“Debemos liquidarlo de una vez”, afirmaba días atrás Carlos Enciso, presidente del Congreso de Intendentes, sobre la compensación que recibirían los gobiernos departamentales en caso de que se concrete la eliminación del impuesto del 1% a la enajenación de semovientes, algo a lo que se ha comprometido el Poder Ejecutivo. El impuesto se aplica sobre la venta de ganado y la recaudación va para la caminería rural, a cargo de las intendencias.
Días después de aquella afirmación del intendente de Florida, durante su discurso en la Expo Prado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, reafirmó la voluntad del gobierno de eliminar el tributo. El jerarca recordó que la medida ya se había impulsado el año pasado a través del presupuesto quinquenal, a pedido del Congreso de Intendentes.
La eliminación de este impuesto está entre los compromisos asumidos por el gobierno para el quinquenio. De acuerdo con un documento elaborado por el Poder Ejecutivo en el que se detalla el avance de cada compromiso, a partir de la supresión del gravamen “el Poder Ejecutivo transferirá anualmente, desde Rentas Generales, un monto equivalente al promedio de lo recaudado en los ejercicios 2020 a 2024 por concepto del impuesto que se deroga”.
Ahora, con los intendentes de acuerdo en avanzar en la derogación y en medio de una etapa de definición de aspectos técnicos, el martes apareció una voz disonante: el PIT-CNT. A través de un comunicado, la central sindical advirtió que la eliminación del impuesto del 1% a la enajenación de semovientes implicaría una “sangría millonaria de las cuentas públicas” y afirmó que, en caso de concretarse, se daría paso a una “profunda injusticia tributaria”, ya que “implicaría una pérdida fiscal de unos 40 millones de dólares anuales”.
La cifra a la que se refiere el PIT-CNT es parte del ingreso que, según se ha estimado, las intendencias procuran conservar a través de un esquema que aún no está definido por el Poder Ejecutivo. Por lo pronto, la central sindical remarcó que la eliminación del impuesto “agravaría las restricciones presupuestales para abordar los problemas estructurales que frenan el desarrollo del país e impiden a las mayorías sociales acceder a una mejor calidad de vida”.
Enciso reafirmó el martes en rueda de prensa el compromiso de las intendencias con la derogación del tributo y recalcó que lo que está en juego “son 50 millones de dólares que hoy se usan para las caminerías”. El presidente del Congreso de Intendentes insistió en que todavía resta definir “cómo van a ser resarcidas las intendencias”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, dijo este miércoles en rueda de prensa que hoy por hoy el impuesto es “un tiempo que le hacen gastar al productor”, en referencia a la opción que existe de devolución de lo aportado a través de créditos fiscales mediante el Banco de Previsión Social (BPS).
Sobre la posición del PIT-CNT, Ferber dijo que se trata de una “vieja discusión” y afirmó que la quita de este gravamen ayudará a “generar más trabajo” y “más riqueza”, por lo que “termina siendo mucho más beneficioso para el país”. “Tanto [el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel] Oddone, como el gobierno anterior te cobran todo lo que te pueden cobrar sin terminar afectando la economía, y esto va en el mismo sentido”, expresó.
El PIT-CNT y un planteo de fondo
La posibilidad de devolución de lo tributado mediante el BPS está en el corazón de las diferencias planteadas por el PIT-CNT con relación a la eliminación del impuesto. En diálogo con la diaria, la economista Alejandra Picco, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, señaló que actualmente quienes no acceden a la devolución son los productores “más chicos”, que no tienen cómo hacer uso de los créditos fiscales generados ante el BPS.
No obstante, Picco apuntó que lo que se propone desde la central sindical es que, en lugar de derogar el impuesto para amortiguar la inequidad entre los productores grandes y chicos, “se elimine la devolución”. “Lo que habría que hacer es que se deje de devolver vía crédito fiscal y que sí se exonere a los más chicos”, resaltó.
En esa línea, Picco señaló que los 40 millones de dólares anuales que se resignarían (este número fue proyectado por las gremiales rurales en 2020, cuando se suspendieron los créditos fiscales para contribuir al Fondo Solidario Covid-19) “es más de lo que se asignó en la Rendición de Cuentas a la prestación única para atender la pobreza en la infancia”, esto es, 31 millones de dólares.
Picco agregó que se trata de un impuesto que solo paga la ganadería, cuando “el campo es mucho más”, en referencia a otros sectores como la soja o la forestación. En ese sentido, consideró que “sería ideal tener un tributo más integral”. “Si estamos en una situación de grandes restricciones fiscales, ¿cómo a un sector que evidentemente tiene alta capacidad contributiva le vas a terminar eliminando un impuesto?”, preguntó la economista, resumiendo el posicionamiento del PIT-CNT.
