El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, está citado a declarar esta tarde en el Juzgado Letrado Civil de 9º Turno, a cargo del juez Alejandro Recarey, para explicar por qué el Ministerio de Salud Pública (MSP) no cumplió con la sentencia judicial del 23 de julio que hizo lugar a una acción de amparo para acceder a un medicamento de alto precio para una joven de 18 años con la enfermedad de Crohn. El medicamento es ustekinumab y no está registrado en Uruguay. Esa es, explicó Basso ayer en conferencia de prensa, parte de la causa por la que el fármaco no estuvo disponible 24 horas después de que se emitiera la sentencia judicial, tal como establece la normativa. Basso dijo que el laboratorio no tenía stock de este fármaco en el país y que debía traerse de Europa. Aclaró que podía traerlo un único laboratorio, que “agilizó los trámites” y se lo informó al juez. Además, dijo que se tuvo en cuenta que la médica tratante informó que la chica no corría riesgo de vida. El juez está dispuesto a llevar el caso al ámbito penal. “Es un fenómeno extraño porque en realidad dimos cuenta, se ha informado, pero de alguna forma se insiste en instalar en la opinión pública que hay una actitud displicente del Estado en cuanto a dar respuesta a estas cosas, cosa que de ninguna manera lo es y que más allá de la posición que tenemos sobre la judicialización de los medicamentos, en realidad se ha venido cumpliendo”, declaró el ministro. Las autoridades esperaban que el medicamento llegara ayer de tardecita; Basso no asistirá hoy al juzgado.
En lo que va del año se han presentado 350 acciones de amparo contra el MSP y el Fondo Nacional de Recursos para conseguir medicamentos de alto precio que no son cubiertos por el sistema de salud. De ellas, el MSP ha ganado, en primera instancia, apenas 20%, pero eso puede cambiar en segunda instancia, lo que puede implicar que la persona deje de recibir el fármaco que se le había empezado a dar. Ese es uno de los motivos por los que el MSP reprueba la judicialización, que suele fallar de manera diferente sobre un mismo caso, dependiendo del juzgado; en cambio, prefiere continuar con el plan de incorporación paulatina de acuerdo a una evaluación de costo-efectividad, con la que en esta administración ha incorporado 24 nuevos medicamentos de alto precio, a un costo que es negociado con los laboratorios.
Basso mencionó también la resolución del Consejo de la Facultad de Medicina que cuestionó la actitud del abogado Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, quien el 25 de julio tuiteó: “Ayer falleció Marcio, tenía 4 años y necesitaba el medicamento Spinraza para su Atrofia Muscular Espinal. Guarden sus millones, ya no los necesita. QEPD”, y lo mismo declaró en una entrevista televisiva. La resolución de Medicina se apoyó en un informe de la Cátedra de Neuropediatría, que explicó que el Spinraza no está indicado para el tipo de atrofia que tenía el niño. Con autorización de los padres, la cátedra difundió que los padres tenían claro que el medicamento no estaba indicado para el niño, que tuvo una sobrevida mayor a la esperada gracias a los cuidados de los padres, familiares, y los equipos de salud. El pronunciamiento de Medicina instó a los profesionales universitarios a “efectuar un correcto uso de la información” en los medios de prensa y redes sociales. “Llega un momento en el que uno se encuentra en un escenario en el cual el MSP aparece como pasivo o negligente, o incluso con una intencionalidad que lo pone al margen de lo que es clave para la población, que es la confianza”, cuestionó bastante molesto Basso.