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Susana Quagliata.

Foto: Federico Gutiérrez

Susana Quagliata, psicóloga especializada en prevención del suicidio: “Si hablamos de la atención en salud mental, el sistema de salud no está respondiendo”

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“Uruguay sigue mirando para el costado”. Así se refiere Susana Quagliata a la problemática del suicidio en nuestro país y a la urgente necesidad de cambiar el enfoque en las políticas públicas. Magíster en Psicología Clínica y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar), actualmente es la responsable del curso de formación optativa de grado “Suicidio en niños y adolescentes”, y desde 2017 está a cargo de un curso de formación permanente de prevención en suicidio destinado a profesionales de la educación y la salud. En representación de la Facultad de Psicología integra, desde 2009, una comisión asesora de la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio en Uruguay. Su tesis de maestría, que defendió en 2015, también estuvo vinculada al tema: se tituló “Las características del duelo de las madres por hijos fallecidos por suicidio”.

En la charla Quagliata va y viene de lo más complejo y teórico a lo más concreto. “Es un problema estructural que está atravesado por lo político, lo ambiental, y lo individual”, dice, y agrega que “no hay mayor desamparo que la violencia económica”. “Este es un país donde se mantiene un statu quo de las clases sociales y los vulnerables son los más afectados, también en esta problemática. Para avanzar en este tema hay que romper privilegios”, afirma.

“Hay cosas que en el interior del interior están mucho más a la vista que en Montevideo. Uruguay tiene que dejar de ser hipócrita. Cuando uno ve la desprotección en que se deja a la infancia ante abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, trata de personas, explotación sexual, [que ocurren de] generación en generación, y ve que la Justicia hace, a veces, caso omiso o devuelve a las víctimas a los mismos lugares de donde los sacó, estamos generando cabezas dañadas”, dice sobre lo que entiende que es parte fundamental del problema.

Destaca la educación como un factor protector de la salud mental, y cuenta que en su curso de formación permanente cada año queda más gente afuera. “Demanda de formación hay, lo que no hay es oferta”, explica.

De su formación especializada en prevención del suicidio y su experiencia en clínica rescata “la importancia de poder sostener al sujeto que hace un intento de autoeliminación, de que sepa reconocer sus conductas de riesgo para cuidarse y ayudarlo a que salga de un estado de indefensión, dándole vías de salida y oportunidades, en el camino de la autonomía”.

¿Cuándo comenzó tu interés sobre la prevención del suicidio?

Para mí siempre fue una incógnita entender por qué una persona llega hasta ese lugar, y qué les pasa a los demás que no pueden hacer nada para interrumpir o intervenir, qué le pasa a la sociedad que no interviene. Fue una inquietud personal, y comencé a formarme desde mis años de estudiante. Por fuera de lo institucional académico, también busqué espacios clínicos de formación, y lo encontré en un grupo de padres (Renacer) cuyos hijos habían fallecido por suicidio y por otras causas, y me terminé quedando ahí siete años, co-coordinado el grupo con padres referentes.

Luego hice una maestría en Psicología Clínica sobre la perspectiva de estos padres, en la que también comencé a proponer algunas ideas destinadas a las políticas públicas en estos temas.

¿Cuál es tu mirada sobre el suicidio en Uruguay en 2021?

Es un problema muy grave. Desde 2019 a la fecha la tasa de suicidio sigue aumentando, más allá de las cifras que aparecen. En otros países, por ejemplo, no están diciendo que las cifras aumentaron después de 2020. Dicen: “Fue durante 2020 que aumentaron las cifras”. Mientras que en Uruguay el discurso es: “Al contrario de lo que se esperaba en 2020 no hubo un incremento de suicidios”. ¿Habrá sido así? ¿En 2020 no hubo un incremento de suicidios, o en realidad el sistema de salud estaba muy dirigido a un sector de la sociedad por la pandemia y se olvidó ‒por falta de recursos o lo que fuera‒ de otras problemáticas como la salud mental? Está división entre salud mental y salud física, que todavía está presente en nuestro sistema de atención, es paupérrima y antigua. Mientras que otros países reconocen que la tasa de suicidio aumentó casi 50% en 2020, en Uruguay decimos que aumentó sólo en adolescentes. De dónde surgen las cifras y cómo se establecen los criterios para medir: creo que esa es la gran interrogante.

Hay quienes dicen que Uruguay tiene cifras sobre suicidio confiables en comparación con otros países de la región y, partir de allí, se relativiza un poco la gravedad del problema.

A mí me parece que esa es una falsa percepción. Porque mientras nos escudamos en que Uruguay tiene un buen registro de suicidios e intentos de autoeliminación [IAE], no le estamos dando el seguimiento que corresponde a los casos de intento para que la persona esté bien atendida en todos los ámbitos. Y no me refiero solamente al ámbito de la salud, sino a todos aquellos que permitan lograr una prevención en red. El Ministerio de Salud [Pública, MSP], Estadísticas Vitales y Epidemiología se rigen por los certificados de defunción donde claramente dice “suicidio”. Entonces, me pregunto ¿qué pasa con aquellos certificados en donde queda la duda porque no se sabe exactamente qué pasó? El Ministerio de Interior [MI] lleva un registro, el MSP lleva otro, y todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre cómo trabajar de forma conjunta con esos datos. El MI tiene cifras mucho más precisas, porque son los primeros que llegan a la escena cuando sucede un suicidio. Luego el caso pasa a un médico forense, que hace un informe más detallado y a partir de ese informe es que ellos tipifican si fue suicidio o no. Y ahí esto se empieza a complicar, porque muchas veces aparecen las conductas parasuicididas, las muertes que entran en violencia intrafamiliar, violencia de género, y el suicidio puede pasar desapercibido.

Lo que hay que gestionar no es la urgencia, es la prioridad de la urgencia. Esto requiere de la intervención inmediata de políticas gubernamentales que direccionen los recursos sanitarios y para la población enfocados en la prevención de este tema.

En otros países, como en Chile, para determinar que una muerte fue por suicidio, consultan a la familia. No es una autopsia psicológica en sí, pero como método, se le parece bastante. Y Uruguay eso no lo hace. Entonces parece que estamos igual, cuando en realidad estamos peor.

Además de tu labor como docente e investigadora sobre el tema, trabajás en clínica. ¿Cómo te parece que está respondiendo el sistema de salud a este problema?

En los últimos dos años, por producto de la pandemia, y no solamente, el cuidado de la salud mental ha quedado desarticulado en los dispositivos de atención. Hubo una especie de liberación, los profesionales han comenzado a migrar del sistema público al privado, el sistema de [la Administración Nacional de] Salud Pública [ASSE] ha quedado desprovisto de psiquiatras, los psicólogos no son contratados, por lo cual hay muy pocos, y podría seguir con un largo etcétera. Lo veo en el trabajo en territorio con los pacientes. Para poder obtener una atención psiquiátrica urgente para un paciente de riesgo puede que tengas que esperar de tres semanas a un mes, ¡y con contactos!

¿Es un sistema de salud desarticulado, entonces?

Digamos que se ha ido desdibujando. Ya había un proceso de debilitamiento del sistema a fines de 2019, luego vino la pandemia, y uno de los grandes errores que cometieron las autoridades sanitarias de nuestro país fue que no prestaron la suficiente atención a las consecuencias y los efectos que tiene esta sobre la salud mental. No lo digo yo, lo dice la OMS [Organización Mundial de la Salud], que el que pone una barrera para la atención de la salud mental es el propio sistema de salud. Las mayores perjudicadas han sido las policlínicas de la red de atención de primer nivel de ASSE. Los psiquiatras se están yendo del sistema público, donde están las poblaciones más vulnerables, con problemáticas más complicadas. Aquí, en nuestra Facultad de Psicología, nos hemos visto desbordados en demandas de la población para ser atendida, tanto por usuarios del sistema de salud público como privado. Entonces, si hablamos de la atención en salud mental, el sistema de salud no está respondiendo.

En términos de respuestas del Estado, pensando en la urgencia y también en una estrategia a largo plazo, ¿qué se debería hacer?

Primero tengamos en claro que la pandemia no terminó. Es un gran error de los medios de comunicación transmitir eso: atomizaron a la población durante un año y medio con información de las cifras de muertes todos los días, como si eso no hubiera impactado en la subjetividad y el psiquismo de las personas, más cuando muchos perdieron familiares y no los pudieron despedir. Yendo a tu pregunta, a mí me parece que lo que hay que gestionar no es la urgencia, es la prioridad de la urgencia. Esto requiere la intervención inmediata de políticas gubernamentales que direccionen los recursos sanitarios y para la población enfocados en la prevención de este tema. Se nos van a seguir matando gurises, y en esto se va el futuro del país. Es lo que las autoridades del gobierno no están viendo, y no estoy hablando sólo de la actual administración, lo digo desde hace más de diez, quince años. Si la población de riesgo son los adolescentes, que son el futuro de nuestro país, y tenemos una población envejecida que se nos mata, algo mal estamos haciendo. A los jóvenes no les estamos dando el apoyo que necesitan. Para salir de esto, tiene que haber un Consejo de Ministros que trabaje este tema a todo nivel, y decretos presidenciales que lo pongan en una agenda prioritaria para detener esta situación de forma sostenida. “La salida” de la pandemia va a dejar más efectos. De hecho, la OMS recomienda que una política de prevención del suicidio debe ser una política de Estado y de gobierno, y lo dice desde hace más diez años.

¿Por qué creés que los gobiernos no lo hacen?

Desde mi punto de vista, la gran dificultad que tienen los gobiernos para implementar políticas públicas y sanitarias en conjunto es la prevalencia de la monodisciplinariedad en el abordaje de la temática, y la predominancia del modelo médico hegemónico acerca de lo que es salud y enfermedad, de lo que prioritario y lo que no lo es. Si para algo sirvió esta pandemia es para darse cuenta de que la salud es una sola, y mientras el sistema médico no se sensibilice, no trabaje de manera más interdisciplinaria y no entienda que existen otras formas de abordar esta temática, además de la perspectiva de la psiquiatría, no vamos a poder hacer mucho.

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