Este lunes por la mañana se reunió la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, presidida por el diputado nacionalista Pablo Abdala. El encuentro se realizó a solicitud de Gerardo Sotelo, legislador del Partido Independiente, como una forma de respuesta del sistema político tras el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, este domingo por la madrugada.
En la conferencia de prensa posterior a la reunión, integrantes de la Coalición Republicana y del oficialismo coincidieron en repudiar el hecho y en respaldar a las instituciones. Abdala dijo que entendieron necesario “dar una señal” y “alinearse detrás de la institucionalidad agredida”. “La gravedad del atentado radica en la institución que fue agredida a través de Mónica Ferrero, una de las funcionarias públicas más importantes del Estado porque está al frente de una de las grandes columnas del sistema judicial”, mencionó.
En la misma línea, el legislador del Frente Amplio Mariano Tucci dijo que “la síntesis de la jornada tiene que ver con un mensaje de unidad nacional”. “Aquí no hay fisuras, aquí pueden haber matices en cómo hacer algunas políticas públicas para enfrentar el crimen organizado. No así, insisto, sobre la unidad nacional para poder sostener el Estado de derecho, fortalecer sus capacidades y, naturalmente, el republicanismo, que es lo que nos une a todos los partidos políticos uruguayos”, reafirmó.
Los legisladores anunciaron que la comisión funcionará en sesión permanente y actuarán “en una función de conexión y de articulación con el Ministerio del Interior”. Además, resolvieron solidarizarse con Ferrero y su familia a través de una nota; enviar un mensaje similar a la Asociación de Magistrados Fiscales y elevar las actas del encuentro al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Ya proyectan sesiones con las instituciones listadas, además de un encuentro con la propia Ferrero.
Abdala, consultado sobre si a su vez el episodio podría llevar a una reasignación presupuestal, dijo que hay que actuar “con prudencia” y dar “un paso a la vez”. “Seguramente, después de que esto avance en el sentido correcto, se identifique a los culpables y se aplique la ley con todo su rigor a quienes han perpetrado este tremendo atentado, vendrán otras instancias”, afirmó, y finalizó diciendo que se van a abordar temas “desde lo general a lo particular”, como “la propia vigilancia y custodia” de los funcionarios públicos.
Por su parte, el diputado colorado Gabriel Gurméndez dijo que se trató de “un vuelco dramático del escenario de violencia y de inseguridad en el país” y, por lo tanto, se pondrán “a disposición de Ferrero para eventualmente recibirla, escuchar sus necesidades y ver de qué manera podemos, desde el Parlamento, encontrar los mecanismos para fortalecer ese combate”.
La reunión, en palabras del colorado, fue una “señal de respaldo institucional ante una amenaza que procura amedrentar y hacer perder la independencia de nuestros magistrados judiciales”.
Salle y Perrone: visiones disidentes
El diputado cabildante Álvaro Perrone lamentó que “de la comisión no va a salir nada que de alguna forma lleve a un cambio en la triste situación que le tocó vivir a la fiscal Ferrero”. Por otro lado, respecto a las “señales” del sistema político, dijo que “es hora de ir a las acciones y dejar ese discurso de lado” porque “la ciudadanía y la Fiscalía esperan mucho más que señales”.
“Propusimos empezar un régimen de trabajo en la comisión y citar a Fiscalía, Poder Judicial, Ministerio del Interior y de Defensa para analizar cuáles son las posibles penas de este delito, recoger su opinión y empezar un tratamiento en lo que tiene que ver con el presupuesto”, agregó.
Finalmente, dijo que el episodio configura un hecho de “seguridad nacional” y que “quienes se encargan de la seguridad nacional son las Fuerzas Armadas”. “Si el Ministerio del Interior no puede garantizar la seguridad de jueces y fiscales, la tienen que brindar las Fuerzas Armadas”, resumió, para luego agregar que su partido mantiene la posición respecto a la posibilidad de declarar la emergencia en materia de seguridad que en su momento propuso el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ya que es “el principal problema que tiene el país”.
Por su parte, el diputado y líder de Identidad Soberana, Gustavo Salle, exigió dos renuncias. Aseveró que el titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro, “comenzó su mandato diciendo que la lucha contra el narcotráfico está perdida” y, por lo tanto, “tiene que renunciar o ser destituido”. “El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, también tiene que renunciar o ser destituido porque ejerciendo la profesión fue el defensor de Carolina Ache”, lo que definió como el “caso más importante de narcotráfico en nuestro país”.
Salle admitió, a su vez, que “tiene miedo del narcotráfico” por su metodología de “plata o plomo, que te coimea o te mata” y, en ese sentido, calificó el episodio que vivió Ferrero como un “atentado-mensaje”. También criticó la falta de voluntad política y apuntó contra lo que entiende como “una estructura vulnerable”, ya que “tener a varios jueces investigando es una cosa, pero tener individualizada a una persona, con atacar y generarle miedo a esa persona, se pone de manifiesto la vulnerabilidad”.