El edil blanco Gonzalo Gómez reconoció que Pablo Leiva, su exasesor que fue condenado por lavado de activos y tráfico de municiones en el marco de la operación Trazador, no tenía tareas asignadas a pesar de recibir su salario como asesor. En ese marco, Ernesto Nieto, politólogo especializado en el segundo nivel de gobierno, valoró que el fenómeno “no es nuevo” y que “la ciencia política nacional viene advirtiendo desde hace mucho tiempo” que hay “problemas en la democracia subnacional”.
“Hay cuestiones institucionales –que en el caso de Uruguay, además, son constitucionales– que están detrás de esta situación, que generan una desigualdad importante entre los legisladores departamentales, y después hay razones políticas”, dijo Nieto, en referencia a que la definición de que el cargo de edil sea honorario está en la Constitución. A su entender, esta decisión del legislador entra en “contradicción” con las tareas que les han sido asignadas a los ediles, que incluyen legislar y controlar al ejecutivo departamental.
Frente a esta situación, señaló Nieto, los actores políticos “buscan compensar el trabajo de los ediles” y una de las maneras de hacerlo es otorgarles partidas que “normalmente se llaman partidas administrativas o partidas por secretarías”, aunque la forma y cantidad en que se dispongan depende de cada junta departamental y de cada presupuesto. Esto lleva a que existan “19 arreglos políticos” y que, por ejemplo, mientras en algunos departamentos los ediles “no pagan la patente de rodados si tienen un vehículo a su nombre”, en otros cuentan con “minutos para usar a través de alguna empresa telefónica” o reciben “algún tipo de pasaje”.
“Lo que se da en Montevideo es un caso excepcional, en el sentido de que es una de las partidas más importantes económicamente, pero además es uno de los arreglos políticos que permiten mayor contratación con mayor discrecionalidad”, apuntó el analista sobre la partida de “alrededor de 200.000 pesos que puede permitir la contratación de cuatro o cinco asesores”.
El politólogo explicó que para que los ediles dejen de ser honorarios y pasen a ser remunerados es preciso reformar la Constitución, lo que tiene como antecedente “un intento fallido” en 1994 a través de un plebiscito que tuvo muchos problemas, en su opinión, porque “había muchas cosas metidas” y la reforma no fue acompañada por la población. Subrayó que el diseño actual se pensó “prácticamente un siglo atrás” y no acompasa el hecho de que los intendentes, a quienes los legisladores tienen que controlar, hacen “cada vez más cosas”.
Según contó Nieto, “todos los intendentes están de acuerdo en que el cargo de edil tiene que tener algún tipo de remuneración”, y el hecho de que lo tuviera permitiría mejorar su “profesionalización” frente a un grupo de funcionarios que “no encuentra incentivos para mantenerse en su cargo”. En esa línea, “suponer que los ediles son totalmente honorarios” es un error, consideró, porque en más de un departamento existen partidas que “de alguna manera ofician como un salario”.
“Esto [el caso de Gómez y Leiva] es como una caja de Pandora. Puede ser una buena oportunidad para que nos ayude a mostrar esta realidad, pero partiendo de la base de que tenemos claroscuros: no todo Uruguay es igual. En la mayoría de los lugares no se va al extremo este de Montevideo, los gastos no son de este importe tampoco, pero sí deberíamos sincerarnos”, reflexionó Nieto.
El dilema por una reforma del gobierno subnacional
De acuerdo con Nieto, si se impulsara una reforma constitucional los intendentes deberían “ser un núcleo central” de la propuesta. En ese marco, sostuvo que se debería evaluar si se continuará con el sistema de mayoría automática en las juntas departamentales. Eso, según el politólogo, lleva a que pueda haber “menos controles”, ya que cada vez que aparecen irregularidades por parte de los intendentes el legislativo es “la primera barrera de contención”, pero “está en minoría” y “de plano parte en desigualdad de oportunidades”.
“La reforma de lo subnacional nos debería ocupar y tenemos que hacer varios cambios, no solo uno”, advirtió. En su visión, la solución al caso tiene que ser “de fondo”, porque cuando no existen “las reglas que prevengan todas las situaciones posibles, los actores pueden verse en la tentación de llevar esas reglas hasta donde lleguen sus posibilidades”.
El investigador reparó en que Uruguay todavía es una “isla” en lo que respecta al nivel de interés de la población en la política comparado al resto del continente. Sin embargo, advirtió que los estudios a nivel internacional muestran que “estas cosas no le hacen bien al interés en la política y que no le hacen bien a la democracia”. “La sospecha difunde un discurso generalizado de ‘todos roban, todos son iguales, todos abusan, todos se aprovechan’”, aseveró.
Con todo, dijo que a nivel nacional la democracia uruguaya funciona “satisfactoriamente bien”, pero insistió en que en el plano subnacional persisten los problemas y que “es el momento” de analizar una posible reforma que puede llegar, por ejemplo, desde el Congreso de Intendentes.
