La rescisión del contrato con el astillero español Cardama Shipyard, firmado en la anterior administración para la construcción de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, provocó reacciones inmediatas en el Partido Nacional (PN). Luego de la conferencia de prensa del viernes, en la que el presidente Yamandú Orsi confirmó la finalización del acuerdo, el senador del PN Javier García –quien, como ministro de Defensa Nacional, estampó su firma en el contrato con Cardama– dijo que “la decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio” y sostuvo que “el objetivo es destruir lo que venga del gobierno de [Luis] Lacalle Pou”. En paralelo, el también senador nacionalista Martín Lema expresó que el PN impulsará la creación de una comisión investigadora en el Parlamento.
Consultado al respecto, el diputado del Frente Amplio (FA) Alejandro Zavala dijo a la diaria que “no se va encontrar ningún inconveniente en los parlamentarios del Frente para nombrar la investigadora”, ya que se trata de una opción que está en la interna del oficialismo “desde los primeros indicios” de irregularidades en torno al contrato con Cardama.
En declaraciones a El País, Lema dijo que el propósito de la comisión investigadora sería indagar y conocer detalles sobre “el proceso que llevó adelante el gobierno para boicotear la compra de las dos patrulleras oceánicas”.
El diputado del PN Gabriel Gianoli, quien en noviembre viajó a Vigo (España) para interiorizarse del proceso de construcción de las patrullas, dijo a la diaria que ya existe una postura definida en el PN sobre la pertinencia de una comisión investigadora, que en los próximos días se comunicará formalmente al resto de los integrantes de la Coalición Republicana, es decir, el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI). “Nosotros vamos para adelante con eso”, afirmó.
Con esto, el PN aspira a “avanzar sobre lo que entendemos que es un boicot a la construcción” de las patrulleras, apuntó Gianoli, quien cuestionó además la ausencia de información por parte del Poder Ejecutivo. “Debe haber entre 12 y 15 pedidos de informes sin contestar; nosotros estamos a ciegas en esto”, afirmó.
“Se ha declarado todo reservado, confidencial. Sabemos que hay un informe jurídico del Ministerio de Defensa de más de 300 páginas, pero nunca tuvimos acceso; que hay notas que se enviaron a Cardama, a las que nunca tuvimos acceso, que las pedimos por acceso a la información pública y se nos negaron”, profundizó el diputado nacionalista. “Ahí está nuestra preocupación: en las formas, en el estilo, y más que nada en ese secretismo absoluto en el que están hablando”, acotó.
Asimismo, Gianoli dijo que el PN procura investigar si, tal como trascendió públicamente, el abogado defensor de Cardama en Uruguay, Gonzalo Fernández, “estuvo en la Presidencia de la República para dar solución a las garantías”. “Queremos saber si eso es verdad o si eso no sucedió, porque [el prosecretario de Presidencia] Jorge Díaz dice que en ningún momento tuvieron noticias sobre otra garantía. Bueno, queremos saber”, expresó.
“Al gobierno le faltó ‘boliche’ para manejar este asunto”
A título personal, el diputado del PC Juan Martín Jorge se mostró dispuesto a acompañar el planteo de una comisión investigadora. “En principio, yo siempre soy partidario de acompañar todo lo que sea transparencia”, dijo a la diaria, si bien puntualizó que el PN todavía no trasladó una propuesta formal.
Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, Jorge, que es abogado, advirtió sobre algunos errores “gruesos” en la estrategia del Poder Ejecutivo. En primer lugar, mencionó la conferencia de prensa de Orsi del 22 de octubre, cuando el presidente adelantó que se rescindiría el contrato con el astillero español, algo que se concretó el viernes. “Me llama la atención, porque estratégicamente, cuando se va a atacar un contrato, lo último que hacés es avisarle a la contraparte. Porque, si vos le avisás, la contraparte se empieza a preparar en su defensa; ese es el primer error grande”, consideró.
En segundo lugar, el diputado del PC mencionó que el acuerdo firmado entre el Estado uruguayo y Cardama establece dos jurisdicciones para la resolución de conflictos: una en Europa, “para el caso de discusiones de todo lo relativo a la construcción naval”, y otra en Uruguay, para el resto de los diferendos.
“¿Qué es lo que dice la normativa uruguaya, la doctrina de jurisprudencia? Que, si un contrato accesorio cae, no hace caer al [contrato] principal. Y los contratos de garantía, por naturaleza, son accesorios al [contrato] principal”, apuntó Jorge. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo que conlleva haber rescindido el contrato en las actuales circunstancias, ya que “le abrís una puerta a Cardama para que demande al Estado uruguayo”.
Para el diputado colorado, en definitiva, “al gobierno le faltó ‘boliche’ para manejar este asunto”. “En vez de salir en un ‘ganar, ganar’, teniendo buques baratos, que se precisan, y mejorar las condiciones renegociando, salió con un ‘perder, perder’, sin buques, perdió más de 30 millones y se mete en un juicio”, manifestó.
Por su parte, el único diputado del PI, Gerardo Sotelo, dijo a la diaria que su partido analizará la posibilidad de acompañar la creación de una comisión investigadora una vez que el PN formalice la propuesta. De todos modos, en la misma línea que varios dirigentes nacionalistas, Sotelo manifestó: “Parece claro que hay una intención deliberada de arruinar el vínculo con Cardama, más allá de los problemas que tenían las garantías. Esto tiene una clara finalidad política y puede tener, eventualmente, otro tipo de objetivos”. Sobre esto último, agregó: “No lo sabemos, pero, como todo es convergente en torno a algunos vínculos internacionales que este gobierno está priorizando, puede ser que haya algo además de la intencionalidad política, porque de lo contrario no le encuentro una explicación lógica”.
El presidente de Cabildo Abierto, el exsenador de Guido Manini Ríos, en tanto, dijo en una entrevista con la radio Monte Carlo que su partido votaría a favor de conformar una comisión investigadora, siempre y cuando “se investigue todo” y “no un pedacito de la historia”.
Consultado al respecto, Gianoli dijo que este planteo está “perfecto”. “Que Cabildo lo proponga y se verá en las conversaciones. Nosotros lo que queremos es arrojar luz sobre el tema”, afirmó.
“Hay un montón de cosas que sucedieron en el Ministerio de Defensa”
Desde el oficialismo, Zavala recalcó que no existe “ningún inconveniente” en cuanto a la instalación de una comisión investigadora en el ámbito parlamentario. El legislador del FA señaló que “el gobierno ya está investigando, a nivel del Poder Ejecutivo, lo que corresponde a la función pública” mediante una serie de investigaciones administrativas; en ese sentido, apuntó que, “si se considera necesario, se hará algún sumario, porque hay un montón de cosas que sucedieron en el Ministerio de Defensa” durante la anterior administración.
Más allá de lo administrativo, en octubre del año pasado, dos días después de la primera conferencia de prensa encabezada por Orsi, el Poder Ejecutivo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, que posteriormente fue ampliada.
Zavala resaltó las irregularidades que el gobierno detectó en las dos garantías que fueron presentadas por Cardama y aceptadas por el gobierno anterior, la de fiel cumplimiento y la de reembolso, y destacó también el informe técnico que elaboró Bureau Veritas, que determinó que el astillero español “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega”. “Eso lo dice una auditoría independiente, no lo estamos diciendo nosotros”, señaló.
Con relación a las “responsabilidades políticas” que eventualmente podría arrojar el trabajo de una comisión investigadora, el diputado del FA manifestó: “Nosotros también estamos de acuerdo con investigarlas”. “Aquí hubo una conferencia de prensa, en la que participó incluso el presidente Lacalle Pou, anunciando la compra de las patrulleras. Así que en lo que respecta a la opinión de nosotros, la investigación debería llegar incluso hasta el presidente Lacalle Pou”, añadió Zavala.
Por su parte, el diputado del FA Mariano Tucci dijo a la diaria que “el conjunto de jerarcas que diligenciaron” el contrato con Cardama durante el gobierno anterior “dejaron expuesto a Lacalle Pou, en lo que hoy se presenta como un tema turbio y de mucha debilidad para el pasado gobierno”. “En buen romance y sin quitarle ningún mérito, porque es el principal responsable de esta situación, yo estoy convencido de que en la pasada administración la impericia de algunos jerarcas expuso al Estado uruguayo y al presidente Lacalle Pou a este vínculo contractual que nos vulnera como país”, expresó.
Asimismo, Tucci descartó que, como sostiene García, se esté actuando para “destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou”. A modo de ejemplo, mencionó que –puntualmente en materia de defensa nacional– el actual gobierno mantuvo –e incluso financió– varias iniciativas que fueron impulsadas en el período pasado, como “los contratos con la empresa Embraer por los aviones Super Tucano y también con la empresa Indra por los radares”. “Si el FA viniera con el propósito declarado de barrer con todo, esos proyectos no hubieran continuado; muy por el contrario, el FA los continuó y los financió”, subrayó.