la seguridad no es sólo un tema policial” y es “indispensable sumar a la Policía voces que hasta ahora permanecieron ajenas a este debate”.
“Estamos en marcha y no nos vamos a detener ni a distraer. Uruguay tiene las condiciones democráticas y la madurez institucional, y una tradición de diálogo que no necesita ocultar su diferencia. Todo eso nos permite soñar con un verdadero modelo uruguayo de seguridad pública”, afirmó Negro.
¿Qué no son los Encuentros por Seguridad?
“No es una agregación sin estructura ni objetivos. No es un espacio de catarsis ni un lugar para recomendaciones políticas o de tradición. Es un espacio de construcción que tiene sus reglas, que tiene sus plazos. Cada reunión tiene sus objetivos y tiene sus productos”, afirmó Rojido.
Agregó que tampoco es un “ámbito de cogobierno” y señaló que, si bien para la administración “la participación y el diálogo son humanitarios”, con eso no se renuncia “al derecho y a la obligación de gobernar en este campo y en tantos otros”. “Las decisiones las va a tomar el gobierno, pero de manera sensible, con los aportes relevantes con los que podemos contar”, aclaró el asesor.
El ministro Negro también apuntó a que el proceso de diálogo no implica renunciar “a gobernar y a ejercer la iniciativa y la autoridad”, como sugirieron algunos dirigentes de la oposición. Pero, apuntó, “no vamos a hacer más de lo mismo, porque lo que queremos es una política a largo plazo para abordar un problema estructural que, por serlo, requiere volar más alto y más lejos que las tormentas y los perfilismos políticos”.
La apuesta de los Encuentros por Seguridad
Rojido explicó que los Encuentros por Seguridad pretenden conformar “un espacio amplio de intervención”, con el objetivo de “profundizar el diagnóstico técnico basado en datos cualitativos del MI, pero también identificar prioridades y perfilar intervenciones”.
Sobre los actores convocados, destacó que participarán los partidos políticos porque “tienen cosas importantes con las cuales contribuir” y que, mediante su participación en el diálogo, también se buscará fortalecer los acuerdos que puedan dar “sustentabilidad de largo plazo a las políticas que necesitamos”.
También señaló que participarán diversos poderes del Estado, agencias de gobierno nacionales y subnacionales, “porque son quienes implementan las políticas, y necesitamos que coordinen, que gestionen mejor y que nos permitan implementar las políticas públicas de seguridad que necesitamos”.
Rojido puntualizó que se trata de un plan en seguridad que excede al MI: “Nosotros necesitamos, por poner un ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública [MSP] refuerce su atención de heridos de arma de fuego. La mayor parte de los heridos de arma de fuego se concentra en tres o cuatro lugares de asistencia pública o de emergencia de nuestro país. Quizás debamos hacer un esfuerzo allí, articulado con el MSP”.
Otro de los ejemplos que dio Rojido fue la posibilidad de trabajar articuladamente con el Ministerio de Educación y Cultura para hacer un screening e identificar posibles casos de abuso sexual en niños y niñas. “Son ellos [los maestros y maestras] quienes están en contacto con los niños, y tenemos muchísimas evidencias científicas que nos permiten identificar y alertar sobre posibles casos de abuso a partir de ciertas manifestaciones que se dan en los niños. Deberíamos tener un sistema muy aceitado de alertas”, agregó.
Además de la academia y de las organizaciones sociales, el MI está llamando a participar en el diálogo a los actores productivos, que “raramente están presentes cuando hablamos de seguridad”. “Si nuestro problema son las estafas y el ciberdelito, si tenemos un sector del software de los más potentes de la región, ¿no podremos aprovechar y tratar de innovar, generar aplicaciones y servicios orientados a prevenir y detectar los problemas de estafas y ciberdelitos?”, ejemplificó.
Emiliano Rojido.
Foto: Ernesto Ryan
La participación de los políticos
Consultado en una rueda de prensa sobre la ausencia de los referentes del Partido Colorado (PC) y del Partido Nacional (solamente estuvo el diputado Pedro Jisdonian) en el evento, Rojido dijo que están buscando que acompañen al gobierno en este proceso, pero aclaró: “No podemos hacer lo que no depende de nosotros”. También se refirió a un escenario en el que no participen todos los partidos políticos: “En el peor de los casos, en la hipótesis de mínima, espero que al final de este gobierno hayamos elaborado una propuesta diferente, un modelo diferente, y que sacarlo implique poner algo mejor en su lugar”.
En rueda de prensa, este lunes, luego de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PC, el senador Robert Silva, integrante del órgano partidario, confirmó que su fuerza política participará en el ámbito convocado por el gobierno, luego de recibir un informe del secretario general del partido, Andrés Ojeda.
Quienes sí concurrieron a la presentación fueron los líderes del Partido Independiente, Pablo Mieres, y de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Luego de la presentación, Mieres destacó que en el evento se haya hablado de “represión” y consideró que “no hay que aflojar” en ese sentido, pero puntualizó que con eso “no alcanza”, porque el “problema de la inseguridad es cultural y multidimensional”. A modo de ejemplo, dijo que es imposible “construir seguridad” si de “cada diez personas que salen de la cárcel, siete reinciden”.
Al ser consultado por los motivos por los que había resuelto participar en estos encuentros y no en el diálogo social, el exsenador del PI explicó que existe una diferencia en la “composición” del ámbito, ya que este “es un diálogo político” entre partidos y gobierno. Asimismo, dijo que su partido está abierto a sentarse con el Frente Amplio para tomar medidas que tengan que ver con la reducción de la pobreza infantil o con temas vinculados al Sistema Nacional de Cuidados, pero no “para seguir discutiendo algo que se discutió largamente en el período anterior y que se resolvió”, en referencia a la reforma de la seguridad social. “Allí, si el gobierno actual cree que hay que cambiar cosas, que presente sus proyectos de ley”, valoró.
Manini Ríos, por su parte, destacó la iniciativa del actual gobierno para encontrar “soluciones que sean buenas” y “que no acompañen los vaivenes políticos”. El líder de CA destacó que en la administración anterior entregaron a los ministros del Interior una serie de propuestas y que “la gran mayoría no fue implementada”.
En concreto, el líder de CA sostuvo que volverán a “insistir” en el cambio de la política de drogas y en el trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad. Sobre este último punto, resaltó que “todos los meses salen a la sociedad, en promedio, unos 800 presos que cumplieron su condena, de los cuales la mayoría reinciden al poco tiempo”. “Si eso no se cambia, no va a haber nunca solución al problema de la seguridad pública”, sentenció.
El diagnóstico
En el Diagnóstico General de la Criminalidad y la Violencia en Uruguay se hace un análisis detallado de las “principales expresiones de criminalidad y violencia registradas en el país en los últimos años”. Se advierte que, al igual que lo que ha sucedido en la región, y a pesar de “contar con fortalezas institucionales”, Uruguay registra un “aumento sostenido y significativo de varios indicadores de criminalidad y violencia interpersonal”.
La “violencia contra las personas”, que incluye los homicidios y los heridos por disparos de arma de fuego, se presenta “como uno de los problemas más críticos de seguridad pública”. Asimismo, se advierte que el “vínculo entre homicidios y mercados ilegales parece ser cada vez más evidente: una quinta parte de los homicidios del último trienio está directamente asociada al tráfico de estupefacientes, mientras que otro porcentaje relevante presenta móviles no esclarecidos pero patrones similares”. En suma, se sostiene que “esta tendencia sugiere una creciente articulación entre la violencia letal y la expansión del crimen organizado, que utiliza la violencia como herramienta para la resolución de disputas, el control territorial o el disciplinamiento social”.
Asimismo, se reconoce que los datos analizados de femicidios, violencia doméstica y delitos sexuales “permiten confirmar que las violencias basadas en género constituyen un fenómeno estructural de alta prevalencia y reiteración”. “La estabilidad de las tasas de femicidio en Uruguay en los últimos diez años evidencia la dificultad para reducir estos crímenes, pese a la existencia de marcos normativos robustos y de dispositivos institucionales especializados”, se señala.
En cuanto a la “magnitud de la violencia doméstica”, se advierte que existen “más de 1.200 denuncias por cada 100.000 habitantes en 2024, con un crecimiento sostenido en la última década, seguramente motivado por una mayor propensión a la denuncia”. Por otra parte, “la denuncia de delitos sexuales muestran una tendencia ascendente sostenida, con una concentración significativa en niñas, niños y adolescentes, lo que refuerza la urgencia de estrategias de prevención estructural y abordajes específicos con enfoque de género y de niñez”. Mientras que entre 2013 y 2016 la tasa se mantuvo estable entre 40 y 43 casos cada 100.000 habitantes, a partir de 2017 empezó a aumentar y se registró un “pico de 94,7 en 2022, lo que representa un incremento del 73% respecto a 2017”.
“Este crecimiento coincide con la entrada en vigor de la Ley 19.580, lo que sugiere un posible aumento en la disposición a denunciar y en la capacidad institucional de registrar adecuadamente estos delitos. En 2023 y 2024, se observa una leve baja (93,2 y 91,9 respectivamente), pero las tasas se mantienen significativamente por encima del promedio de la década anterior”, se sostiene.
En el diagnóstico se señala que existen cambios en los delitos contra la propiedad. Si bien disminuyó la violencia en los delitos patrimoniales, ya que cae la tasa de rapiñas en los últimos años, “el impacto social y económico de los hurtos y el crecimiento acelerado de las estafas configuran un escenario de afectación patrimonial persistente”. Se destaca, por ejemplo, que las estafas se multiplicaron por cinco entre 2013 y 2024, lo que muestra “una ampliación significativa en las modalidades delictivas, cada vez más ligadas al entorno digital y a víctimas vulnerables, como personas mayores o con escasa alfabetización tecnológica”.
Otro de los temas que se analizaron en el estudio es la emergencia de los delitos complejos, vinculados al “tráfico de drogas y otros mercados ilegales”, a pesar de no presentar, por el momento, “estructuras criminales consolidadas”, como existen en otros países de América Latina. Se advierte, por ejemplo, que el “tráfico de drogas se ha transformado en un fenómeno con doble dimensión: internacional (por el uso del puerto de Montevideo como vía de exportación hacia Europa) y doméstica (por la expansión del narcomenudeo y la violencia asociada)”. Por otra parte, “la extorsión ha crecido de forma sostenida desde 2018, adoptando formas que dificultan su detección y persecución” y, a modo de ejemplo, en el informe se señala que de 2020 a 2023 “la tasa pasó de 14,2 a 26,4 casos por cada 100.000 habitantes, un crecimiento del 85,9%. Este incremento posicionó a la extorsión como una modalidad en expansión dentro del crimen complejo”.