Tras el secuestro y asesinato de los niños de 2 y 6 años, Alfonsina y Francisco, por parte de su padre, quien también murió, el gobierno se comprometió a instalar una mesa de trabajo con la sociedad civil para trabajar sobre el sistema de respuesta a la violencia de género. La decisión se tomó luego de una movilización convocada el viernes pasado por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS).
El grupo de trabajo estará integrado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, y la sociedad civil. Según informó a la diaria una fuente de la RUCVDS, la primera reunión será este martes a las 17.00.
Romero fue consultada este lunes por MVD noticias acerca de la participación del INAU en la mesa y dijo que se viene trabajando sobre este tema “desde mucho antes”. “Inmujeres e INAU tienen que trabajar juntos porque la violencia de género es una violencia hacia los niños, niñas y adolescentes también; es impensable fraccionar las miradas porque la atención de una familia tiene que estar integrada”, resaltó.
Otra de las repercusiones que tuvo el caso fue la instalación del debate, por parte del Frente Amplio (FA), sobre la posible derogación de la ley de tenencia compartida aprobada en 2023 con los votos de la entonces coalición republicana.
El exsenador e integrante del secretariado del FA Charles Carrera dijo, en diálogo con el programa La mañana del nuevo ritmo, de Radio Rivera, que es necesario derogar esa ley, y se refirió a la narrativa que existe sobre denuncias falsas por violencia de género por parte de mujeres. “En Uruguay está comprobado que la gran mayoría de los casos de violencia doméstica y violencia de género son verdad, y cuando un padre ejerce violencia sobre una madre, ejerce sobre sus hijos; los hijos que se crían en ese ambiente están sufriendo violencia”, aseguró.
Sin embargo, si bien está de acuerdo con que los diputados del FA impulsen esta derogación, la composición en la cámara baja no es favorable para esto, por lo que dijo que se trata de “una buena oportunidad para que los diferentes movimientos sociales” puedan ayudar “a dejar sin efecto la ley”. “Es un tema en que hay que crear las mayorías necesarias”, apuntó.
La diputada frenteamplista Inés Cortés habló sobre el tema el fin de semana y este lunes, en rueda de prensa, dijo que la posibilidad de impulsar una derogación se discutió en la mesa política del FA, y que incluso el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, “lo planteó oportunamente”. Cortés apuntó que el caso de violencia vicaria que sucedió el fin de semana hizo que “se aceleren” algunos tiempos que se estaban tomando desde el FA para “generar acuerdos y discutirlos dentro del Parlamento”.
Señaló que la ley “introduce un montón de cuestiones” que “criminalizan las denuncias por violencia de género, que vulneran la protección de infancias y adolescencias”, por ejemplo, cuando no se suspende los regímenes de visita, aun cuando hay denuncias por violencia de género. “Cuando hay violencia intrafamiliar, también las infancias y las adolescencias son víctimas de esa violencia, aunque no sea directa hacia ellos”, afirmó.
El senador del FA Daniel Caggiani expresó este lunes en Nada que perder, de M24, que la ley “genera una serie de mayores problemáticas para los gurises y gurisas que muchas veces tenían que ser revinculados con los padres violentos”. “Ahí hay un camino importante para ver si podemos derogar parte de esa normativa, ver si podemos fortalecer los recursos en Fiscalía, las medidas alternativas, los controles”, indicó.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Rodrigo Goñi consideró en diálogo con Subrayado que “utilizar una tragedia” para derogar una ley que, según apuntó, “es en beneficio de los niños que necesitan a sus padres” se trata de “un oportunismo y de una irresponsabilidad realmente condenable”.
Destacó que “está claro” que la ley “no es para los padres”, sino que “principalmente es para los niños que necesitan a sus padres”. Para el diputado, proponer la derogación de la ley “es estigmatizar a todos los padres”, y que “si la idea es estigmatizar a todos los padres y decir que los padres no pueden existir más”, “la reacción es lamentable”. En ese sentido, adelantó que el PN “no va a aceptar derogar esta ley por este episodio”.
Consultada este lunes sobre estas declaraciones, Cortés aseguró que “no es oportunismo”, sino que lo que sucedió “fue un baño de realidad en algún punto”. “A veces los tiempos de la política y parlamentarios no son los de la gente, y hay cuestiones en las que no podemos demorar”, destacó.