Gabriela Jost, integrante del colectivo Madres del Cerro, salió de su comparecencia ante la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, el martes, con una tímida sonrisa. Fue la segunda vez que el colectivo concurrió al edificio anexo del Palacio Legislativo para entrevistarse con los integrantes de la comisión por el proyecto de ley titulado “Voluntad anticipada de recibir tratamiento en caso de consumo abusivo de drogas”. “Nos fue bastante bien”, resumió Jost en diálogo con la diaria cuando finalizó la reunión, aunque semanas atrás, las sociedades y cátedras de psiquiatría e incluso las autoridades del Área Programática de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP) habían manifestado en el mismo lugar su rechazo a la iniciativa.
Si bien el proyecto (ver recuadro) fue presentado por la diputada del Partido Colorado (PC) Nibia Reisch –quien ya lo había propuesto en la legislatura pasada–, fue redactado por las integrantes de Madres del Cerro, que nuclea a madres y familiares de personas con consumo abusivo de drogas, especialmente pasta base. “El consumidor es el emergente de una familia que necesita mucha ayuda”, sostuvo Jost, quien hace más de diez años empezó a luchar contra la pasta base con su hijo. Aseguró que con este proyecto las familias no le están pidiendo nada al Estado: “Lo que nosotros estamos diciendo es que aquel que tenga la voluntad para poder internarse deje asentado que es su voluntad y pueda seguir el tratamiento en algo privado, en algo religioso o donde sea”, dijo, y remarcó que debido a las dificultades de convivir con alguien con un consumo problemático sigue defendiendo “que una internación tiene que ser 24 horas”.
En parte, Jost les respondía a los referentes de las principales sociedades y cátedras de psiquiatría –la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay; la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia; la Asociación de Psiquiatras del Interior, y las cátedras de Psiquiatría de Adultos y de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República–, quienes habían asistido a la Comisión de Salud en julio y en agosto. Todas ellas habían planteado que la iniciativa “no da respuesta al problema y en algunos casos podría interferir con el abordaje terapéutico”.
Buscar alternativas
En sintonía con la academia, el director del Área de Salud Mental del MSP, el psiquiatra Horacio Porciúncula, expresó en la sesión de la comisión del 2 de setiembre que “la ley que se propone no da respuestas a estas cuestiones en términos generales y genera algunas circunstancias que la hacen controversial”, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. Para el especialista es necesario generar espacios de atención “más adecuados” con equipos interdisciplinarios que brinden un “fuerte apoyo” a los pacientes y al núcleo familiar.
Porciúncula manifestó las contradicciones de este proyecto con la Ley 19.529, de Salud Mental, que en su artículo 5 establece: “El consumo problemático de sustancias psicoactivas, en tanto su naturaleza es multidimensional, será abordado en el marco de las políticas de salud mental desde una perspectiva integral que incluya la reducción de riesgos y daños, la atención psicosocial, la integración educativa y laboral, la gestión del tiempo libre y el placer, y la atención de los vínculos con referentes socioafectivos en los ámbitos familiar y comunitario”, que se aleja del modelo de internación durante toda la jornada. Además, el capítulo V de la Ley 19.529 establece mecanismos de atención de las personas con afectación en salud mental, que muchas veces entra en concomitancia con el consumo de drogas. El modelo planteado por la ley plantea la integralidad de las prestaciones, el establecimiento de redes territoriales, la conformación de equipos interdisciplinarios y “abarca desde la promoción y prevención hasta las atenciones de internación de personas con afecciones de cualquier índole”, explicó el director. De esa forma, ya están establecidos los parámetros de acción para la atención de las personas en situación de consumo abusivo de drogas.
Sobre la voluntad anticipada, el director señaló que en el artículo 23 de la Ley de Salud Mental se solicita el consentimiento informado de la persona. Porciúncula expresó que el consentimiento anticipado no sería válido por dos razones: primero, porque la ley establece que se debe producir en el momento de la internación; segundo, porque “sabemos que el individuo que consume sustancias es capaz de firmar cualquier cosa en el momento a cambio de un beneficio secundario”.
Esos planteos, según Porciúncula, siguen a otra cadena de problemas. “Imaginemos, entonces, que esa persona mediante ese mecanismo tan complejo logra ser internada. La segunda pregunta que nos surge es ¿dónde? Hoy en el país no hay ningún lugar que sea cerrado para esas circunstancias. Además, el hecho de ser cerrado y contra la voluntad, el mecanismo básico para poder revertir esto, como también dijeron otros colegas, es que yo tenga la voluntad de dejar”. Otra de las dificultades que identificó Porciúncula es que el proyecto habla de un período mínimo de internación de tres meses. “La ley dice que nadie puede ser internado, salvo que sea con la finalidad específica de hacer un tratamiento”, dijo y señaló que, además, indica que a los 45 días, si la persona continúa internada, se debe informar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Contralor de la Ley de Salud Mental, que “dirán que a ese paciente hay que darle el alta porque esa persona, desde el punto de vista de la alteración mental, en ese momento no tiene ningún tipo de afectación mental”.
El equipo del Área de Salud Mental del MSP planteó alternativas. Porciúncula destacó el Equipo de Respuesta Integral a las Crisis Adictivas (ERICA), un programa que permite a los médicos ponerse en contacto con algún familiar del paciente, generar datos de georreferenciación (saber de dónde viene, quién lo conectó y hacer un seguimiento de la persona cuando se quiera ir), darle atención “desde el punto de vista orgánico” –hacerle exámenes y prevenir enfermedades– y “convencerlo de la necesidad de generar una terapéutica personalizada, individualizada, porque ahí está vulnerable para acceder a este tipo de cosas”. Aclaró que “cuando le voy a hacer la oferta terapéutica tengo que pensar que si le voy a ofrecer algo costoso, doloroso, prohibitivo o restrictivo, lo voy a contraponer a algo que le causa placer, porque tomarse la copita de vino, fumarse un porro o esnifar una línea es una cuestión placentera; durará poco, pero es placentera”; y la oferta no puede ser simplemente encerrarlo, sino “una alternativa diferente” que genere “un plan terapéutico que determine un cambio de vida”. Porciúncula reconoció que las “ventanas terapéuticas” como la que ofrece ERICA “deben multiplicarse” y generar ayuda para familiares y referentes afectivos.
Entre aprobarlo, modificarlo y rechazarlo
Legisladores del oficialismo y de la oposición expresaron en las sesiones, así como lo hicieron algunos de ellos en diálogo con la diaria, que están todos de acuerdo en buscar soluciones a esta problemática, pero las posturas cambian cuando se trata de apoyar este proyecto. En diálogo con la diaria, Reisch sostuvo que en la sesión del martes “quedó clara la necesidad de aprobación de este proyecto”, porque allí se tuvo “un enfoque muy diferente, con experiencias vividas en primera persona. No son cosas que están en los libros. Lo vivieron y remarcaron la importancia de la rehabilitación y la internación”, comentó. La diputada del PC defiende la iniciativa, pero no se cierra a que se le hagan modificaciones. Señaló que las críticas planteadas por la academia y el MSP aportan al objetivo, que es “generar el debate necesario” para encontrar soluciones, y destacó que la mayoría propuso alternativas. De todas formas, confía en que el proyecto se llegará a aprobar manteniendo su esencia, que es la internación, más allá de algunas modificaciones que se puedan aplicar a la redacción. Reisch contó que conversó con diputados del Partido Nacional y de Cabildo Abierto que integran la comisión, y que “existe consenso” en buscar una solución a la problemática por medio de esta propuesta.
Lucía Etcheverry, diputada del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Salud, dijo a la diaria que la coalición de izquierda quiere “generar las mejores respuestas a esta situación” porque comprende “la angustia de las familias y quienes tienen un consumo problemático de sustancias”, pero no consideran que el mecanismo adecuado sea este proyecto de ley. “No es que lo digamos nosotros”, lo han dicho la mayoría de las delegaciones que comparecieron ante la comisión, sostuvo. Agregó que al trabajar con un problema “multidimensional” hay “cuestiones que tienen que articularse y generar sinergia con recursos bien concretos y con dispositivos muy claros que están vinculados con la Ley de Salud Mental” para encontrar las soluciones adecuadas. La comisión evalúa varias alternativas presentadas por las delegaciones que comparecieron en estos meses, pero aún resta recibir a otros grupos. Según Etcheverry, la comisión espera haber “canalizado” el tema en las primeras semanas de octubre, y adelantó que “es un hecho” que el proyecto va a tener modificaciones o que se aprobará un proyecto alternativo.
Luis Gallo, diputado del FA e integrante de la comisión, explicó a la diaria que desde que el proyecto de ley se presentó en el período pasado, dijo que acompaña las recomendaciones de la academia. Afirmó que una persona con consumo problemático de pasta base no puede dar su consentimiento anticipado para ser internado porque es una persona con un “trastorno mental” y, por lo tanto, no está en condiciones de tomar esa decisión. “Creemos que esta no es la solución”, expresó, y apuntó que si el proyecto se pone a consideración en la cámara baja en estas condiciones, el FA “volverá a votar negativo”. Para el diputado, una solución, que está entre las alternativas a estudio, es aumentar la capacidad de alojamiento en los dispositivos Ciudadela, que son la puerta de entrada a la Red Nacional de Atención en Drogas, e incrementar la atención primaria con equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos y psiquiatras. Asimismo, sostuvo que “tiene que haber una escalera [de atención] y si se necesita termina en internación, que también tenemos un déficit [de lugares]”. Gallo criticó que el proyecto “hace una discriminación entre el que tiene plata para poder pagar la internación y el que no. Porque Uruguay no tiene la capacidad suficiente para internar a todo paciente adicto a la pasta base”.
Lo principal del proyecto de ley
Propone que cualquier persona mayor de edad “psíquicamente apta, que padezca de una adicción a cualquier tipo de drogas, en el momento de plena lucidez, en forma voluntaria, consciente, libre, podrá expresar su voluntad de ser sometido a una internación para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social para cuando se encuentre bajo los efectos de su drogadicción”. La persona deberá dejar su consentimiento de forma escrita ante dos testigos y no retractarse mientras esté en tratamiento. Los plazos mínimos establecidos para la internación son “tres meses y hasta seis meses”, a criterio de los profesionales médicos tratantes (se podrá renovar por seis meses más “ante una nueva expresión de voluntad”), y “deberá ser realizada en clínicas o instituciones, públicas o privadas, especializadas en la materia a juicio de los profesionales médicos tratantes”.