Este martes, la Junta Departamental de Canelones aprobó por una mayoría que se conformó únicamente con los votos del oficialismo –18 a favor y 13 en contra en un total de 31 ediles– que la administración departamental pueda regular la prestación de “servicios de transporte de pasajeros mediante plataformas electrónicas a través de aplicaciones móviles”, según plantea el articulado al que pudo acceder la diaria.
De acuerdo con la regulación, los titulares de los vehículos que se dediquen a la actividad deberán contar con un permiso otorgado por la Intendencia de Canelones (IC) y no podrán tener más de uno a nivel nacional. Además del propietario del automóvil, podrán ser permisarios “sus familiares directos en primer grado de consanguinidad o afinidad” o hasta dos personas que “se encuentren bajo régimen laboral de dependencia o como colaborador”, pero si el titular opta por transferirlo, puede ceder el permiso a un pariente sin costo o a un tercero por un costo que fijará la reglamentación, de forma definitiva y luego del tercer año.
Los permisarios deberán abonar a la IC un total de 0,45 unidades indexadas (UI) por kilómetro recorrido desde el inicio del viaje hasta su finalización: “Lo recaudado se volcará en su totalidad a un Fondo para la mejora del Transporte Público de Pasajeros Departamental”, informó la normativa. También deberán “presentar anualmente ante la IC los certificados que acrediten que se encuentra al día con las obligaciones tributarias y previsionales propias o de sus conductores” y tener una póliza de seguro “contra todo riesgo con cobertura por daños ocasionados a terceros, conductor y pasajeros”, entre otros requisitos.
La IC se reserva la capacidad de limitar la cantidad máxima de permisos, con listas de prelación válidas por un total de tres años, y también fijará tarifas mínimas sobre las que puede realizar ajustes “acordes a las necesidades del departamento”. El fondo que menciona la ley estará en la órbita del ejecutivo departamental y sus recursos “deberán emplearse para la mejora de las condiciones del sistema de transporte público”, cuyo funcionamiento aún debe reglamentarse.
Por otro lado, específicamente sobre las empresas, el texto definió que “deberán contar con una plataforma tecnológica de operación o administración, propia o de terceros, que permita el control, programación, solicitud, control de operación e intermediación del pago”. También necesitan domicilio real constituido en Canelones, aceptar como única forma de pago los instrumentos electrónicos y “emitir un boleto de pago que detalle la cantidad de kilómetros recorridos y el monto aportado en concepto de canon”, detalló la ley junto a otros ítems.
Finalmente, el documento indicó que los conductores deberán presentar licencia Categoría E expedida por la IC, certificado de antecedentes judiciales y certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, además de que deberán permitir el ascenso de perros guía. Los vehículos, por su parte, pueden tener una antigüedad máxima de 7 años desde su primer empadronamiento –que debe ser en Canelones– o de 10 si son eléctricos.
La Coalición Republicana no acompañó el proyecto
Con un aplauso que llegó desde las barras, la Coalición Republicana intentó aplazar la discusión. El edil colorado Fernando Melgar mocionó para que se tratase durante la próxima sesión porque su bancada se sintió “excluida” y buscaban “participar en cómo se le va a dar forma a la normativa” a través de “instancias de diálogo con los actores”, pero la iniciativa naufragó porque el Frente Amplio optó por no acompañarla.
“Entendemos que las aplicaciones están de forma ilegal desde hace mucho tiempo en el departamento. Somos conscientes y estamos en la misma línea de que eso hay que regularizarlo”, dijo Melgar a la diaria. No obstante, el edil precisó que “no se puede estar inclinando la balanza sólo hacia un lado” y, si bien “tiene que haber una competencia en el transporte privado”, a partir de lo que se votó “va a ser un antes y un después porque no va a ser pareja”.
Además, cuestionó las capacidades de control: “La dirección de Tránsito es una de las direcciones, junto con la de Obras, más importantes de la administración y son las dos que están prácticamente desmanteladas. Tienen muy pocos funcionarios, tienen muy poca posibilidad de darles respuesta a las necesidades inmediatas que tiene la gente y, con el parque automotor en crecimiento –con lo extenso que es el departamento y teniendo sólo 22 motos en el cuerpo inspectivo como para hacer un seguimiento–, creo que no van a poder controlar algo que se les va a ir seguramente de las manos”, aseveró al respecto.
En la misma línea, el edil nacionalista Marcelo Tamborini insistió en que el tratamiento de la iniciativa en la Comisión Permanente 2 de Obras Públicas y Tránsito y Transporte fue “muy exprés” y “no se esperó la versión taquigráfica para votarlo”, trasladando el texto a la Comisión Permanente 1 de Legislación, Texto Ordenado, Asuntos Internos, Legales y Económico-Financieros, desde donde también salió únicamente con los votos del FA. “En un mes y poquito se recibieron, de apuro, a la patronal del taxímetro, a los gremios de trabajadores del taxímetro, a la dirección de Transporte y a un grupo de choferes de aplicaciones que estaban a favor”, reconstruyó.
La jornada estuvo marcada por un ida y vuelta casi permanente con las barras, lo que ameritó recesos en múltiples oportunidades. Tamborini conectó su opinión de que “no hubo una mesa de trabajo” con las diferencias y dijo que “fue una de las cosas que determinó la situación que se generó, donde estaban presentes los trabajadores del taxi y los dueños”. “Fue una hora de insultos, de ataques, donde realmente yo creo que no se hubiera llegado a esto si se hubiera tratado de otra manera el tema por parte del oficialismo”, complementó al respecto.
También reparó en los puntos de discordancia. En base a la opinión de sus correligionarios que trabajaron en comisión, Tamborini señaló el artículo 4 y dijo que “permite a los dueños de los autos de aplicaciones contratar choferes como empresas, evitando los beneficios sociales, los aguinaldos, la licencia, el seguro por enfermedad y el BPS”. Por otro lado, también mencionó el artículo 16 –que plantea como requisito para los vehículos “contar con certificado de inspección técnica vehicular anual a partir del tercer año desde la fecha de empadronamiento”– y señaló que “está estipulado que un vehículo hace entre 35 y 40.000 kilómetros por año en formato de Uber”, por lo que, “después de los 100.000 kilómetros el auto nuevo va a tener un control”, algo que considera insuficiente en cuanto a la seguridad.
Caos y “presión” desde las barras
Consultada por los cuestionamientos, la edil suplente y coordinadora de la bancada oficialista, Cecilia Martínez, aseguró en diálogo con la diaria que le “consta que el tratamiento en comisión empezó a fines de noviembre, primeros días de diciembre”, donde “el Frente Amplio se dio los tiempos para estudiar el proyecto y tuvo las reuniones que necesitó”.
“Lo que me parece que pudo haber pasado es que en realidad se habló mucho para las barras y eso del tiempo es muy relativo porque no hubo propuestas, hubo consultas, dudas que se respondieron –están las versiones taquigráficas de las comparecencias– y bueno, cuando vos sos minoría, las responsabilidades son diferentes”, valoró.
Al margen de lo anterior, Martínez indicó que la moción para aplazar el debate se rechazó porque hubo “muchas instancias para hacer esa solicitud”, pero “no hubo planteos con tiempo”, sino “una hora antes de iniciar la sesión” y mientras estaba “toda la barra del SUATT afuera”, quienes “habían tomado la calle” y eso “genera presiones”. “No fue nada sencillo para ninguno de nosotros. Porque, además, cualquier cosa que decíamos nosotros sobre el proyecto, a favor, eran gritos permanentes, entonces en ese ambiente está difícil intercambiar. (...) La compañera de la Comisión 2 ,que intentó empezar a argumentar sobre el proyecto, no la dejaron los gritos, los insultos y con ese nivel es muy difícil el debate político”, acotó.
En suma, valoró que el proyecto era “muy necesario” dado que “hacía falta que lo regularicemos porque ya existe” y, además, “genera un fondo que va a poder generar esas herramientas para seguir mejorando la movilidad en Canelones”. “Como decíamos ayer: siempre hay cosas para mejorar, este es un puntapié. Se estudiaron los proyectos que ya existen en Montevideo y Maldonado, si bien tienen diferencias, porque Canelones es totalmente diferente”, cerró.