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Archivo, enero de 2025.

Foto: Alessandro Maradei

El Poder Ejecutivo votó con los empresarios en la mayoría de las votaciones divididas en los Consejos de Salarios

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Aunque con distintos criterios, tanto los números del Ministerio de Trabajo como los del Instituto Cuesta Duarte marcan que, en los pocos casos en los que no hubo acuerdo entre las dos partes, el gobierno acompañó mayormente a los empleadores.

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Aunque se trata de resultados preliminares, actualizados por última vez en diciembre del año pasado, los números muestran algunas tendencias. Una de ellas, el consenso. El informe elaborado por el Instituto Cuesta Duarte (PIT-CNT) indica que en la decimoprimera ronda de los Consejos de Salarios el 82% de las mesas finalizó con un acuerdo entre trabajadores y empleadores, 124 de 150.

El desglose muestra que el 61% de las mesas (92) contó además con el respaldo del Poder Ejecutivo, es decir, se firmaron acuerdos tripartitos; el 19% de las mesas (29) terminó con acuerdos aprobados únicamente por los trabajadores y los empleadores; y el 2% restante de la mesas (tres) corresponde a “convenios colectivos”, categoría en la que, según explicó a la diaria la economista Alejandra Picco, integrante del Instituto Cuesta Duarte, se incluyen los acuerdos celebrados entre el sindicato y la patronal, quienes van al Consejo de Salarios y simplemente “registran el convenio colectivo”.

En el informe del instituto de investigación y formación de la central sindical se señala que los datos preliminares de la ronda actual –que empezó a mediados del año pasado– “están en línea con lo sucedido en los últimos 20 años”.

Según supo la diaria, con base en la información del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), actualmente todavía hay diez mesas abiertas: dos vinculadas a la industria láctea, dos a la actividad portuaria, dos al sector del supergás, tres a la pesca y una a los molinos de arroz. Asimismo, está próxima a cerrarse la mesa de “Servicios 0900”.

En diálogo con la diaria, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, señaló que en todos estos casos el Poder Ejecutivo, por el momento, no maneja “ningún plazo” para cerrar la negociación. “Son acuerdos que vencieron el 30 de junio, o sea, es gente que desde enero de 2025 no tiene aumento y que estaría esperando que se le dé un aumento a partir de julio”, mencionó.

Si bien puntualizó que “la potestad última de fijar los salarios la tiene el Poder Ejecutivo”, Barrios dijo que el MTSS ha resuelto “priorizar la negociación”, sobre todo, en vista de “las particularidades de los sectores que quedan”. Apuntó, además, que hasta ahora ninguna de las partes ha solicitado la resolución por decreto.

La posición del gobierno en las votaciones divididas

Otra continuidad que surge del informe del Cuesta Duarte es la postura del Poder Ejecutivo en las votaciones divididas, cuando los trabajadores y los empleadores no acuerdan y la posición del gobierno, sin llegar al extremo del decreto, resulta determinante en el resultado de la negociación.

De acuerdo al documento del instituto del PIT-CNT, en la actual ronda hubo 26 mesas que se definieron de este modo, lo cual en el total supone una minoría (17%). Dentro de esas 26 mesas, “la mayoría [22] fue producto de un acuerdo entre el Ejecutivo y los empleadores; encontrándose solamente cuatro votaciones con acuerdo entre los delegados de los trabajadores y los del Ejecutivo”, se señala en el informe.

Consultada al respecto, Picco señaló que dicha correlación “no se daba” en las primeras rondas que hubo tras la reinstalación de los Consejos de Salarios, en 2005, durante el primer gobierno del Frente Amplio (FA). “Se dio en la administración anterior y también en esta”, ya que “el Poder Ejecutivo votó en la mayor parte de los casos con los empresarios”, apuntó. “Eso lo que te muestra es que los lineamientos satisficieron mucho más a los empresarios que a los trabajadores”, agregó.

Según un estudio elaborado por el Área de Estudios Laborales del Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay, el promedio de las votaciones divididas entre 2005 y 2020 marca que el entonces Poder Ejecutivo del FA votó en el 65% de los casos con los trabajadores y en el 35% de los casos con los empleadores.

Esto cambió durante el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. En la última ronda de la administración anterior –la décima– el Poder Ejecutivo acompañó a los empresarios en el 91% de las votaciones divididas, y sólo en el 9% a los trabajadores, según datos del Cuesta Duarte.

Si bien la comparación no es exacta, dado que aún son resultados preliminares, el informe del instituto de la central sindical marca que la actual ronda está más cerca de los guarismos de la anterior administración que de los del primer ciclo del FA. El actual Poder Ejecutivo ha votado un 85% con los empleadores y un 15% con los trabajadores.

Sobre este tema, los números del MTSS son diferentes porque el criterio es distinto. El Cuesta Duarte contabiliza en los 22 acuerdos aprobados por el Poder Ejecutivo y los empleadores aquellos casos en los que los empresarios se abstuvieron y los trabajadores se opusieron.

De este modo, en el registro del MTSS figuran nueve votaciones con los empleadores, dos con los trabajadores y, en un renglón aparte, 14 con mayoría del Poder Ejecutivo (con las abstenciones de una de las dos partes). En cualquier caso, la diferencia a favor de los empresarios se mantiene.

Consultada al respecto, Barrios señaló que en la mesa de negociación hay que diferenciar entre “lo que es estrictamente negociación salarial” y “lo que son temas en los que las partes pueden ponerse de acuerdo”. En ese sentido, apuntó que, dado que el Poder Ejecutivo tiene previamente definido sus lineamientos, “las partes saben que nosotros, si tenemos que ir a una votación, vamos a votar nuestros lineamientos”.

“Entonces, lo que termina pasando es que los que negocian terminan negociando para superar el lineamiento”, señaló. Y cuando esto no es posible, es decir, cuando “la negociación no prospera como para llegar a acordar otro tipo de beneficios que superen el lineamiento”, el Poder Ejecutivo presenta “una propuesta de votación sólo con ajustes salariales por el lineamiento y ahí a los trabajadores como que no les resulta y, o votan en contra o se abstienen”.

Asimismo, Barrios mencionó que en algunos casos los empleadores se abstienen para que la negociación se cierre sin recurrir a la instancia del decreto, lo cual de alguna manera facilita el trámite administrativo, evitando un pasaje por Presidencia. “En cambio, eso vos lo firmás y al otro día ya es aplicable”, apuntó.

La desindexación de los salarios más altos “caminó”

Por otro lado, Picco señaló que, “a diferencia de rondas anteriores”, en esta oportunidad en la mayoría de los acuerdos “se incorporaron beneficios no salariales”. “O se incorporaron o se mejoraron los que ya había”, resaltó. El Cuesta Duarte publicará un informe definitivo al respecto una vez que haya finalizado la decimoprimera ronda.

“A veces, por la disconformidad que a priori tenían los trabajadores con los lineamientos, [aunque] ahora con la baja de la inflación esto está cambiando un poco, la incorporación de estas otras cláusulas hacía más llevables los acuerdos”, expresó Picco.

Con respecto a la inflación, el Instituto Nacional de Estadística divulgó el miércoles el dato correspondiente a enero: el índice de precios del consumo se situó en los últimos 12 meses en 3,46%, por debajo de la meta del Banco Central. En ese sentido, conforme a los lineamientos salariales presentados por el gobierno, el Cuesta Duarte ha señalado que “si la inflación se encuentra por debajo, el crecimiento del salario real será mayor”; por el contrario, “si la inflación es superior, el crecimiento del salario real será menor”.

En cuanto a la desindexación salarial propuesta por el Poder Ejecutivo para los salarios nominales mayores a los 165.228 pesos mensuales, Picco dijo que “en la mayoría” de las mesas el planteo “caminó”, ya que “en la mayoría de los sectores no tenían categorías laborales con salarios de ese monto”.

En el informe del Cuesta Duarte se señala que el 70% de las mesas incorporaron los lineamientos salariales del Poder Ejecutivo “sin modificaciones”. Entre los cambios que se hicieron en el 30% restante se mencionan modificaciones en “las franjas salariales a partir de las que se determinan los ajustes” y en “los porcentajes de ajuste”, así como la “incorporación de porcentajes adicionales de crecimiento de salario real asegurado” y la “incorporación de cláusulas gatillo”.

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