Cuando un niño, una niña o un adolescente que está bajo protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tiene una crisis aguda por un padecimiento mental, es derivado a una clínica privada de atención médica, entre ellas las llamadas API. “Son dispositivos con muchos niveles de seguridad y con rutinas muy exigentes, porque están diseñados para cuando hay un intento de autoeliminación, una crisis de agresión propia o de agresión a otros. No tienen ningún contacto con el exterior, las visitas familiares están sumamente regladas, no participan en actividades educativas ni fuera del centro. Son centros que tienen una dinámica de muy poco espacio personal, no tienen intimidad, todo es colectivo, no poseen ningún objeto personal. Se bañan todos juntos (mujeres y varones por separado) y hay un educador que los mira. A la hora de dormir todos van a los cuartos, se cierran con reja y duermen con ropa interior para que no haya ningún elemento para lastimarse ni lastimar a otros. A la hora de comer se sientan todos, con las manos abajo de la mesa, se les entrega a todos la medicina y después comen; no manejan cuchillos, tenedores, no manejan nada que pueda lastimar. Hay cámaras en todos lados y niveles de seguridad extremos”, describió, en diálogo con la diaria, María José Doyenart, trabajadora social e integrante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Si bien la intervención tendría que ser acotada en el tiempo, se extiende de siete días a más de dos años y medio, y por eso la INDDHH presentó, el viernes 15, una acción de amparo ante la Justicia, para “cesar la grave vulneración de derechos” y para que el INAU derive a quienes tienen el alta médica “a lugares apropiados conforme a las indicaciones médicas explicitadas en las altas médicas correspondientes”, dice el escrito. La INDDHH presentó el recurso por 16 niños, niñas y adolescentes que estaban internados y con alta médica en dos de las clínicas con las que INAU tiene convenio –Los Robles y Klinos– el 26 y el 27 de febrero, cuando los técnicos del MNP visitaron por última vez esos centros. De los 16 casos, el alta más reciente era del 31 de enero de 2019 (un mes y medio al momento de que se presentó el escrito), y el alta más antigua era del 18 de mayo de 2017, es decir, casi dos años.
El miércoles, Óscar Núñez Ramalho, juez letrado de Primera Instancia de Familia de 2º Turno, hizo lugar a la solicitud de la INDDHH y ordenó al INAU derivar a esos chiquilines a lugares apropiados “en el plazo máximo e improrrogable de siete días corridos”. En consonancia con el recurso de la INDDHH, el juez también le ordenó al INAU “que diseñe los mecanismos adecuados de seguimiento y acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes que ingresen a centros para atención de crisis en fase aguda, que garantice sus derechos y permita prever una derivación oportuna y adecuada al proyecto de atención integral de cada uno de ellos en el plazo máximo e improrrogable de 30 días corridos”.
Tanto la INDDHH como el INAU comparecieron a la audiencia del miércoles. En la sentencia el juez dejó constancia de que el INAU pidió que se citara al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), pero no hizo lugar. “Las explicaciones brindadas por el INAU respecto a la denuncia planteada en autos no son para nada convincentes, ni justifican las omisiones denunciadas”, afirmó el juez, que expresó que “la no derivación a la mayor brevedad de parte del INAU” de esos niños “constituye una omisión actual e inminente” que lesiona varios derechos, entre ellos el derecho a la libertad –porque tras tener el alta “permanecen internados en estrictas condiciones de encierro”–, a la salud, a la participación social y al acceso a la educación y a la cultura.
En busca de soluciones
La INDDHH venía evaluando la situación y haciéndole recomendaciones al INAU para resolver esta problemática desde 2016. En mayo de 2018 el centro Klinos acudió a la Justicia para resolver la situación de un chico que llevaba tres años internado pese a tener el alta médica; el caso se resolvió, pero la INDDHH comenzó a trabajar más de cerca para que el INAU acelerara los egresos. En aquel momento en las dos API había internados 32 niños, niñas y adolescentes que tenían el alta médica. Desde entonces ambas instituciones tuvieron reuniones periódicas. “Habíamos llegado a un techo, y las respuestas no eran acordes con la gravedad. Las respuestas que nos han dado no dan cuenta de que estén implementando dispositivos para que esto no vuelva a suceder. Llegamos a esta instancia después de dos años de trabajo con ellos, no es un tema nuevo que estamos planteando”, dijo Doyenart. La técnica reconoció que el INAU está “muy solo” y que la resolución no debería estar exclusivamente a cargo de ese organismo. Agregó que el problema es que en muchos casos no se recomienda que los chiquilines vuelvan al centro del que fueron derivados, y que en los centros de medio camino –que también se contratan por licitación– los cupos están llenos, porque tampoco tienen a dónde derivar. Según Doyenart, sería ideal que esta situación derivara en la creación de una mesa de acuerdo en la que estén representados el MSP e incluso el Ministerio de Economía y Finanzas.
En diálogo con la diaria, la presidenta del INAU, Marisa Lindner, reconoció que “existen situaciones en las que sabemos que tenemos que dar respuesta con mucha más celeridad”. Afirmó que en el último tiempo se ha avanzado y que al miércoles eran 12 los chiquilines internados en las API con el alta médica, aunque acotó que la situación tiene una variación importante, que “escapa a la planificación”. Coincidió en que es necesario resolver este asunto “cuanto antes”, y aseguró que se está trabajando para cumplir con los plazos dispuestos por el juez.
Según Lindner, el INAU tiene licitación con 13 centros de alta especialización que ofrecen distintos niveles de la intervención, para situaciones agudas, casas de medio camino, centros para niños, adolescentes, crónicos y diurnos. Detalló que acaba de cerrar un plazo para incrementar 92 cupos en esos centros, y que próximamente el INAU llamará a una nueva licitación a partir de la cual se buscará “rediseñar los perfiles de servicios de protección de 24 horas” en centros de mayor especialización que atiendan, por ejemplo, a chiquilines con discapacidad. Además, planea desarrollar un proyecto piloto para tener cerca de 30 asistentes terapéuticos para poder cumplir lo que ordena la nueva Ley de Salud Mental, que entre otras cosas dictamina que las internaciones en centros psiquiátricos deben ser el último recurso y por el menor tiempo posible.
Doyenart también mencionó la necesidad de pensar nuevas apoyaturas para atender adecuadamente a estos niños y adolescentes, que hace mucho que tienen vulnerados sus derechos. Pidió que haya más técnicos, que haya programas para tratar situaciones de consumo problemático de sustancias y que puedan sostenerse procesos terapéuticos. Por el momento, muchos chiquilines han pasado por las API; piden que los saquen de ahí y que no los vuelvan a mandar a un centro así.