Hace poco más de un año, el proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido que presentó el diputado del Partido Colorado Ope Pasquet a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados abrió un debate pendiente. El proyecto exonera de responsabilidad al médico que le dé muerte o ayude a darse muerte “a una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables” que haya solicitado expresamente terminar con su vida y siempre de acuerdo con lo que paute la ley, dice el primer artículo del documento.
Pasquet presentó su proyecto dos días antes de que se declarara la emergencia sanitaria y ese fue el motivo por el cual se postergó su estudio por un año. En el medio, se presentó a la misma discusión el proyecto de ley de cuidados paliativos, que, para algunos de sus impulsores, como el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, es lo que hay que fomentar, en lugar de la eutanasia. Entre mayo y junio de 2021 la comisión recibió a representantes de colectivos médicos a favor de la eutanasia y a integrantes de la iglesia católica. La comisión no ha vuelto a trabajar el tema y en las últimas semanas reflotó el tratamiento del proyecto de cuidados paliativos, que ha concitado disputas que tienen al proyecto de eutanasia como trasfondo.
Entre medio, se conoció la opinión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien al ser consultado por la prensa el domingo 14 se mostró dispuesto a estudiar la iniciativa que legaliza la eutanasia, aunque reconoció que se trata de “un tema bien delicado”.
En este contexto, los colectivos que promueven la aprobación de la ley, como el Grupo de Apoyo para una Muerte Asistida Digna en Uruguay (MADU) y Empatía Uruguay, organizaron el lunes 15 el conversatorio virtual Eutanasia: experiencia española, proyecto uruguayo.
Que no sea tabú
“Que sea un derecho legalmente reconocido, en el que no va a haber mareas verdes, violetas o naranjas, aunque hablar de la muerte es un tema que la humanidad trata de evitar”, dijo Ítalo Bove, integrante de MADU, en la presentación de la charla. Participaron en el encuentro Pasquet, la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg, Florencia Salgueiro, integrante de Empatía, y el médico Fernando Marín, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, de España.
Salgueiro expresó que se trata de “un tema delicado” que “es fácilmente ocultable bajo la alfombra, porque de la muerte casi nadie quiere hablar”, e hizo hincapié en que si bien “la muerte tiene mucho contenido filosófico, moral y religioso, y no es algo de lo que queramos estar hablando todos los días, debemos sacarle el tabú de encima porque es parte de la cuestión”. La integrante de Empatía dijo que este tema se trata de “una cuestión de libertad y de derechos humanos” y que así como las personas pueden decidir a qué se quieren dedicar o con quién compartirán sus vidas, “la muerte es parte de ese proceso de elegir cómo vivir, hasta en las últimas circunstancias”, sostuvo.
“Hay personas que pueden estar en contra de esto por razones muy entendibles, también consideramos a quien tiene miedo, pero hay que saber que en Uruguay se está discutiendo la eutanasia en determinadas situaciones”, detalló, y agregó que se está pensando en una política pública que ya es una realidad en otros países, como en Colombia, mientras que en Chile el proyecto tiene media sanción y parlamentarios argentinos se encuentran redactando un anteproyecto. “No estamos solos, el mundo está actuando con base en el respeto hacia las personas”, acentuó. “Desde Empatía queremos evitar la desinformación y evitar las opiniones que desinforman, también creemos que es un tema que cruza la línea de todos los partidos políticos”, sintetizó.
La experiencia española
En marzo, España se convirtió en el séptimo país en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. “‘Desconcierto’ es una palabra que puede definir perfectamente la situación, en parte, por la dificultad que tenemos para reconocernos como seres mortales, eso hace que haya una cortina que no permita que se vea bien sobre lo que se está hablando, hace que todo sea más difícil”, inició Marín, quien aportó la experiencia de su país al debate uruguayo y afirmó que los cuidados paliativos son un tema que suele estar cercano al debate de la eutanasia, e incluso cruzarse. “La medicina paliativa es una forma de hacer medicina más que un cuerpo de conocimiento, son personas dispuestas a relacionarse con el proceso final, pero la muerte tiene un simbolismo antropológico muy potente y no es elegir si vivir o morir, es elegir entre morir de una manera o morir de otra”, explicó. Para Marín, “no podemos obligar a una persona a vivir en contra de su voluntad y mucho menos en sufrimiento”, dijo, y agregó que “el enfermo terminal y el padecimiento grave crónico imposibilitante son lo que se ha decidido terminar en España”.
“La ley en España no es más garantista, es burocrática”, lamentó Marín, y dijo que con su aplicación se verá si la Comisión de Garantía y Evaluación –que debe evaluar las solicitudes previo a su concreción– “realmente es útil o es un obstáculo”. Sobre la ley española, dijo que “el control previo que se plantea es un error”, que “la decisión debe construirse en la relación médico-paciente” y que “en caso de que exista un problema mental debe intervenir un psiquiatra”, opinó.
El proyecto uruguayo
Pasquet sostuvo que a partir del proyecto “el debate se precipitó en algo público e intenso”. Afirmó que lo presentó junto a varios legisladores “como una respuesta a algo que una persona que yo conocía me había dicho. Me dijo: ‘Yo conozco esto, sé cómo termina y no quiero llegar al final’”, recordó.
Dijo que el contenido del texto “es estrictamente de derecho penal” y que “no pretende organizar la presentación de un servicio de asistencia para morir”, sino hacer que la asistencia de una persona que quiere terminar con su vida en determinadas condiciones “no constituya un delito”. Reveló que la redacción de la norma fue “directamente al nudo de la cuestión” para tener “menos obstáculos políticos” y “ahorrar un montón de cuestiones burocráticas”. “En la etapa terminal de una enfermedad irreversible y ante el sufrimiento insoportable de quien la padece, lo que se busca es que nadie le diga a la persona que puede sufrir un poco más, hay que comprender la angustia de quien se encuentra en esa situación”, fundamentó.
Pasquet hizo énfasis en que para elegir terminar con su vida, el paciente “tiene que ser un adulto en posición de sus facultades mentales en el momento en que toma la decisión”, agregó. Según Pasquet, si el médico que trata a la persona entiende que efectivamente esa es la decisión del paciente, tiene que reclamar el dictamen de un segundo médico que examine a quien pide ayuda para morir, y si este también entiende que la persona está en la situación prevista por la ley se sigue con el procedimiento. Pasquet detalló que pueden hacerse todas las entrevistas que los médicos consideren necesarias, separadas por un lapso de por lo menos 15 días, y en esos encuentros el profesional debe darle a la persona toda la información relevante, acorde a la situación en la que se encuentra. “Si la persona un día dice una cosa y a los 15 días dice otra, no se sigue”, puntualizó el diputado. “Al final del proceso se remiten todos los antecedentes al Ministerio [de Salud Pública] y si este entiende que se generó algún apartamiento de la ley se deriva al fiscal, eso es luego de que se produce el fallecimiento, no antes, para evitar demoras burocráticas, como ya ocurrió en otros países”, detalló.
Por último, Pasquet dijo que el propósito de este proyecto “es enteramente humanitario” y que se trata de facilitar la ayuda a quien está sufriendo tanto que prefiere dejar de vivir: es “darle los medios necesarios para que se emplee ese derecho; hay que remover los obstáculos jurídicos que se oponen porque no es imponer nada a nadie, es elección, quienes se oponen a la eutanasia no deberían oponerse a la decisión de quien desea terminar con su vida”, reflexionó.
Lustemberg, por su parte, planteó que “la vida es un derecho de las personas, por lo cual cada uno debería poder decidir cuándo y cómo morir”. Consideró que las declaraciones de Lacalle Pou “no son menores”. Agregó que “discutir el tema ya es una responsabilidad que tenemos en nuestro país, con la máxima responsabilidad, aunque sean discusiones que llevan un gran tiempo y espacio, con mucha comunicación y desde todos los lugares”.
A pesar de estar de acuerdo con el proyecto impulsado por Pasquet, Lustemberg apuntó que le faltan “algunas cuestiones integrales, muy necesarias a la hora de llevarlo a la práctica”. “Regular el transcurso de morir dignamente en Uruguay tiene hoy mucho más que la responsabilidad del deber moral y ético de dejar de lado los pensamientos personales y las creencias”, planteó. Por otro lado, y en torno a la discusión actual en la Comisión de Salud, ámbito que integra, opinó que “es un error contraponer los derechos de acceso a los cuidados y a la decisión sobre la muerte, son supuestos totalmente distintos”, dijo, y remarcó que “el Estado de derecho debe asegurar el acceso a las dos opciones por encima de cualquier creencia personal y honrando la libertad individual”.