En junio, la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto de ley sobre producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial presentado por los legisladores del Frente Amplio (FA) Javier Umpiérrez y Pablo Inthamoussu a fines del año pasado. El miércoles, la comisión recibió a la Organización de la Prensa del Interior (OPI) y la Asociación de Radios del Interior (RAMI), las cuales coincidieron en que el mínimo de 30% de la publicidad oficial que en el proyecto se prevé destinar a los medios de comunicación del interior es insuficiente.
La iniciativa fue redactada en 2015 por el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública y recogida en aquel entonces por legisladores del FA y de los partidos Nacional, Colorado e Independiente. El texto llegó a aprobarse en la cámara baja, pero no prosperó en el Senado y se archivó al término de la legislatura.
En este período, Umpiérrez e Inthamoussu retomaron el proyecto con el objetivo de definir la publicidad oficial, sus principios y los procedimientos y criterios para su distribución y asignación por parte de cualquier organismo público de alcance nacional en cualquier medio de comunicación social, servicio o plataforma de información y comunicación. Mediante el proyecto se busca “dar fin” a una distribución “poco igualitaria” de la publicidad oficial, según se detalla en la exposición de motivos. La nueva iniciativa no incorpora de manera explícita a las intendencias como sujetos obligados por la ley, algo que fue motivo de discrepancias en 2015.
El diputado del Partido Nacional y presidente de la comisión, Álvaro Dastugue, expresó hace unas semanas su intención de que en octubre se avance lo más posible en el tratamiento del proyecto en comisión, para que posteriormente, entre noviembre y diciembre, los legisladores lo discutan “para ir cerrando el tema”. Esta semana comparecerán la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados.
Prensa del interior propone que el porcentaje suba a 50%
El artículo 11 del proyecto establece que se deberá destinar “al menos un 30% del monto total de la publicidad oficial de alcance nacional a medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas comerciales o comunitarios, con realización y producción propias y radicados en localidades del interior, que tengan como área de servicio o distribución principal el lugar de su radicación u otras localidades del interior del país”.
Agustín Garmendia, abogado del estudio Ferrere, mencionó en la última sesión de la comisión algunas de las propuestas que hace la OPI a la iniciativa, como que, en lugar de reservarse el 30% del monto total de la publicidad oficial a los medios del interior, ese porcentaje aumente a 50%. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Garmendia explicó que la justificación de ese aumento es “ante todo demográfica”, puesto que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, “más de la mitad de la población uruguaya reside fuera del departamento de Montevideo”.
En ese marco, sostuvo que, “si la publicidad oficial tiene por finalidad informar a la ciudadanía sobre las acciones, servicios y políticas del Estado, resulta coherente que al menos la mitad de la inversión publicitaria se canalice a través de los medios que efectivamente llegan a esa mayoría de la población”.
A juicio de la OPI, un mínimo de 30% “implica una subrepresentación estructural del interior que concentra a más habitantes, mayor extensión territorial y una red de medios locales que constituyen en muchas localidades la principal y a veces la única fuente de información de proximidad”.
Además, desde la OPI se propone que de ese 50% se reserve un 33,33% de la publicidad oficial para los medios de prensa escrita del interior, lo cual representaría el 16,67% del total de la publicidad oficial.
En la misma línea, el presidente de la RAMI, Juan Brañas, dijo en la comisión que, aunque se observan “beneficios” en el porcentaje, de todos modos, es “poco”, y adhirió al planteo de la OPI sobre que “en el interior del país vive más del 50% de la población”. “Lo más equitativo sería que nos acercáramos a cubrir la población del país, porque más del 50% vivimos en el interior, consumimos en el interior, tenemos servicios del Estado en el interior, y pagamos nuestros impuestos en el interior. Entonces, hablar de un 20% o de un 30% es quedarse corto”, subrayó.
Por otro lado, Brañas manifestó preocupación por “la ausencia de una cláusula determinante que indique qué va a pasar con el artículo 774, porque en ningún lado dice que este artículo será derogado, y dejar eso librado al decreto reglamentario no estaría bien”. El presidente de la RAMI se refiere a un artículo del presupuesto quinquenal del gobierno de Luis Lacalle Pou que dispone que “deberá destinarse al menos un 20% del monto total de la publicidad oficial de alcance nacional” a medios de comunicación y producciones del interior.
En su comparecencia ante la comisión, el 9 de setiembre, el presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Gonzalo Balseiro, consultó justamente qué va a pasar con ese artículo, dado que el proyecto del FA “no lo nombra explícitamente, no lo deroga, no lo modifica, no lo sustituye”.
Umpiérrez, quien redactó la iniciativa, consideró que, a partir de la inquietud transmitida por la Ursec, es necesario “sacarle la fortaleza que tiene ese artículo y derogarlo”. “Entre otras cosas, porque, de acuerdo con algunas de las delegaciones que vinieron a hablar sobre este tema y a lo que quienes somos del interior también pudimos profundizar, no ha colmado las expectativas”, argumentó.
