Entrevistada por La mañana de la diaria, en la diaria Radio, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Jimena Fernández explicó los principales hallazgos de un informe elaborado junto con organismos públicos y organizaciones sociales, que advierte sobre el aumento de la violencia territorial contra niñas, niños y adolescentes, y plantea la necesidad de mejoras en la prevención y en la coordinación de las respuestas del Estado.
El grupo de trabajo contó con la participación de varios organismos estatales, entre ellos el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. También participaron Gurises Unidos, la Plataforma de Infancias y Adolescencias y Cippus, con Unicef Uruguay en calidad de observador.
Fernández señaló que “el Estado viene corriendo de atrás” y que “hay que ponernos a tiro” en relación con la violencia territorial que afecta a niñas, niños y adolescentes en distintas zonas a nivel nacional.
La directora indicó que el documento surgió a partir del diálogo con organizaciones de la sociedad civil y de la preocupación por la naturalización de los episodios de violencia armada que involucran a menores de edad. “Hace unos años, un niño baleado era la primera plana de los diarios y hoy ya es algo habitual”, afirmó. En ese sentido, consideró necesario “incidir en la agenda pública y mostrar el fenómeno desde un ángulo más potente para que se deje de naturalizar”.
Fernández explicó que el grupo mantuvo reuniones quincenales durante cuatro meses y que el documento recoge los acuerdos alcanzados entre los distintos actores. “El informe no es un producto de la institución”, sostuvo, y señaló que el objetivo fue generar un espacio para que quienes trabajan en la temática pudieran dialogar y construir un diagnóstico compartido. Destacó que “el documento constituye un primer paso para iniciar un proceso de incidencia pública y promover medidas que permitan abordar el problema”.
Respecto del impacto de la violencia territorial, la titular identificó el estrés crónico y sus efectos sobre el desarrollo de los menores. La directora ejemplificó: “Hay niños que se han habituado a meterse abajo de la cama porque se escuchan tiros”. Desde esa realidad, el informe busca poner en evidencia que la exposición sostenida a situaciones de violencia también constituye una vulneración de derechos, incluso cuando no se producen lesiones físicas.
- Leé más sobre esto: Violencia contra niñas, niños y adolescentes: hubo 58 homicidios, 53 tentativas de homicidio y 238 baleados entre 2023 y 2025
Sobre el registro de la violencia
Uno de los principales obstáculos identificados por el grupo fue la falta de cifras sistemáticas que permitan dimensionar el fenómeno. Según Fernández, el trabajo partió de los datos difundidos por organizaciones sociales y la prensa, pero también solicitó información al Ministerio del Interior y a ASSE para analizar el período comprendido entre 2023 y 2025.
De acuerdo con los registros del Ministerio del Interior, durante esos tres años se contabilizaron 58 homicidios dolosos consumados, 53 tentativas de homicidio y 238 niños, niñas y adolescentes que sufrieron heridas por armas de fuego. Advirtió que los datos “deben tomarse con pinzas”, ya que las limitaciones de los registros no permiten determinar que todos los casos correspondan necesariamente a situaciones de violencia territorial.
No obstante, señaló que hay un consenso de parte de todas las organizaciones sobre que “es un fenómeno que va en aumento”. La problemática, además, no se limita al área metropolitana. Según explicó, el 53% de los casos registrados corresponde al interior del país, con departamentos como Maldonado, Durazno y Rivera entre los que presentan más situaciones.
Respecto del papel de las instituciones públicas, sostuvo que “la conclusión del informe no es que exista una ausencia del Estado, sino que es necesario mejorar la calidad de su presencia y adaptar las respuestas a las nuevas realidades”. En ese sentido, afirmó “hay que buscar nuevas formas de respuesta porque algo se nos puede ir de las manos”.
Las recomendaciones
Entre las principales recomendaciones, se encuentra la creación de un dispositivo especializado dentro del Estado, con participación interinstitucional, que reúna las competencias vinculadas a la infancia y la adolescencia. El documento también plantea revisar los protocolos de actuación durante los operativos policiales, con el objetivo de garantizar una intervención que proteja los derechos de los menores que viven en los territorios donde se desarrollan estos operativos.
Otro de los problemas señalados es la dificultad para hacer denuncias. Fernández explicó que “en algunos casos las personas no conocen las herramientas disponibles y, en otros, tienen miedo a denunciar”. Por ese motivo, consideró necesario garantizar mecanismos que permitan hacerlo de forma anónima y segura.
El documento también advierte sobre la situación de los niños y adolescentes que sufren lesiones graves y quedan con alguna discapacidad. “Los niños, niñas y adolescentes que quedan con una discapacidad son olvidados por el sistema”, señaló. Aclaró que no se trata necesariamente de una decisión voluntaria de las instituciones, sino de la falta de mecanismos previstos para asegurar la continuidad de la atención.
