El 7 de mayo la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca regular el ingreso a las intendencias. La iniciativa, que pasó en esa instancia al Senado, prevé que tanto la designación como los ascensos del personal presupuestado o contratado de los gobiernos departamentales se deberán realizar por concurso público y abierto y, “en los casos en que los requisitos necesarios para los cargos lo ameriten”, mediante sorteo público. En tanto, también prohíbe iniciar procesos para la provisión de vacantes durante el último año de mandato de cada gobierno departamental.
Durante la votación se hizo efectivo el apoyo de los diputados frenteamplistas, colorados, cabildantes, independientes y soberanistas. En tanto, la bancada del Partido Nacional (PN) acompañó el proyecto en general. Esta acción de la fuerza política que posee más gobiernos departamentales, actualmente 14, escondía el gran descontento de referentes territoriales. El entonces diputado, y hoy intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, manifestó a la diaria semanas antes de la aprobación que se trata de una iniciativa “inconstitucional”.
No hubo demasiadas novedades relativas al proyecto en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero la situación cambió este martes porque el Congreso de Intendentes hizo llegar un contraproyecto que cuenta con el apoyo consensuado de los 19 gobiernos departamentales, surgido de un proceso de diálogo y consulta jurídica que comenzaron los integrantes anteriores del congreso con la participación de los entonces intendentes electos.
la diaria hizo público a finales de junio un borrador que ya adelantaba los elementos centrales de la versión que llegó al Parlamento.
La valoración y el tratamiento
“Sentí alegría de saber que hay un principio de acuerdo en el Congreso de Intendentes”, dijo a la diaria el senador frenteamplista y presidente de la comisión, Nicolás Viera. El legislador detalló que se trata de “un gran avance” en el entendido de que en la legislatura anterior no se había podido “lograr acuerdos” multipartidarios generales al respecto. “En ese camino, este proyecto [presentado por el Congreso de Intendentes] echa por tierra las dificultades que significa un tema tan complejo como el constitucional, la independencia de la materia municipal y departamental”, valoró.
“Cuando Adrián Peña lo propuso, tuvo la oposición tenaz de muchos intendentes, y en particular los del Partido Nacional”, recordó el senador colorado Robert Silva, quien valoró que haya sido el hoy senador nacionalista Carlos Moreira, entonces intendente blanco, quien haya acercado a la comisión la propuesta del Congreso. Asimismo, Silva reconoció que todo hace parecer que se está “arribando a un acuerdo político” y valoró que la nueva propuesta mantenga el “principio general” de la centralidad del ingreso por concurso, con la asistencia en algunos casos del ingreso por sorteo.
El senador Viera destacó que, ante la “posibilidad política” de lograr un acuerdo, la comisión debe tener a partir de ahora la propuesta del Congreso de Intendentes como “proyecto madre”, ocupándose de “ayudar a fortalecer y mejorar” lo planteado. Para seguir trabajando en esa línea, el legislador informó que está previsto que los intendentes puedan visitar la comisión el próximo 2 de setiembre.
Silva, por su parte, comentó que si bien “la buena noticia” es que se envió un proyecto por parte de los intendentes, será necesario “analizar” el “conjunto de excepciones” con relación al concurso y al sorteo que plantea la iniciativa de los jefes de gobiernos departamentales. “Muchas son justificadas, no tengo dudas”, reconoció el senador colorado, en referencia a algunos escalafones donde entiende pertinente la presencia de cargos de confianza. “Ahora, las demás excepciones de designación directa quiero estudiarlas y saber bien el alcance que están proponiendo”, adelantó.
“La importancia no tiene que llevarnos a dilatar demasiado una decisión final; nuestro objetivo es poder tener este tema resuelto en el correr de los meses que faltan para terminar el año”, comentó Viera. “Es una cuestión muy importante, además de cara a todo lo que se viene en relación a la construcción de los presupuestos departamentales”, recordó. “Creo que tendríamos que aprobarlo cuanto antes, si pudiéramos aprobarlo en el mes de setiembre sería fantástico”, comentó Silva en referencia al tratamiento en comisión.
Un viejo conocido y el proyecto
Moreira, cuatro veces intendente de Colonia, fue el encargado de llevar el proyecto del Congreso a la Comisión de Constitución y Legislación. Al ser consultado por la diaria sobre cómo valora la propuesta, teniendo en cuenta su experiencia, respondió: “Me parece bien porque es una forma mucho más democrática; también sirve para evitar la superpoblación en los gobiernos departamentales”.
Moreira agregó que lo previsto es “una buena limitación” que “les da todas las garantías a aquellos que quieren ingresar a la función pública para servir a sus vecinos”. Indicó que a su entender el tratamiento “tiene que ser rápido”; asimismo, aseguró que “es muy viable llegar a un acuerdo en estos términos”. “Limita cualquier tacha de inconstitucionalidad que pueda tener hacer algo sin consenso del Congreso de Intendentes”, concluyó, coincidiendo con Viera.
La propuesta consta de siete artículos. Como principales elementos, el proyecto del Congreso de Intendentes al que accedió la diaria plasma la posibilidad de establecer un porcentaje para designaciones directas, dejando claro que “no podrán superar el 4% del total de funcionarios”. Quienes sean contratados por este mecanismo “cesarán automáticamente” su contrato cuando termine el período de gobierno en el que se los designó.
Se hace referencia a “otras modalidades de contratación” que serán permitidas más allá del concurso y el sorteo, especificadas en lo establecido en la Ley 18.719. Una de las modalidades es el “arrendamiento de obra”, contrato que se establece con “una persona física o jurídica” para el cumplimiento de cierta obligación “a cumplirse en un plazo determinado y recibiendo como contraprestación el pago de un precio en dinero”.
También quedan dentro de las posibles formas de ingreso la de “becario” –quien entra “con el fin de realizar un aprendizaje laboral”–, la de “contrato artístico”, la de “contrato laboral” –que se regirá por las normas del derecho privado del trabajo– y, por último, la modalidad de “adscriptos”, relativa a quienes colaboran “directamente” con los jerarcas.
En cuanto a la prohibición de realizar designaciones y procesos de provisión de vacantes en los últimos 12 meses de mandato, se establece la excepción de las que se encuentren comprendidas en el “sistema de ascensos” o sean consecuencia de un proceso que “se haya iniciado con anterioridad”.
También se deja por fuera de la prohibición de incorporar funcionarios “la contratación de personas para emplearlas en tareas urgentes, temporarias o zafrales, por razones debidamente fundamentadas por el jerarca respectivo”.