El intendente de Salto, Carlos Albisu, había anunciado el interés de presentar el proyecto de plazas libres de humo y alcohol en varias oportunidades, y lo confirmó al remitir un proyecto de decreto en ese sentido a la Junta Departamental. La propuesta incluye inicialmente las plazas Artigas, Treinta y Tres Orientales, Flores y Franklin D Roosevelt, así como sus veredas perimetrales, aunque habilita al Ejecutivo departamental a extender la medida a otros parques, paseos y espacios públicos donde existan áreas de juegos, sectores deportivos o circuitos aeróbicos.
El texto remitido por el Ejecutivo fundamenta la iniciativa en la necesidad de preservar los espacios públicos de “agentes contaminantes derivados del consumo de tabaco y sustancias psicoactivas”, apelando además a criterios sanitarios, ambientales y de convivencia ciudadana.
Entre los argumentos centrales se menciona el respaldo del Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública a iniciativas similares, señalando que existe evidencia suficiente para justificar restricciones al consumo de tabaco en espacios abiertos donde concurren niños, adolescentes, embarazadas y adultos mayores.
El proyecto sostiene además que la exposición de menores a personas fumando implica una “transmisión de conductas no saludables” debido al rol de ejemplo que cumplen los adultos. La intendencia entiende que los mismos fundamentos pueden aplicarse al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, por lo que resolvió incluirlas dentro de la normativa propuesta.
En el articulado se establece la prohibición de fumar cigarrillos comunes, utilizar cigarrillos electrónicos, sistemas de vapeo o cualquier otro dispositivo similar, además de impedir la tenencia y consumo de bebidas alcohólicas en los espacios alcanzados.
La única excepción prevista corresponde a comercios habilitados por la intendencia que funcionen dentro de esos espacios públicos, los cuales podrán vender bebidas alcohólicas únicamente para consumo en áreas autorizadas o mediante entrega a domicilio.
“Devolver las plazas a las familias”
El encargado de los Servicios Generales de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, Carlos Silva, explicó a la diaria que desde su área participaron en recorridas y conversaciones previas con integrantes de la dirección de Jurídica.
Silva señaló que el espíritu de la iniciativa apunta a recuperar los espacios públicos como lugares de convivencia familiar. “Es poder devolver las plazas a la familia, a la gente, a los niños, al juego, y que se sientan cómodos sin que haya gente fumándole al lado o gente alcoholizada permanentemente”, expresó.
El jerarca sostuvo que la medida busca promover “la convivencia” y fomentar hábitos saludables, además de avanzar en políticas de prevención y promoción de la salud.
Relacionó la iniciativa con otras acciones de recuperación urbana impulsadas por la intendencia, como la mejora de iluminación y acondicionamiento de plazas y sectores de la costanera. “Cuando la gente ve que hay un espacio público recuperado, mejorado, empieza a aparecer la familia y se apropia del lugar”, afirmó.
La iniciativa también incorpora la prohibición de consumir sustancias psicoactivas en esos espacios, aunque el decreto no detalla específicamente mecanismos de control diferenciados para cada situación.
El texto plantea que debe evitarse la proliferación del “fumador pasivo” y la exposición involuntaria a vapores o emanaciones nocivas, especialmente en espacios utilizados por menores de edad. Además, enfatiza la necesidad de proteger áreas cercanas a centros educativos y puntos de atención sanitaria.
Plaza Artigas de Salto (archivo).
Foto: Mariana Greif
Debate jurídico y antecedentes
La propuesta abre también una discusión sobre los límites regulatorios en espacios públicos abiertos. Ante la consulta de la diaria sobre si es posible prohibir fumar en la vía pública, Silva derivó la respuesta al área jurídica de la intendencia, responsable de la elaboración del proyecto.
De todos modos, comparó el debate actual con las resistencias iniciales que generó en Uruguay la prohibición de fumar en espacios cerrados impulsada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. “Hoy a nadie se le ocurre fumar en un boliche o en un baile. Son pequeños pasos que hay que ir dando para generar conciencia colectiva”, sostuvo.
El proyecto invoca además fundamentos constitucionales vinculados al derecho a la salud, la protección ambiental y el interés general. Entre otras disposiciones, señala que el Estado tiene la responsabilidad de propender al “perfeccionamiento físico” de la población y garantizar ambientes saludables y libres de contaminación.
Otro de los aspectos que deberá reglamentarse es el sistema de control y fiscalización. El proyecto establece que las sanciones podrán ir desde apercibimientos hasta multas, cuyo monto máximo se basará en lo previsto por la Ley 18.256 vinculada al control del tabaco. Sin embargo, la gradualidad y aplicación concreta quedarán sujetas a una reglamentación posterior del Ejecutivo departamental.
Silva indicó que actualmente el control del consumo de alcohol por menores y determinadas situaciones en espacios públicos corresponden a la Policía, aunque reconoció que el funcionamiento del eventual decreto dependerá también de otros mecanismos municipales.
En ese marco, mencionó la posibilidad de articular controles con áreas de vigilancia de la intendencia y con la futura guardia municipal que el gobierno departamental analiza implementar.
Críticas y cuestionamientos
La iniciativa ya comenzó a generar reparos desde sectores de la oposición, que ven con preocupación posibles excesos regulatorios y un eventual avance hacia formas de control más rígidas en los espacios públicos.
También surgieron interrogantes sobre cómo impactaría la medida en familias fumadoras que concurran a plazas públicas. Silva admitió que podrían evaluarse alternativas durante la reglamentación, como habilitar determinados sectores específicos para fumadores. “Seguramente en la reglamentación esas cosas se puedan dar”, indicó.