La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) firmaron este miércoles un convenio de colaboración para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar.
“Nos comprometemos a facilitar y apoyar el trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, posibilitando el acceso irrestricto a los archivos que puedan resultar relevantes para la investigación”, afirmó el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, en el acto de firma. El convenio comprende tres dependencias: el Archivo General de la Nación, la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil y la Biblioteca Nacional, sin perjuicio de que “puede haber otros o podemos encontrar que pueda haber otros lugares de interés”, aclaró Mariana Mota, presidenta de la INDDHH.
Mahía indicó que la cartera también se compromete a “entregar copias completas de la documentación requerida, sin oponer criterios de secreto, confidencialidad o reserva”. Asimismo, se pondrán a disposición de la INDDHH “bases de datos digitalizadas” y se designará “un funcionario de referencia para acompañar técnicamente el trabajo archivístico”.
“Este no es solamente un acuerdo administrativo, es una expresión concreta de cooperación interinstitucional, de transparencia y de compromiso con la verdad. Como ministerio, entendemos que abrir archivos es fortalecer la democracia, es contribuir a la construcción de memoria, a la vigencia de los derechos humanos y a la consolidación del Estado de derecho”, dijo el ministro.
Mota señaló que el convenio suscrito “trata de cumplir con la ley de búsqueda de detenidos desaparecidos”, que “habilita a la institución, a través de su área de búsqueda de detenidos desaparecidos, a acceder a los archivos públicos o privados que hubiere en cualquier parte del país, para conocer y recabar los datos que fueran necesarios en sus investigaciones e incluso pedir copias”. La presidenta sostuvo que, “aun teniendo esas amplias facultades”, la INDDHH ha apostado por “la colaboración y el diálogo con las autoridades correspondientes, y en esa línea va este convenio”.
La presidenta de la INDDHH mencionó que, además del convenio con el MEC, también se han suscrito acuerdos con el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia de Montevideo y, este martes, se firmó el acuerdo de confidencialidad necesario para aplicar la resolución del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) que encomienda a las Fuerzas Armadas asegurar el “acceso irrestricto” de la INDDHH a los archivos militares.
Sobre la resolución del MDN, señaló que significa un “avance muy importante”, que “cambia la forma de acceder a los archivos”. Mientras que “antes estábamos pidiendo que nos proporcionaran tal o cual documento, ahora podemos ir y verlo; esa es la idea: ir y conocer lo que hay en ese archivo, y los investigadores podrán acceder a ver no solamente el documento, sino otros que pueden estar relacionados y que no conocíamos o que no sabemos. Todo eso en el marco de la búsqueda de la información que permita nutrir las líneas de investigación y que nos posibilite conocer las circunstancias de la desaparición de tantos uruguayos y uruguayas”, afirmó Mota.
En una rueda de prensa, la exjueza apuntó que acuerdos como el firmado con el MEC permiten que los investigadores de la INDDHH dejen de depender “de la buena voluntad de quien estaba al frente de cada fondo documental o de cada dirección”. Mahía consideró que el convenio aporta, al menos, “un elemento más a disposición de la investigación y una colaboración del Estado”. “Después, esperemos tener la mayor riqueza de documentación para aportar”, agregó.
A Madres y Familiares le preocupa la “aparente inacción” del gobierno sobre la búsqueda
Ignacio Errandonea, referente de Madres y Familiares, presente en la firma del convenio junto con otros integrantes de la asociación, dijo a la prensa que el acuerdo firmado entre el MEC y la INDDHH “es importante”, en tanto “agiliza” la búsqueda. “Todos sabemos lo que es la burocracia, y una cosa es tener que solicitar, esperar respuestas, etcétera, y otra que los investigadores tengan acceso directo a los archivos”, señaló.
No obstante, apuntó que, en cuanto al fondo del asunto –“cómo obtener la información del paradero de nuestros familiares”–, no han recibido “señales claras de este nuevo gobierno”. En esa línea, señaló que la asociación está a la espera de una solicitud de entrevista con el presidente Yamandú Orsi y que pretende pedir nuevos encuentros “para ver en qué se ha avanzado”.
“Nos preocupa que no haya habido una solicitud a toda la ciudadanía que posee información para que la brinde. Nos preocupa que el presidente de la República no haya dado la orden a las Fuerzas Armadas de que entreguen toda la información que poseen. Nos preocupa esta aparente inacción sobre el tema”, planteó.
Consultada sobre si el gobierno ha hecho llegar algún tipo de material a la INDDHH sobre el tema, Mota respondió que no. “En principio, no lo hemos tenido. Pero bueno, en la medida en que se nos faciliten estas posibilidades de acceder a la información documental, lo agradecemos, obviamente”, respondió.
Respecto de qué tipo de información se puede encontrar en los archivos que comprenden el convenio, Errandonea destacó, por ejemplo, que al ingresar al Registro Civil se puede acceder a las partidas de nacimiento. “Tuvimos casos en los que se pedía la partida de nacimiento, a partir de un número de cédula, y nos decían: ‘No hay’. Nos pasó en el período pasado”, afirmó el integrante de Madres y Familiares. Por lo tanto, “poder entrar y verificar que tal persona, sí, se llama así, tiene esta partida de nacimiento, tiene esta cédula de identidad, permite agilizar. Porque hay denuncias [sobre desaparición forzada], sobre todo en Argentina, que cuestan”, ya que “es difícil corroborar porque la familia se ha muerto”, señaló Errandonea.
“No vamos a encontrar dónde está enterrado Fulano o Sultano, pero sí podemos encontrar datos que nos acerquen a corroborar otro tipo de datos”, explicó el referente de Madres y Familiares.