“La calle no es una falta, la falta es el Estado”, reza el comunicado emitido por el colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep), en rechazo a los operativos de calle que lleva adelante el Municipio Ch.
“La alcaldesa del Ch [Matilde Antía] salió a aplicar la Ley de Faltas con la Policía. Llamó a los vecinos, los juntó y fueron a la décima [comisaría 10 de Montevideo] y empezaron a aplicar la Ley de Faltas represiva contra personas que viven en diferentes lugares de la zona del Ch”, dijo a la diaria Eduardo Cabrera, integrante de Nitep.
“¿A quién le hablan cuando dicen ‘molestia’? ¿Quién decide qué vida incomoda y cuál merece ser mirada?”, cuestiona el escrito posteado en la cuenta de Instagram de Nitep. “Trasladar no es acompañar, trasladar sin consentimiento es castigo con uniforme y llamarlo asistencia es una mentira prolija”, continúa.
En diálogo con la diaria, Matilde Antía explicó que la aplicación del Operativo Calle en el municipio surgió como “plan piloto” en noviembre de 2025 a partir de reclamos vecinales “por problemas de convivencia”. “Había campamentos ocupando espacios públicos, veredas o la puerta de la casa” de un vecino, señaló.
Según la alcaldesa, desde el municipio se recorre la zona –que abarca los barrios Tres Cruces, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta Carretas– “con una dupla de policías” de las seccionales 9, 10 y 11. El rol del Ch es “limpiar ese campamento”, explicó Antía. En el operativo, “el primer acercamiento” lo hace el funcionario policial, quien entabla una conversación con la persona en situación de calle, le ofrece la asistencia del Estado y el traslado hasta un refugio, en caso de que la persona quiera.
“En caso de que no, le pide que se traslade y le explica que no puede acampar en la vía pública y menos aún en la puerta de la casa de un vecino”, señaló Antía, y agregó que es “exactamente el mismo procedimiento que lleva adelante el Ministerio del Interior con la Ley de Faltas”.
El rol del Mides y el de los municipios
Eduardo Cabrera dijo que en otros municipios “no se ve al Ministerio del Interior levantando a personas en situación de calle” y que lo que hace el Ch es “barrer debajo de la alfombra y expulsar a esa gente para el Municipio B”.
Antía, en tanto, consideró que “no es tan así”. “Jurídicamente el Estado está haciendo todo lo que tiene a su alcance. Si la persona dice que no quiere esa asistencia, se tiene que mover de ese espacio en el que está y hasta ahí llegó el rol del Estado, porque jurídicamente no tiene otra forma en la que ayudar a esa persona”, determinó.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dijeron a la diaria que es “fundamental” el trabajo de “todos los organismos públicos” en esta problemática y que, en ese sentido, la cartera “coopera con todas las instituciones y niveles de gobierno” asumiendo sus competencias. “No competimos por el protagonismo de la solución, cooperamos y trabajamos con todos”, subrayaron.
Emergencia nacional
La alcaldesa manifestó su preocupación por la situación de calle y consideró que debería ser una “emergencia nacional” de todo el año, no solamente en invierno.
“Si fuera Yamandú Orsi, declararía emergencia nacional todo el año”, espetó, y propuso la creación de un “GACH”, similar al creado durante la pandemia, pero con especialistas en situación de calle: psiquiatras, trabajadores y asistentes sociales y personas especializadas en criminología. “Un grupo asesor de calle y convivencia honorario”, puntualizó. “Lo que más necesita la persona en calle es contención y también disciplina, rutina, vínculos y, sobre todo, un trabajo, que eso es lo que le da estructura a la vida y le hace recuperar la dignidad”, opinó.
Para Cabrera, “es un tema que hay que articular entre todos; el Mides solo no puede con esto”, valoró. Hay que incluir al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al MI “y, obviamente, a los municipios”.