“La salud mental es un tema de dignidad, es un tema de aceptación del otro, es un tema de derechos humanos, de respeto al otro”, afirmó María Josefina Plá, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) ayer, en una actividad que organizó para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre. Plá habló de la salud mental en un sentido amplio, como sinónimo de bienestar y de goce pleno de los derechos humanos. Repudió el encierro y señaló que la Ley 19.529, de Salud Mental, “no se está cumpliendo porque no se han abierto todos los dispositivos que se tienen que abrir” y porque “no sabemos cómo va a ser el cierre definitivo [de las instituciones asilares y monovalentes] que está marcado para dentro de cinco años”. Mientras eso se concreta, recordó que hay “otras cosas que se pueden ir haciendo para que el derribe de esas barreras sea más natural y obvio”, y a eso apunta la campaña de información y sensibilización sobre el nuevo paradigma de salud mental que lanzaron la INDDHH y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
Lecturas de la locura
Miguel Scapusio, coordinador del Programa de Salud Mental y Derechos Humanos de Serpaj, apuntó que la campaña busca “colocar este tema que es crucial y que lamentablemente ha sido postergado durante décadas”. En concreto, dijo que se busca “sensibilizar a la población acerca de la necesidad de dignificar el sufrimiento humano” y a “desestigmatizar todo lo que se entiende por locura”. Para eso, citó al poeta portugués Fernando Pessoa, “quien decía que la locura era un invento de los hombres para marginar a las personas que molestan a la sociedad”, y añadió que hay quienes dicen que “los encierros no sólo no curan sino que destruyen potencialidades psicológicas, intelectuales, relacionales y sociales, aíslan a las personas y las marginan de sus derechos”.
Durante la discusión de la Ley de Salud Mental, varias organizaciones reprobaron el uso del término “trastorno mental”, que finalmente fue incluido en el texto, y Scapusio lo trajo a colación. Dijo que el filósofo Jean Baudrilliard vaticinó que “en las lógicas actuales del capitalismo las neurociencias van a ocupar un lugar cada vez más importante tratando de mostrar que los problemas no son sociales sino individuales” y que “el término ‘trastorno mental’ alude un poco a eso”. “Queremos rescatar que acá no se trata de neuronas o partículas a investigar solamente -capaz que eso es necesario- sino que se trata también de estudiar al ser humano, no según su fórmula sino según su forma humana”, en el sentido de “humanidad”, aclaró.
Enrico Irrazábal, decano de Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar), invitó a pensar “las condiciones de producción de la locura, que son la clave para producir las condiciones de salud, de bienestar, de despliegue intensivo, creativo, productivo, intempestivo, amoroso de nuestras vidas”. En diálogo con la diaria, Irrazábal sostuvo que “el sistema de producción y la pérdida de sentido es un elemento clave en la producción de locura” y comentó que “la capacidad de que nuestro deseo empiece a circular sobre aquello que más daño nos hace es la paradoja en la cual vivimos”. En un sentido similar a Scapusio, el decano dijo en la mesa que “hay condiciones de producción de locura” y señaló que “la materialización de concepciones dominantes de salud y enfermedad hacen que aceptemos con una enorme naturalidad el secuestro social”. Con eso, aludió explícitamente a “las instituciones totales”, como son los hospitales, sanatorios y asilos psiquiátricos, que “no son otra cosa que la desaparición de la escena pública de algo que nos cuestiona a los normales; si bien podemos mirar que este modelo en muchas partes del mundo -y no del primer mundo solamente- es vetusto y anacrónico, sin embargo nosotros podemos pasar con cierto anonimato por enfrente de Millán 2515”, dijo, en alusión al Vilardebó.
Scapusio recordó que la Ley de Salud Mental establece el cierre de los manicomios para 2025, algo que las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ya han anunciado que no llegarán a cumplir, a la vez que se desconoce cuál será el cronograma de cierre que estipule el Ministerio de Salud Pública (MSP) para los sanatorios y clínicas privadas.
Covid, presupuesto y políticas
Para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental la OMS destacó “la necesidad urgente de incrementar la inversión” en esta área. Ángel Valmaggia, presidente de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental -un órgano desconcentrado dependiente del MSP creado por la Ley 19.529 y al que se puede denunciar los incumplimientos- dijo que es “imprescindible” tener “un presupuesto adecuado” para la salud mental, que se ha visto “rezagada” en inversión en comparación con otras áreas de salud. A todo esto, dijo que “la aparición de la pandemia de covid-19 hace pensar que las necesidades de atención en salud mental serán aún mayores” porque diversos estudios muestran que hay “un aumento de síntomas depresivos y de ansiedad en la población”.
Wilson Benia, consultor de Sistemas y Servicios de Salud en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), también aludió a la pandemia: dijo que la covid-19 “tensó nuestro sistema” por la exigencia de atención a distancia y por la mayor demanda de los servicios. Pero además citó esta experiencia para compararla con las prácticas de abordaje del viejo paradigma de atención que busca saltar la ley: “la enseñanza de covid-19 es que a nadie le hace bien estar encerrado, el confinamiento -salvo para contagiarse de covid- y menos en dinámica estable de secuestro social”, dijo, retomando las palabras de Irrazábal.
“El gasto medio de los servicios de salud mental en la región representa sólo 2% del gasto público en salud”, dijo Benia, que contrastó ese porcentaje con el de “la carga global por causas vinculadas a la salud mental que implica 19% o 34% de la carga global de enfermedad, según el indicador que utilicemos”, y señaló que “hay una brecha” muy importante entre los padecimientos y los recursos que se destinan para atenderlos.
Pero además de ser escaso, Benia cuestionó que 60% del gasto público en salud mental se oriente hacia dispositivos hospitalarios: “Ya sabemos, probado está, que con dispositivos hospitalarios no se generan respuestas adecuadas e integrales a la problemática de salud mental, sin embargo por diversos motivos inerciales el financiamiento sigue orientado hacia allí. La convocatoria es a cambiar eso”, propuso.
Además de mencionar que es una cuestión de derechos, señaló la ecuación económica: dijo que “por cada dólar invertido en dispositivos de atención en salud mental, vuelven cuatro dólares” porque las personas y sus familias logran mayor capacidad de trabajo. “El llamado que hace OMS y OPS en la región es reasignar desde dispositivos hospitalarios a dispositivos que estén en el marco de la atención primaria de salud y la comunidad”, e invertir no sólo en dispositivos sanitarios sino intersectoriales, que permitan dar una respuesta amplia, que contemple la salud, el trabajo, la cultura y el desarrollo social, tal como lo plantea la Ley 19.529 y para lo que se conformó una comisión que propondrá políticas en ese sentido. “No es sólo cuestión de reordenarle a uno los neurotransmisores, puede ser necesario pero no es sólo eso, no es sólo cuestión de reorganizarle a uno las conductas aprendidas, puede incluirlo pero no es sólo eso, mucho menos es, si pensamos en el campo de las adicciones, meterlo a uno en dispositivos inspirados en el orden de lo confesional”, deslizó, y pidió aplicar a la salud mental los mecanismos de evaluación de tecnologías sanitarias que se usan para medicamentos y diagnósticos.
Tanto Benia como Irrazábal manifestaron que la academia también tiene que discutir qué profesionales se necesitan para los nuevos dispositivos y cómo deberá ser la adaptación a la nueva ley. Irrazábal aludió a la asistencia sanitaria que hace la Udelar y se preguntó cuántas camas se destinarán para internaciones de tiempo reducido como marca la ley, algo cuya definición comprenderá a las facultades de Medicina, Enfermería y Psicología.
Incumplimientos de la ley
Valmaggia aludió a tres incumplimientos que han constatado en estos años de existencia de la comisión, y que llegan a través de denuncias que pueden hacerse en el sitio web del MSP. Una de ellas refiere al artículo 25 de la Ley 19.529, que establece que “la hospitalización no estará sujeta a límites temporales de cobertura, cualquiera que sea la edad de la persona usuaria”. “Esto lo destacamos porque muchas veces nos han llegado denuncias de personas a las cuales las instituciones les niegan la internación por haber transcurrido más de 30 días anuales de internación”, afirmó.
Otros dos incumplimientos refieren a las notificaciones. La ley establece que el director técnico del prestador de salud debe comunicar las hospitalizaciones voluntarias e involuntarias que se prolonguen por más de 45 días corridos, dentro de las 72 horas de cumplido ese plazo y que eso no siempre ocurre. De la misma forma, hay omisión en la notificación de las hospitalizaciones involuntarias -todas deben ser notificadas a la Comisión Nacional de Contralor y a la INDDHH- dentro de las 24 horas siguientes a que ocurren, y el comunicado también debe ser hecho por el director técnico del prestador de salud.
Campaña y feria de salud mental
Videos, afiches y fotografías forman parte de la campaña de Serpaj y la INDDHH; se desarrollará durante todo octubre por las redes sociales. Mónica Giordano, referente técnica del área de Salud Mental de la INDDHH resaltó que la campaña no apunta sólo a quienes atraviesan un problema, sino de la calidad de vida en un sentido amplio y de derechos.
La actividad central se desarrollará este sábado entre las 14.00 y las 18.00 en la explanada de la Intendencia de Montevideo, en donde se hará una “feria de salud mental” que comprenderá a colectivos de usuarios y de organizaciones por los derechos de salud mental donde habrá, además, intervenciones artísticas.