“Es un poco precoz”, opinó el legislador frenteamplista Daniel Caggiani, cuando el Senado aprobó el martes pasado la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores. Recordó también que la primera interpelación al gobierno de Yamandú Orsi se producirá a cinco meses de su asunción, mientras el Frente Amplio (FA) realizó su primera interpelación al gobierno de Luis Lacalle Pou un año después del comienzo de la administración. El mismo día de estas declaraciones, se confirmó que la oposición hará una segunda interpelación, en este caso al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la decisión del gobierno de cancelar el proyecto Neptuno y construir en cambio una potabilizadora en Aguas Corrientes y otras obras para el abastecimiento de agua potable.
Como informó oportunamente la diaria, el FA realizó siendo oposición menos interpelaciones que las que recibieron cualquiera de sus tres gobiernos. En aquel momento, el diagnóstico de algunos legisladores fue que quizás habían sido “excesivamente responsables” y que “faltó alguna interpelación más”. El gobierno de Lacalle Pou tuvo 17 interpelaciones, frente a las 23 que tuvo la primera administración de Tabaré Vázquez, las 25 de José Mujica y las 20 que tuvo el segundo gobierno de Vázquez.
Por otra parte, los temas escogidos para estas primeras interpelaciones al gobierno de Orsi —política de tierras y ambiente— no suelen ser los más habituales en estas convocatorias, ya que, según el informe “Las interpelaciones ministeriales en Uruguay 1985–2016”, del Programa de Estudios Parlamentarios de la Universidad de la República, en ese período los ministros más interpelados fueron los de Economía y Finanzas (26%), Relaciones Exteriores (11%), Interior (9%) y Defensa (8%).
En Uruguay, desde la recuperación democrática, es poco habitual que las interpelaciones deriven en la renuncia de los ministros. El informe del Programa de Estudios Parlamentarios citado señala que, hasta 1973, una resolución que declarara insatisfactorias las explicaciones de un ministro motivaba en general que los secretarios de Estado renunciaran a sus cargos. En cambio, de los 27 ministros cuyas explicaciones se consideraron insatisfactorias entre 1985 y 2016, ninguno renunció, y el Parlamento no aprobó -porque no lo buscó o porque no obtuvo las mayorías necesarias- mociones de censura en su contra.
Por otra parte, tras la reforma electoral y la instauración del mecanismo del balotaje, en general los gobiernos cuentan con mayorías parlamentarias, ya sea propias o a partir de coaliciones, y por tanto es más difícil llegar a la censura de los ministros.
En el período de gobierno actual puede darse un escenario particular. El FA no tiene mayoría en la Cámara de Diputados —la interpelación por el tema Neptuno se hará en esa cámara—; por lo tanto, los diputados podrían, eventualmente, aprobar una moción de censura, que luego pasaría a la Asamblea General. En ese organismo se precisaría mayoría absoluta para llegar a la censura, un número que la oposición no tiene, porque en la Asamblea General oficialismo y oposición están empatados con 65 votos cada uno (suponiendo que tanto oficialismo como oposición voten en bloque).
El politólogo Daniel Chasquetti dijo a la diaria que desde 2015 no pasaba que la oposición arrancara “fuerte y alto”, “un poco apurados en meter dos interpelaciones al hilo, una en cada cámara”. Afirmó que “la más riesgosa para el gobierno es la de la Cámara de Diputados”, pero al mismo tiempo, “tiene mejores argumentos” que en el Senado, donde el FA tiene mayoría, pero la discusión es “más opinable”, a su juicio.
En Diputados, si bien no hay posibilidad de hacer prosperar en la Asamblea General una moción de censura, sí “hay posibilidad de erosión de la imagen del ministro, de una derrota política que pone en una situación incómoda al presidente”. De todos modos, valoró que “si Ortuño la enfoca bien”, “va a salir bien parado, porque en la opinión pública la decisión tiene respaldo, está en el programa de gobierno, fue absolutamente anunciado que se iba a hacer esto”, y por último, “el gobierno está en todo el derecho de cambiar políticas públicas, es el ABC de la democracia”.
Estancia María Dolores (archivo, mayo de 2025).
Foto: Ernesto Ryan
María Dolores: los ejes de la interpelación
El senador interpelante en el caso de la compra de la estancia María Dolores será el nacionalista Sebastián da Silva. Según se expresa en la moción aprobada, la oposición pretende indagar la “oportunidad, conveniencia, planificación, desarrollo productivo y legalidad de la compra” del campo de Florida.
El presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry, aseguró a la diaria que las autoridades van “muy bien preparadas a la interpelación desde el punto de vista jurídico”. “Y después vamos con toda la argumentación agronómica y de oportunidad de compra del campo, los beneficios que va a tener esto para esa zona y para la lechería toda”, afirmó.
Consideró que en la discusión por este tema “se confunden temas ideológicos” y llamó a “no partidizar un tema” que “lo apoya mucha gente, independientemente del partido político, porque tiene un enfoque más de producción y de ayuda al sector que de otra cosa”.
Los principales ejes de la interpelación se centrarán en la legalidad de la compra y en su conveniencia, y asociada a ella, en el precio que se pagará por el campo.
1. La legalidad de la compra. El Tribunal de Cuentas decidió por mayoría de cuatro votos en siete, a fines de junio, observar la compra de la estancia María Dolores por parte del INC por tres motivos centrales: consideraron que el directorio del INC precisaba cuatro votos para resolver por tratarse de una “compra directa”, que el INC no contaba a la fecha de dictado del acto administrativo con “disponibilidad presupuestal suficiente a fin de afrontar el gasto” y que sobre los tres equipos de riego ubicados en el padrón “recae un gravamen de prenda sin desplazamiento”.
Henry dijo a la diaria que los informes jurídicos que solicitó el instituto, tanto a la Universidad Claeh como a la sala ampliada de abogados del instituto, señalan que la compra se basó en el derecho de preferencia del INC establecido en el artículo 35 de la Ley de Colonización, “que es una compra pactada entre dos particulares previamente al interés del instituto y eso es una compra preferencial, no es una compra directa”. “Para las compras directas existen otros artículos de la ley [de Colonización] para referirse específicamente a eso. Este no es el caso”, remarcó Henry.
Respecto de la disponibilidad de recursos, el presidente del INC señaló que los informes jurídicos indican “que teníamos el dinero suficiente para llevar adelante la compra, e incluso el Ministerio de Economía y Finanzas mantenía una deuda también con el instituto, y teníamos el compromiso de los fondos para una vez que se firmara la escritura”.
Finalmente, sobre la prenda de los pivots de riego, “en realidad estaba acordado que no iba a haber nada prendado al momento de la compra, y así fue que la empresa vendedora, a los pocos días de la observación del Tribunal de Cuentas, levantó la prenda”, afirmó Henry. Por otra parte, marcó que, según los informes jurídicos, “comprar un campo con una prenda de maquinaria bajo ningún concepto es una norma a ser observada”.
2. La conveniencia de la compra. Para Henry, la compra no sólo beneficia a las personas que trabajarán en los 16 tambos que prevé instalar el gobierno en el predio, sino también a “todo lo que mueve esa cadena”. “Talleres mecánicos, mano de obra en las plantas industriales. Las plantas industriales, ¿por qué cierran? Cierran por falta de producto. Es claro el caso de Calcar, es clara la problemática que tiene Coleme [Cooperativa de Lechería de Melo] y tantas empresas. Todos esos emprendimientos, si tuvieran más leche, sin duda no estarían pasando por esto. Y ahí son obreros que quedan sin trabajo, familias que quedan en situaciones complicadas”, afirmó.
3. El costo de la compra. Da Silva sostuvo que la compra de María Dolores es “el lujo de la miseria”, y tanto él como el senador colorado Pedro Bordaberry han cuestionado el costo que supone para el Estado. Más allá de que el precio de la estancia es de 32,5 millones de dólares, el legislador nacionalista manejó públicamente la cifra de 50 millones como costos totales. El presidente de Colonización dijo a la diaria que tienen cuantificados esos costos adicionales y que llegarían aproximadamente a diez millones de dólares, que sumados a la compra dan 42,5 millones totales. De todos modos, puntualizó que esas inversiones adicionales “no las hace el Estado, o si las hace el Estado, después las termina pagando el propio sistema”. “Cuando se hace una casa de Mevir, en realidad el colono es el que paga la casa a lo largo del tiempo. Cuando se hace una instalación de luz eléctrica, lo mismo, o sea, la termina pagando el colono. La siembra de maíz, por ejemplo, la plantan los mismos beneficiarios; no es Colonización el que pone esa plata. La plata que pone Colonización es para la compra de tierra”, aclaró.
Alejandro Henry, junto al ministro Alfredo Fratti, el día que asumió su cargo (archivo, junio de 2025).
Foto: Ernesto Ryan
Por otra parte, Henry remarcó que los cálculos sobre la productividad del campo y, por consiguiente, sobre la capacidad de recuperar la inversión son “sólidos” y se basan en el trabajo financiero que realizaron el Instituto Nacional de la Leche y el INC. Señaló que los números que se usaron para la proyección son los mismos números de los resultados de la colonia El Timote, y los de la producción de maíz están basados en la producción real de la sociedad de productores de leche de San Ramón y de la sociedad de productores de leche de Florida. “O sea que nosotros no estamos inventando ningún número”, subrayó.
Sobre el costo del campo, que los equipos de Colonización tasaron a un precio similar al del mercado, Henry consideró que es “barato”. Recordó que cuenta con 10 pivots centrales de riego, con un equipo de riego subterráneo, con 39 hectáreas de represa, que está ubicado en la costa del río Santa Lucía; “son campos espectaculares, suelos agrícolas muy buenos”, destacó, y acotó que donde se ubicarán los tambos “son suelos altos, sin anegamiento”. Añadió que hay 160 hectáreas de olivos que se van a vender, y también se va a vender el casco de estancia, que es “muy valioso”. “A mí me parece que es una excelente compra”, resumió.
Henry consideró que la interpelación será “una gran oportunidad de contarle a la gente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes lo van a hacer”. “Creo que son respuestas que la población tiene derecho a saberlas porque sí, uno entiende que es un monto de dinero importante, pero los resultados que esperamos también son muy importantes”, destacó.
Proyecto Neptuno: ¿cuáles serán las respuestas del gobierno?
Esta semana, al anunciarse la interpelación por la cancelación del proyecto Neptuno y la reformulación del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, blancos y colorados, con el apoyo de Cabildo Abierto e Identidad Soberana, anunciaron que interpelarán al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.
El diputado nacionalista Mario Colman dijo a la diaria que el gobierno tomó una decisión política “caprichosa” y “jurídicamente compleja”. El lunes, Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y otros jerarcas y funcionarios estuvieron ocho horas dando explicaciones sobre el tema en la Comisión de Ambiente de Diputados, pero no conformaron a la oposición, que hace hincapié en tres elementos: la demora que podría suponer esta decisión para la construcción de las obras necesarias para el abastecimiento de agua potable, la no diversificación de las fuentes de agua para la toma (al descartar el Río de la Plata y construir una nueva potabilizadora en el Santa Lucía) y los problemas jurídicos que podrían generarle al Estado los cambios en el contrato con el consorcio.
1. Sobre la decisión de cambiar el Río de la Plata por el Santa Lucía. Ortuño expuso extensamente en comisión las razones del cambio resuelto por el gobierno. En primer lugar, señaló, según consta en la versión taquigráfica, que el proyecto Neptuno “no cumplía con el objetivo de asegurar el abastecimiento de la demanda” por los volúmenes que iba a generar, y “tampoco cumplía con los estándares de calidad mínimos y básicos”, debido fundamentalmente a los problemas de salinidad, presencia de bromuros y cianobacterias en el agua. En segundo lugar, señaló que el costo del proyecto era “muy elevado, por la obra” que debía hacerse. En tercer lugar, mencionó los aspectos jurídicos, por el señalamiento de que el proyecto violaba el artículo 47 de la Constitución, que dice que el servicio de agua y saneamiento debe ser prestado en forma directa y exclusiva por una persona pública estatal.
A estas razones, Ortuño agregó en diálogo con la diaria “una debilidad sobre la que no se ha reflexionado lo suficiente”, que es el hecho de que la evolución de la calidad del agua del Río de la Plata “no depende de la decisión soberana de Uruguay, sino de lo que suceda en los países vecinos”. Y no sólo de Argentina, sino, aguas arriba, de Brasil, Paraguay y Bolivia, “que aportan a la cuenca”. En cambio, en el caso del Santa Lucía, “podemos asegurar nosotros, con decisiones de política pública soberana, la disponibilidad de agua bruta dulce en cantidad y calidad sin depender de la gestión ambiental de otros países”, destacó Ortuño.
Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, y Pablo Ferreri, presidente de OSE, en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, el 4 de agosto.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
Sobre el Santa Lucía, el ministro señaló que este río abasteció de agua al área metropolitana durante más de 150 años “sin mayores dificultades”. Indicó que el Santa Lucía dispone de “18 veces más del caudal necesario para abastecer el área metropolitana con los niveles de consumo actual y proyectados en tiempos normales”, algo que no sucedía en el caso de Neptuno. “Pero además vamos a estar tomando medidas que salvaguarden la calidad necesaria para que el Santa Lucía siga siendo la fuente segura de abastecimiento de agua para la población que ha sido durante todo este tiempo”, puntualizó.
Ante situaciones de sequía como la que ocurrió en 2023, el ministro remarcó que el gobierno busca, con la represa de Casupá, asegurar las reservas necesarias para contar con la disponibilidad de agua suficiente para el abastecimiento.
2. Sobre el eventual retraso de las obras. Ante esta crítica de la oposición, el ministro dijo a la diaria que las obras se harán en el marco del acuerdo de reformulación del contrato original con el consorcio, “que tiene plazos precisos y realizables”. Señaló que las obras comenzarán a principios de 2026 y se desarrollarán durante los 30 o 36 meses siguientes, “en forma progresiva”. Se empezará con la construcción de la planta potabilizadora en Aguas Corrientes. Ortuño aseguró que se realizará el conjunto de obras “en los plazos que estaban previstos, más allá de que pueda haber algún ajuste menor”. Respecto de la construcción de la represa de Casupá, para la que se abrirá una licitación, también está previsto construirla en este período de gobierno, sostuvo el ministro, y recordó que esta obra “se retrasó por la decisión que tomó el gobierno de Lacalle”. Agregó que durante el final de este período de gobierno y probablemente durante el inicio de la nueva administración se llevará a cabo el llenado definitivo de la presa, que tomará entre seis y 12 meses de acuerdo al régimen de lluvia que se tenga a fines de 2029.
3. Sobre la solidez jurídica del acuerdo con el consorcio. Respecto de este punto, Ortuño remarcó que el gobierno cuenta con “informes jurídicos de respaldo”, con “la convicción de que lo resuelto mantiene el objetivo fundamental del contrato, que es el fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua del área metropolitana”, y consideró que existe una “correlación lógica del objetivo y las obras planteadas en un primer momento y las que se concretan ahora”. Apuntó, por otra parte, que “los mismos que hoy cuestionan cambios en las obras a realizarse en el marco de un contrato celebrado por la anterior administración, cambiaron significativamente el contrato con UPM que heredaron, firmado por el gobierno precedente al de Lacalle Pou, que tuvo por lo menos una o dos adendas de modificación y que contó con el aval de informes técnicos y del Tribunal de Cuentas”.
Finalmente, Ortuño opinó que “el carácter político” que le ha dado la oposición a este tema está “en función del valor subjetivo que se le da a este proyecto como proyecto del expresidente Lacalle, que ya se ha colocado en perspectiva de 2029”. “Y que había tomado la decisión en su gobierno, fuerte, de suspender la realización de la obra de Casupá, que es la obra que toda la academia y todos los fundamentos y la última sequía demuestran que debió hacerse”, cuestionó el ministro. “Entonces, yo creo que hay una decisión política de blindar esa decisión tomada oportunamente por el gobierno anterior”, insistió.
Ortuño afirmó que en la interpelación, el gobierno actual buscará demostrar “que la decisión acertada es la que debemos tomar hoy pensando en el futuro, y no ubicados en perspectiva del pasado y mucho menos en una perspectiva de disputa electoral que le hace mal al país”. “Si todos los temas se toman en clave de disputa electoral y no hay capacidad de discernir aquellas cuestiones que son fundamentales para el país a mediano plazo y que requieren conversación constructiva y construcción de acuerdos para lograr soluciones, se perjudica no sólo el gobierno en ejercicio, sino toda la ciudadanía y las posibilidades de desarrollo a largo plazo de Uruguay”, valoró.
El ministro recordó que Uruguay “siempre tuvo etapas de disputa, de legítima expresión de las diferencias políticas”. Pero también tuvo “etapas de trabajo, de construcción y de gobierno, que es lo que todavía no hemos podido encarar”, lamentó.