A unos pocos meses de dejar la presidencia de la República, Tabaré Vázquez convocó a una mesa de diálogo sobre la judicialización por procedimientos y medicamentos que financia el Fondo Nacional de Recursos (FNR). A fines de octubre Vázquez recibió en la residencia de Suárez y Reyes a Mariana Blengio, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), y ella le transmitió su inquietud por el acceso a los medicamentos de alto precio, entonces, según contó Blengio, el presidente resolvió generar una mesa de diálogo, que se desarrolló ayer en la Torre Ejecutiva. Además de Vázquez y Blengio, participaron Jorge Basso, titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), y Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico del Uruguay, y expusieron Lucía Delgado, representante del FNR, Hugo Rodríguez, de la Cátedra de Medicina Legal de Facultad de Medicina (Universidad de la República) y Nilza Salvo, ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno.
El FNR fue creado en 1980 para financiar procedimientos de alto costo y en 2006 sumó los medicamentos. Vázquez defendió esta herramienta: “Es algo que debemos cuidar porque hace a la justicia social y a la solidaridad entre todos los uruguayos”, dijo. El FNR gasta 250 millones de dólares anuales; 90% provienen de los aportes de socios del Fondo Nacional de Salud y 10% de Rentas Generales.
“Es bueno que nos reunamos distintos actores para ver cómo podemos encarar en un futuro inmediato, es un problema grave que va a tener que enfrentar el próximo gobierno”, anunció Vázquez. “Queremos empezar a trabajar aquí para ver si podemos elaborar una propuesta, un análisis crítico de la situación” y con metodología científica, “una síntesis que apoye al próximo gobierno para que se pueda desarrollar una política de Estado en un tema tan importante como este. Esta es la intención de este grupo de trabajo”, afirmó.
Basso informó que la cantidad de procedimientos y medicamentos que financia el FNR creció en el último quinquenio y que se logró costear “con los mismos recursos, en base a la negociación”. Recordó que ningún país, por más rico que sea, puede proveer todas las tecnologías o intervenciones, y mencionó que para priorizar la inclusión de prestaciones, el MSP consultó a más de 30 cátedras de la Facultad de Medicina y a más de 60 movimientos de usuarios por enfermedad para contemplar su opinión, y que considera “una serie de variables en cuanto a pertinencia, relevancia, impacto sanitario económico, concordancia con los objetivos sanitarios, aplicabilidad de la tecnología, demandas de la sociedad”.
Aumentó la cobertura, pero también la demanda: Basso detalló que en 2016 el MSP registró 100 demandas y 550 en lo que va de 2019 (ver gráfica); agregó que los gastos en medicamentos triplican los gastos del programa de vacunación, que antes era el más caro del MSP.
Basso comentó que las condenas judiciales para suministrar medicamentos deben resolverse en 24 horas y que además de ser “prácticamente imposible” de cumplir porque muchos fármacos no están en el país, se genera “una relación de negociación muy desigual” con los laboratorios que tienen “el monopolio” de algunos medicamentos. “Tenemos solicitudes para hacer intervenciones en el extranjero así como cirugía estética”, deslizó, y agregó que “el MSP ha tenido que estar en el mismo día en 11 audiencias preliminares” y por medicamentos cuya eficacia no está comprobada.
Hablando en plata
Delgado puntualizó que el FNR financia 56 medicamentos de alto precio y 21 de ellos son oncológicos y “de altísimo precio”. Comentó que en Uruguay se recurre a la vía judicial para acceder a medicamentos que no están incorporados a las presentaciones universales, pero que en otros países de América Latina se judicializa a los estados por no cumplir con lo que incorporaron, algo que aquí no ocurre.
La oncóloga dijo que el FNR “no es solamente una agencia financiadora”, sino que establece la normativa de cobertura: “Los criterios de selección de pacientes son calcados de los estudios clínicos que demostraron el beneficio”, explicó. Dijo que eso permitió comprobar que los tratamientos con trastuzumab, medicamento de alto precio para tratar el cáncer de mama HER 2 positivo, logran en Uruguay los mismos resultados que en los estudios clínicos, pero acotó que apenas reduce el riesgo de morir en 6% a 8% de las pacientes a las que se les diagnosticó tempranamente la enfermedad, y que el resto del beneficio se logra con los tratamientos complementarios, como quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia y cirugía.
Según Delgado, “la principal barrera” para el acceso a estos fármacos es el precio. Agregó que se está empezando a tener información de cuánto es el costo real de estos medicamentos. Dijo que si bien “es considerable” el costo de la investigación y el desarrollo, eso “no explica el precio; yo creía que sí hasta que empezaron a aparecer estudios y trabajos que nos muestran que no”, expresó, y mencionó estudios “que muestran globalmente que 30% de un valor de un medicamento es lo que se gastó en marketing”. Habló de un trabajo sobre un medicamento contra el cáncer que mostró que el costo para desarrollarlo fue de 648 millones de dólares y que la mediana de ingreso después de su aprobación fue de 1.658 millones de dólares. “La ganancia excede mucho el costo de inversión”, sostuvo Delgado, y dijo que “la noticia es buena” porque los precios pueden bajar sin que los farmacéuticos dejen de ganar.
La oncóloga reprobó que “el aumento del precio no es proporcional a la inversión en innovación, en desarrollo ni a la eficacia, estamos pagando más por nada”.
Criterios a acordar
La Cátedra de Medicina Legal hace la pericia de los reclamos judiciales. Rodríguez expresó que el derecho a recibir las prestaciones de salud “colide con otros derechos y otros intereses: con los costos, con la sustentabilidad del sistema, con el derecho a la propiedad y con el interés de lucro de las empresas”. Ante el cambio de gobierno, mencionó la conveniencia de “diseñar pautas generales que deberían ser resueltas antes y no ante cada caso concreto”, de modo de no admitir excepciones a la hora de dar las prestaciones. Desaconsejó la judicialización de la política sanitaria y se preguntó si esta “no sería una cuestión para que la decida la soberanía popular: ‘¿Cuántos puntos de IVA quiere usted pagar para que viva una semana más, en malas condiciones, toda la gente que lo quiere hacer?’ Esa cuentita puede hacerse y la gente tiene que tomar conciencia de cuándo lo mira como un problema general y no como un caso individual de alguien con quien empatiza”, expresó. Enumeró otros criterios que deberían considerarse: que el Estado sólo financie prestaciones con suficiente nivel de eficiencia científica y de costo-efectividad (dijo que se han presentado recursos de amparo por fármacos que están en fase de investigación); consensuar los niveles de costo-efectividad (debería ser una decisión de carácter técnico y pesar más la opinión de la Organización Mundial de la Salud que la de la Organización Mundial del Comercio, afirmó), con criterios “transparentes y públicos” (que no pasen por procedimientos administrativos sino por lo consensuado); que la canasta de prestaciones sea dinámica y revisada por un organismo que refleje diferentes perspectivas.
Ninguno de los expositores defendió la judicialización. Salvo afirmó que “es un problema” que “vino para quedarse”. Dijo que a veces un tribunal de apelaciones otorga un medicamento y otras no, ante reclamos idénticos, porque depende de su conformación, y que pese a que la Suprema Corte de Justicia resolvió que es el MSP el que tiene que determinar qué prestaciones se dan, la mayoría de los jueces considera que el derecho a la salud no entiende limitaciones. Reconoció que “los fallos contradictorios” determinan “un resultado insatisfactorio, no sólo para los jueces sino para todos”.