“Lo que queremos es dar transparencia”, afirmó la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, sobre los 16 artículos de la Rendición de Cuentas que modifican aspectos vinculados a la ley que regula los servicios de difusión de contenido audiovisual por radiodifusión o suscripción (Ley 20.383). La normativa vigente, comúnmente denominada ley de medios, fue promulgada en octubre de 2024 –en sustitución de la ley sancionada en el gobierno frenteamplista de José Mujica– y reglamentada por decreto en febrero de 2025, es decir, en los últimos días del gobierno de Luis Lacalle Pou.
En junio del año pasado, la actual administración modificó algunos artículos de ese decreto reglamentario y ahora se propone introducir un segundo conjunto de modificaciones, siempre y cuando consiga los votos suficientes en la Cámara de Diputados.
“Estos artículos lo que están buscando, entre otras cosas, es que realmente sepamos quién se hace responsable de pedir una información o una licencia para utilizar un medio público. Eso es cultura, eso es educación, y va más allá de un tema de espectro solamente”, expresó Cardona, según consta en la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la cámara baja, cuando el ministerio compareció para defender el proyecto presupuestal.
El gobierno pretende “evitar la extranjerización” de los medios
Ante los legisladores de la comisión, el director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Pablo Siris, fundamentó los cambios propuestos, artículo por artículo. Explicó que con el artículo 176, por ejemplo, se procura “evitar la situación en la cual determinados operadores de servicios de comunicación audiovisual que obtienen una licencia y, por lo tanto, consiguen la concesión de uso y aprovechamiento de una frecuencia radioeléctrica –que es patrimonio de toda la humanidad, administrada por los estados–, la utilicen como simples latifundistas inmobiliarios”; es decir, alguien que, una vez obtenido el servicio, “en vez de brindarlo, lo aprovecha alquilándolo a terceros”.
Si bien la normativa vigente ya establece que las licencias se otorgan “con carácter personal e indelegable”, también dispone que “no se considerará delegación de la prestación del servicio el suministro de servicios de difusión de contenidos audiovisuales para terceros por parte del licenciatario, destinados a integrar su programación, siempre que estos servicios no tengan una duración mayor al 25% del total de las emisiones del servicio de difusión de contenido audiovisual a un mismo tercero, y no tengan una duración mayor al 75% de las mismas cuando se trate de una pluralidad de terceros”. El gobierno propone eliminar esto último.
Siris mencionó que, además, “se busca evitar que, por esa vía, grupos mediáticos se apropien de medios de comunicación cuyos titulares lo único que hacen es, por ejemplo, pasar música de 00.00 a 6.00 de la mañana, dejando todo el resto del horario para ser alquilado”, así como también que “personas que no tienen los requisitos para acceder a una frecuencia, a una licencia de servicios de comunicación audiovisual, se hagan de su control por esta vía”.
Con el artículo 179, en tanto, se pretende “evitar la extranjerización del ecosistema de servicios de comunicación audiovisual”, dado que “el espectro radioeléctrico es un recurso que hace también a la soberanía de nuestro país, y en tanto los medios de comunicación audiovisual –este es un fenómeno no menor– construyen la forma en la que vemos la sociedad, son constructores de la democracia en la que vivimos”, afirmó el jerarca, quien el período pasado se desempeñó como director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) en representación de la oposición. “Es imprescindible que quienes asuman el control de esas frecuencias sean ciudadanos de nuestro país y aporten a esa construcción democrática en nuestro país”, subrayó.
Este artículo propone dos cambios concretos. Por un lado, eliminar la posibilidad de que una persona con residencia uruguaya por un período no menor a cinco años pueda acceder a una licencia de un servicio de difusión de contenido audiovisual, manteniendo como requisito que el titular sea un ciudadano natural o legal en ejercicio de la ciudadanía. Por otro lado, reemplazar la palabra “declarar” por “acreditar” en cuanto a la exigencia vinculada al origen legítimo de los fondos comprometidos en la inversión a realizar.
Siris indicó que, “al pasar a la acreditación del origen legítimo de los fondos”, en lugar de la declaración, “se busca evitar que las frecuencias radioeléctricas sean utilizadas para el lavado de activos”. “Porque ¿cuánto vale una radio? Si yo le ofrezco a alguno de los legisladores o de las legisladoras aquí presentes que compre una radio, ¿cuánto vale? ¿3.000? ¿30.000? ¿300.000? ¿3 millones? Es un mercado ideal para el lavado de activos en tanto las cosas no tienen un precio identificable”, advirtió.
A modo de fundamentación, en un documento adjunto a la Rendición de Cuentas, el gobierno sostuvo que, “de no aprobarse el artículo, adquirir medios de comunicación audiovisual se convertirá en una forma eficiente del lavado de activos”, dado que “se facilita a quien se dedica a actividades ilícitas, en caso de presentar una declaración falsa”.
Por otra parte, el director de Telecomunicaciones respaldó la concesión, por una única vez, de un plazo de 180 días para regularizar aquellas transferencias de los servicios de difusión de contenido audiovisual “realizadas sin contar con la correspondiente autorización del Poder Ejecutivo”, tal como se dispone en el artículo 191 del proyecto presupuestal.
En el intercambio con las autoridades del Poder Ejecutivo, el diputado colorado y expresidente de Antel, Gabriel Gurméndez, consideró que este artículo supone “una suerte de amnistía o perdona tutti de servicios que, aparentemente, han estado operando de manera irregular”. Siris lo negó y dijo que se plantea “dar un plazo para que las regularizaciones puedan llevarse a cabo, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan a quien sea”.
En términos generales, Siris dijo que el Poder Ejecutivo no tiene “un objetivo refundacional” ni tampoco pretende “restablecer la vigencia” de la ley aprobada en el gobierno de Mujica y derogada en el período pasado. Se trata, sostuvo, de “darle a la Ley 20.383 los mecanismos necesarios para que pueda ser aplicada a cabalidad”. “Y para esto se necesita recuperar el rol de la Ursec, que es el organismo asesor del Poder Ejecutivo, encargado de regular, monitorear y fiscalizar los servicios de comunicación audiovisual, así como el del Poder Ejecutivo, que es la elaboración de la política pública, y que es quien, en carácter último, autoriza licencias, transferencias, modificaciones de los servicios, revocaciones, etcétera”, agregó.
Desde la oposición proponen desglosar los artículos
A su turno, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez sostuvo que los artículos vinculados a la ley de medios “van en una línea de más control estatal, más restricciones, menos flexibilidad para los operadores y un régimen sancionatorio más duro”. Señaló que, entre otras cosas, “se amplían los plazos para que la administración investigue y sancione” y “se reduce el margen de seguridad jurídica para quienes quedan alcanzados”. “La orientación general de este bloque es más restricción para los prestadores. En varios casos, el proyecto no se limita a ajustar redacciones, sino que elimina posibilidades de excepción, autorización o flexibilidad que la ley vigente expresamente contempla”, resaltó, antes de sugerir que la comisión desglose los 16 artículos para tratarlos en un proyecto de ley aparte, con un “análisis pormenorizado” e independiente de la Rendición de Cuentas.
