Entre el 22 de noviembre y el 27 de agosto, las cuentas del Estado uruguayo en Luxemburgo estuvieron embargadas por el incumplimiento del pago del laudo arbitral a la empresa panameña Latin American Regional Aviation Holdings (Larah), que demandó a Uruguay tras el cierre de Pluna, informó El País.
La condena a Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial fue por 30 millones de dólares, suma que se incrementaría en 500.000 dólares por cada mes de atraso en el pago. Finalmente, el 30 de mayo, el Estado uruguayo abonó 64.396.520 dólares, y el 27 de agosto se confirmó el levantamiento de los embargos.
En noviembre, luego de que El Observador informara del embargo, el gobierno negó haber sido notificado de dicha situación y aseguró que estaba en marcha un posible acuerdo de pago. Entrevistado por radio Sarandí, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo que, en ese momento, se había iniciado “el proceso de ejecución del laudo en los tribunales de Luxemburgo”. Díaz consideró que era cierto que la anterior administración no tenía conocimiento exacto de la situación, pero sí lo tuvo pocos días después, sostuvo.
En el marco de la transición, a fines de enero, Díaz se reunió con el entonces secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, para informarse sobre las demandas internacionales que debería afrontar el Estado uruguayo ante el Ciadi. “Se nos informa de todos los arbitrajes, del estado de los arbitrajes, pero no se nos informó que se había iniciado un proceso de ejecución en Luxemburgo”, dijo Díaz, y acotó que, a la fecha de la reunión, el gobierno tenía pleno conocimiento del proceso y de que se habían dispuesto embargos sobre las cuentas de Uruguay en Luxemburgo.
Tras esa reunión en enero, Díaz dijo a la prensa que, según fueron informados, “hubo un acuerdo transaccional” que se liquidaría en los próximos días. Consultado sobre los términos de dicho acuerdo, señaló que “seguramente, en los próximos días, se van a hacer los pagos” por parte del gobierno uruguayo. “Ahí hay un tema de intereses, pero [la demanda entablada] definitivamente se resolvió; hay un monto establecido, que, una vez que se abone, se hará público. No hay ningún secreto”, sostuvo.
Entre el 8 y el 10 de enero, llegaron a través de la cancillería notificaciones acerca de que el procedimiento de ejecución en Luxemburgo se había iniciado el 22 de noviembre, y que Uruguay había sido notificado en diciembre en su embajada, dijo Díaz. Luego de asumir, en abril, el gobierno recibió una nota de la empresa Larah que “despertó todas las alarmas, porque nosotros estábamos pensando en el pago de un laudo, pero desconocíamos la existencia de un procedimiento de ejecución en Luxemburgo”, sostuvo el prosecretario.
Díaz afirmó que, de haber tomado conocimiento antes, “se podrían haber hecho muchas cosas”, como haber contratado un abogado en Luxemburgo que representara a Uruguay en el procedimiento, o “reclamar la indemnidad del Estado uruguayo, que como Estado no puede ser embargado”. Sin embargo, “los plazos se vencieron y no se hicieron”. El prosecretario sostuvo que, al ser informado en abril, el gobierno contrató un estudio en Luxemburgo: “Comenzamos el proceso, aceleramos el proceso”, señaló, y aproximadamente un mes después se efectuó el pago, cuyo monto aumentaba día a día.
“Nos molestó bastante, primero, que no se haya recurrido o pagado durante 2024; segundo, que no se haya contratado este estudio en Luxemburgo para tener un estado de situación claro y real, de cuál era el estado de situación y no jugar a ciegas; y tercero —que creo que es lo más grave—, que no se nos haya informado”, sostuvo Díaz, para quien “fue un riesgo absolutamente innecesario” por parte del anterior gobierno.