Siete de los 714 artículos del presupuesto quinquenal modifican aspectos vinculados a la regla fiscal, el instrumento que fue creado por la anterior administración a través de la ley de urgente consideración (LUC). Pero no son los únicos cambios que el actual gobierno pretende hacer a la LUC y a otras leyes que fueron sancionadas durante el mandato del expresidente Luis Lacalle Pou.
En el apartado “Disposiciones varias”, uno de los artículos propone una restricción sobre los depósitos de fondos de las instituciones públicas. La normativa vigente, que data de 2002, establece que estos depósitos deben realizarse en el Banco Central del Uruguay o en el Banco República.
A fines de 2020, mediante su ley de presupuesto, el gobierno de Lacalle Pou autorizó a la Tesorería General de la Nación a “realizar transferencias a bancos del exterior para la cancelación de obligaciones correspondientes a gastos de funcionamiento e inversión, así como el pago de remuneraciones”, las cuales “podrán ser efectuadas a través de instituciones de intermediación financiera no estatales”. Este gobierno propone eliminar este cambio.
El proyecto presupuestal, que empezará a tratarse en los próximos días en la Cámara de Diputados, también plantea una modificación de la ley cristal de los funcionarios públicos. En el período pasado, se agregó a los precandidatos a la Presidencia entre los sujetos obligados a presentar una declaración jurada de sus bienes e ingresos un mes antes de las elecciones, un requerimiento que ya existía para los candidatos a la Presidencia y las intendencias.
El actual gobierno propone establecer que, “en caso de incumplimiento del candidato, el partido político responderá subsidiariamente respecto del monto de la multa que debiera imponerse al sujeto obligado”.
La nueva redacción dispone, además, que “el valor de las multas podrá ser debitado de los derechos de reposición de los gastos de campaña que pudieren corresponder a los partidos políticos por su participación en las elecciones internas, nacionales, departamentales y municipales, así como de cualquier otro fondo al que por ley pudieren acceder”.
Este gobierno también promueve un cambio relacionado al ámbito diplomático. A mediados de 2020, el Poder Ejecutivo promulgó una ley de artículo único que suspendió el cese automático de los embajadores designados en cargos de particular confianza. Anteriormente, la norma establecía que estos cargos cesaban “a los 90 días del término del mandato del gobierno que los haya designado, sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de cesarlos en cualquier momento”.
La anterior administración suspendió la aplicación de la desvinculación a los tres meses; el actual gobierno pretende dar marcha atrás a esto mediante la derogación de la ley de artículo único aprobada en el gobierno de Lacalle Pou.
Cambios en la ANII, el INAC y los bomberos voluntarios
Por otra parte, el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo establece que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) deberá relacionarse con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y no mediante el Ministerio de Educación y Cultura, como había dispuesto de manera específica la LUC.
Otro cambio que incluye el presupuesto es la supresión de la Administración Nacional de Bomberos Voluntarios, que fue creada por ley en setiembre de 2024 con el propósito de “prestar de forma voluntaria y no onerosa un servicio de bomberos” en correlación con la Dirección Nacional de Bomberos.
En sustitución, el proyecto de este gobierno dispone la creación del “Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios”, el cual estaría integrado por “todas las agrupaciones de bomberos voluntarios del país”. Tanto la estructura como el funcionamiento de este nuevo sistema serían definidos en la posterior reglamentación de la ley.
El actual gobierno también plantea eliminar una modificación introducida por la anterior administración en el Instituto Nacional de Carnes (INAC). En octubre de 2022, a través de la Rendición de Cuentas, se otorgó a la Junta Nacional de Carnes –integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las gremiales empresariales– la potestad de administrar el Fondo de Investigación de la Cadena Cárnica, cuyo propósito es “financiar proyectos de investigación relativos a la producción, industrialización y comercialización de carnes y derivados”.
En el presupuesto, el actual gobierno plantea retirarle esta competencia a la Junta Nacional de Carnes y que la administración del fondo sea responsabilidad del presidente del INAC.