Tras la interpelación, esta semana, al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que se extendió por más de 20 horas y finalizó sin declaraciones de apoyo ni de rechazo aprobadas, el legislador colorado Felipe Schipani presentó un proyecto de resolución para modificar el reglamento de la Cámara de Diputados
Con el objetivo de “racionalizar el debate parlamentario” y “facilitar que la ciudadanía pueda seguirlo con atención”, Schipani propone limitar el tiempo en las interpelaciones a una hora de exposición inicial para el interpelante y otra para el interpelado, media hora para la segunda intervención y quince minutos de cierre para cada parte.
En su exposición de motivos, el diputado sostiene que la “interpelación constituye uno de los instrumentos fundamentales que la Constitución de la República otorga a los legisladores para ejercer la función de contralor político sobre el Poder Ejecutivo”. En ese sentido, considera que la interpelación “no es sólo un derecho de los legisladores, sino una garantía para la ciudadanía de que la gestión gubernamental es sometida al escrutinio público en el ámbito natural de la democracia representativa: el Parlamento”.
Para Schipani, con el paso de los años, el “desarrollo concreto de las interpelaciones” en la cámara baja ha demostrado “una serie de desajustes prácticos que conspiran contra el objetivo central de esta institución”, y vuelven “habitual que las interpelaciones se prolonguen durante jornadas que superan las 20 horas de debate ininterrumpido, con intervenciones ministeriales que, en ocasiones, han alcanzado extensiones superiores a las nueve horas”.
El exceso de duración de las interpelaciones, entiende Schipani, “termina diluyendo el sentido del debate, desgastando la atención de los legisladores y alejando a la opinión pública de una discusión que debería ser seguida con interés ciudadano”. “Un debate de más de 20 horas, con discursos interminables y reiterativos, deja de ser un ejercicio de contralor eficaz y se transforma en un espectáculo inabordable”, indicó.
En comparación con la cámara alta, señala que esta “prevé un esquema de tiempos acotados que permite asegurar un debate serio”, al contemplar una hora para el interpelante y el interpelado, una segunda ronda de media hora para cada parte y la posibilidad de que la cámara, por mayoría absoluta, declare libre el debate si se considera pertinente, lo que “otorga flexibilidad al sistema, permitiendo adaptarse a casos en que se justifique una discusión más extensa”.
“La adopción de este régimen en la Cámara de Representantes no implica restringir el derecho de interpelar ni el deber de responder, sino más bien racionalizar y fortalecer ambos. [De esa manera], el Parlamento gana en eficiencia y prestigio, los legisladores pueden cumplir su función con mayor orden y claridad, y la ciudadanía recibe un debate que puede ser seguido de manera más seria y comprensible”, argumentó el diputado.