Uno de los hitos más recientes vinculados al conflicto entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama por la construcción de dos patrulleras oceánicas con un valor que supera los 80 millones de euros fue cuando el presidente Yamandú Orsi confirmó la rescisión del contrato y reveló irregularidades en la segunda garantía. Así, tanto la de fiel cumplimiento que emitió EuroCommerce Bank por 4,1 millones de euros como la de reembolso, a cargo de Redbridge Insurance y por un monto de 8,2 millones, presentaban anomalías.
Este jueves, el semanario Búsqueda divulgó audios y mensajes entre el entonces director de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Damián Galo, y el representante del estudio José Miguel Delpiazzo, en noviembre de 2024. El intercambio confirmó que Delpiazzo realizó una serie de advertencias sobre la documentación y solicitó comunicarse directamente con los abogados de la empresa europea a raíz de que Mario Cardama enviaba documentos “a los ponchazos, tirando lo que le parece”, y eso resultaba “preocupante”.
El semanario parte de que un informe del estudio fechado al 7 de octubre de 2024 avaló el contenido de los borradores que presentó Cardama. Sin embargo, el 4 de noviembre llegó nueva documentación al MDN que, según se suponía, era la original, lo que desencadenó una serie de intercambios directos entre Delpiazzo y Galo. El 5 de noviembre, ante la pregunta del exjerarca, Delpiazzo dijo: “No acreditan nada de lo que les pedimos… Lo está mirando Agustín (Godoy, un asociado de la firma), que quiero saber su opinión antes de decirle la mía”.
El mismo día y ante la insistencia de Galo para conocer si eran originales, el abogado replicó con un audio en el que afirmó que “originales son”, pero desconocían “si el que firma es el que dice ser y si tiene facultades para otorgar la garantía”: “Tiene ahí algún apostillado como con un certificado notarial, pero que no dice nada; que dice que el documento tiene un contenido legítimo. Sí, ya sé que tiene un contenido legítimo, lo que quiero saber es si el que firma dice ser el que es y tiene facultades para representar a la institución que representa para otorgar la garantía”, consignó en el audio. En ese momento, valoró que aparenta cumplir los requisitos “cuando lo abrís”, pero “empezás a ver el contenido, y no”. Propuso hablar directamente con el abogado de la empresa europea porque, según su opinión, Mario Cardama iba “a los ponchazos, tirando lo que le parece, y la verdad que es preocupante”.
El escrutinio formal llegó al MDN al día siguiente, el 6 de noviembre, una vez contrastadas las opiniones con su colega. Delpiazzo consignó que la documentación asociada a la garantía de Redbridge Insurance no permitía certificar que Edmund Santiago, el firmante, tenía poder de representación sobre la aseguradora. Sobre la de EuroCommerce, indicó que era un documento que “no se encuentra apostillado ni con certificación de la firma, ni surge que dicha persona tenga facultades para emitir la garantía”.
“Se limita a adjuntar un certificado notarial emitido por notario español que no certifica la firma ni la representación del firmante, sino que se limita a afirmar que el contenido del documento es lícito (aspecto que no es cuestionado). Por tanto, no surge de la documentación que el señor Alex Walsh pueda representar a la sociedad Eurocommerce LTD”, recogió el citado medio. Además, sostuvo que en los registros públicos accesibles online en ese momento de la entidad “los representantes que figuran no coinciden con el firmante” y el domicilio que figuraba en la póliza “no es el que surge del registro vigente”, sino uno anterior.
Según Búsqueda, Galo celebró el “excelente informe” y accedió a “coordinar la comunicación entre estudios”. Otro audio de Delpiazzo llegó sobre el cierre del mismo día y sostuvo que, a pesar de tratarse de elementos que “pueden parecer formales”, resultan “de base”, e interpretó que de presentarse a una licitación con ese tipo de garantías “cualquier administración me descalifica”. “Más en este contrato, con la relevancia que tiene, la trascendencia que ha tenido, son cosas que se me hace difícil dejarlas pasar así. Parto de la base de que son documentos que no son truchos, parto de esa base, entonces con más razón no debería costarle nada conseguir esto que le estamos pidiendo. Creo que esto que mandó viene más a raíz de una confusión que de un ocultamiento o de intentar engañar”, manifestó en el clip de voz.
Más adelante, el 8 de noviembre, Delpiazzo informó al funcionario del MDN que un abogado de EuroCommerce lo llamó. El uruguayo transmitió que necesitaban “un certificado que diga que Alex Walsh es el que firma” y que “tiene facultades para otorgar este documento”, ante lo que el extranjero respondió que Cardama “estaba con urgencia” y no podrían conseguirlo hasta el lunes 11 de noviembre. “Le dije: la verdad que esperar de acá al lunes, con todo lo que hemos esperado, no nos cambia nada, que preferimos hacer las cosas bien”, reafirmó Delpiazzo en el audio que envió a Galo.
Galo celebró la comunicación y dijo que era “un golazo”. A pesar de lo anterior, desde España enviaron otro documento incorrecto y llegó a Uruguay un acta de manifestación supuestamente tomada por el notario Luis Calabuig de Leyva, que afirmaba que el español Francisco Sabater Cabanes había llegado a la oficina y declarado que Alex Walsh tenía poder de firma. El 14 de noviembre el estudio Delpiazzo envió otro correo en el que precisó aún más las instrucciones y, el 15, Cardama envió la copia del acta que pidió el estudio.
“La verdad que preocupa la desprolijidad con que se mueve este señor, una y otra vez”, y “el acta no es la misma que nos entregaron para revisión la semana pasada, aunque sí repite su contenido”, consignó en un correo el doctor en Leyes el 28 de noviembre. Calabuig de Leyva dijo al semanario que era posible “que sea una falsificación” y, finalmente, la diaria informó que el notario madrileño Ignacio Martínez-Gil concluyó en un informe en poder del actual gobierno que las copias del acta que Cardama entregó al MDN eran “absolutamente falsas” y que no fueron expedidas “por ningún notario”.