Este viernes, la organización de ex presas y ex presos políticos Crysol, mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi y otros miembros del gobierno, en la que se llegó a “un acuerdo amistoso” con los 767 peticionantes que se presentaron en febrero de 2025 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en demanda de cumplimiento de los derechos de las víctimas del terrorismo de Estado.
Gastón Grisoni, miembro de la organización, dijo a la diaria que fue el gobierno el que convocó a esta reunión, porque “se vencían los plazos para responderle a la comisión”. Explicó que la “petición fundamental” es que “la pensión especial reparatoria del artículo 11 de la Ley 18.033 –aprobada el 13 de octubre de 2006–, que es un resarcimiento por prisión ilegítima, torturas, sufrimientos ocasionados, daños, perjuicios y destrucción de los proyectos de vida de esas personas, sea para todas las ex presas y ex presos políticos, sin restricciones y sin discriminación”.
Las condiciones planteadas desde Crysol para un acuerdo amistoso e irrenunciable “es el derecho que le corresponde a cada una de las 767 personas, más la disposición y el compromiso del gobierno de trabajar para lograr una ley que cubra a quienes no peticionaron”, agregó. Al día de hoy, hay entre 200 y 300 víctimas de la dictadura que no reciben la pensión.
Asimismo, otro de los pedidos al gobierno y a la CIDH es que “no sea necesario renunciar a jubilaciones y pensiones para poder recibir la pensión reparatoria”, porque “provienen de derechos distintos”. La primera “corresponde a la normativa internacional de derechos humanos y es un derecho que tiene la víctima del terrorismo de Estado”; la segunda “es un derecho ciudadano”.
“El Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas del terrorismo de Estado en todos los aspectos y no puede obligarlas a renunciar a otros derechos para recibir la reparación que corresponde”, planteó. Lo que propone la organización es la creación de una ley “para que se cumpla la pensión”.
El encuentro entre Crysol y Orsi
Según el comunicado difundido por Crysol, la reunión fue “franca, cordial y productiva”. Entre otros temas, se planteó el rechazo a la posición anexionista de Israel en Cisjordania, la necesidad de apoyar de manera humanitaria a Cuba, el rechazo a la intervención armada en América Latina, la preocupación por la atención en salud –“aún no resuelta satisfactoriamente por las autoridades del Ministerio de Salud Pública”, reclaman en el escrito– y el fortalecimiento de la oficina de atención a las víctimas del terrorismo de Estado.
“Tenemos muy buen trato, muy buena relación con el profesor Yamandú Orsi; es el primer presidente que nos recibe dos veces en una misma administración”, destacó Grisoni. “El gobierno aceptó y va a informar a la CIDH que está dispuesto a iniciar las negociaciones que corresponden de acuerdo a los protocolos internacionales para llegar a un acuerdo amistoso con Crysol”, reafirmó.
“Si la CIDH te ampara, la Corte te va a dar la razón. Esa es la experiencia histórica”, apuntó. “Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos”, valoró, y adelantó que se juntarán la semana próxima “para evaluarlo” con la comisión directiva. “Ha sido un paso muy importante, muy trascendente, porque es un tema con el cual venimos batallando desde hace décadas”, finalizó.
En representación del Poder Ejecutivo asistieron a la reunión Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director general de Presidencia, Diego Pastorín. En tanto, por la organización participaron, además de Grisoni, Graciela González, Chela Fontora, Baldemar Taroco, Enrique Chalar, José P Olivera y Waldir Tabárez.
Un reclamo de años
Tras el encuentro de este viernes, el gobierno informará formalmente a la comisión su disposición de negociar con Crysol, y el organismo “funcionará como intermediario”.
En setiembre de 2023, 896 ex presas y ex presos políticos se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en reclamo por “la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de tres incisos de la ley”. En diciembre de 2024, la SCJ “no nos dio la razón”, recordó Grisoni, y en febrero de 2025, previo a la asunción de Orsi, se presentaron ante la CIDH “con el respaldo de 767 personas”, una cantidad inferior a la inicial, debido a los fallecimientos que se sucedieron en ese lapso de dos años.