Finalmente, como estaba previsto, el miércoles la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la cámara baja aprobó el proyecto de ley de eutanasia, con los votos del Frente Amplio (FA) y del Partido Colorado. Por lo tanto, si no hay ningún cambio sobre la marcha, se tratará en el plenario de la Cámara de Diputados el martes 5 de agosto, como habían acordado oficialismo y oposición.
El proyecto aprobado en comisión contó con pequeñas modificaciones, y algunas de ellas se venían barajando entre los diputados desde hace varias semanas. Por ejemplo, en el segundo artículo, que establece quiénes pueden pedir la eutanasia, se quitó la frase “condiciones de salud crónicas”. En la nueva redacción se indica que tiene derecho a pedirla “toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.
Además, en ese artículo también se agregó que “podrán ampararse” a las disposiciones contenidas en la ley “los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”. Este agregado recoge una de las principales críticas que había hecho la oposición, en especial el diputado blanco Rodrigo Goñi, el más acérrimo enemigo del proyecto dentro del Parlamento. El legislador sostenía que no limitar el derecho a uruguayos o residentes podría convertir a nuestro país en un lugar de “turismo eutanásico”.
La redacción a la que se llegó en esa parte es similar a la del artículo 13 de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (18.987, de 2012), sólo que en esa norma se marca un límite mínimo del tiempo de residencia de las extranjeras para poder tener derecho al aborto (“no inferior a un año”).
Por último, en el artículo 4, que establece el procedimiento de la eutanasia, el proyecto original planteaba que se debía recabar la opinión de dos médicos -independientes entre sí-, y, si el segundo discrepaba con el primero, se debía “recabar el dictamen de un tercer médico”. En la nueva redacción se dispuso que, en caso de diferencias entre los dos primeros médicos, “se deberá recabar el dictamen de una junta médica, la que se expedirá definitivamente sobre la solicitud en un plazo no mayor a cinco días”.
Además, se indica que la junta médica “se conforma de tres profesionales médicos, uno de los cuales debe ser médico psiquiatra y otro deberá ser especialista en la patología que padece el solicitante”. “La reglamentación [de la ley] dispondrá la calidad del tercer médico participante”, se agrega.
Diferencias entre blancos y el oficialismo
Luego de votado el proyecto, el diputado del FA Luis Gallo, vicepresidente de la comisión, subrayó a la diaria que “fue una discusión con nivel, en ningún momento se levantó la voz, y cada uno pudo exponer sus ideas”.
Uno de los pedidos de los diputados blancos fue que haya una comisión previa (“comité de garantías”) para que analice cada caso, no sólo cuando existan diferencias entre los dos primeros médicos. Gallo señaló que no estuvieron de acuerdo con incorporarlo porque no se pueden “pasar de garantías y terminar en una burocracia”, ya que, “después de todo, el que está atrás, sufriendo, es el paciente”.
Por último, lo propuesto el martes por el senador colorado Pedro Bordaberry, que gira en torno al artículo 37 del Código Penal, sobre el “homicidio piadoso”, tampoco se tuvo en cuenta. Según Gallo, es “totalmente incompatible”, porque en lo planteado por Bordaberry “la eutanasia sigue siendo un delito”, y el médico, después de practicarla, “tiene que ir a Fiscalía” y ser interrogado para ver si cumplió con el procedimiento que marca la ley, “y recién ahí queda exonerado”.
En comisión votaron en contra el Partido Nacional e Identidad Soberana. El diputado blanco Andrés Grezzi dijo a la diaria que tanto él como su correligionario José Luis Satdjian, ambos integrantes de la comisión, rechazaron la iniciativa porque “no da las garantías suficientes, tanto para el paciente como para el personal médico”. Agregó que también plantearon la inclusión de “un profesional de la salud mental”, para que haga “una evaluación en esas primeras consultas”, y analice si el paciente “no solo está apto psíquicamente, sino también si ese deseo de morir es real”.
Agregó que “no basta” con que haya una junta médica en caso de discrepancias entre los dos primeros médicos actuantes, porque piensan que “la mayoría de las veces” los dos profesionales van a estar de acuerdo, por lo tanto, “esa junta que plantean prácticamente no va a funcionar”.
Por último, de cara al 5 de agosto, Grezzi dijo que todavía no trataron la iniciativa con la bancada de diputados nacionalistas, porque recién el miércoles tuvieron en sus manos el proyecto con las modificaciones que introdujo el FA, ya que no aceptaron “ninguna” de las que propusieron los blancos. “Creo que va a haber libertad de acción. Por lo que hemos hablado, algunos diputados blancos podrían acompañar el proyecto, pero estaban en duda, de acuerdo a cómo viniera el articulado”, finalizó.