Al menos, Médica Uruguaya, Círculo Católico, Casmu, Asociación Española, Servicio Médico Integral (SMI) y el Hospital Evangélico, en sus sitios web, ofrecen “servicios VIP” que en general refieren a habitaciones privadas y condiciones de internación diferenciales de la mayoría de los socios. Por un costo que varía según el prestador, el paciente puede acceder a una habitación privada y, por ejemplo, en la Asociación Española, contar con televisión con cable, “cómodo sillón” y desayuno para el acompañante, y frigobar. En el Hospital Evangélico se detallan los mismos servicios y se agrega almuerzo y otros extras para el acompañante. En el SMI es similar: se brinda “atención personalizada” en una de sus clínicas y otros servicios, entre ellos, un seguro de asistencia médica en viaje tanto para el interior del país como para el exterior.
El servicio VIP más diferencial es el del Casmu, que lo ofrece por medio de la Medis Group y va más allá de una mayor cantidad de servicios de habitación. El “servicio especial” implica poder acceder a una “rápida atención médica”, lo mismo para estudios clínicos e imagenológicos, seguro de viaje, “pronta coordinación” quirúrgica e “internación de primer nivel”, y ofrece tres planes que se abonan por una única vez.
El servicio diferencial, en principio, generó algunas molestias en los funcionarios de este prestador privado. Desde octubre de 2022, tanto la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) como los trabajadores agremiados en la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu) y exfuncionarios, reclamaron por despidos que la empresa efectuó en el último tiempo, aclarando que no se debía al desempeño de los trabajadores sino a una modernización del prestador.
En uno de los varios reclamos, Jorge Bermúdez, presidente de la FUS, dijo a la prensa que el Casmu es una empresa que “recibió dinero por fideicomisos otorgados por el Poder Ejecutivo” y que “a cambio” generó “una empresa paralela al Casmu, que brinda servicios VIP”. El sindicalista se refiere justamente a Medis Group. “Por miles de dólares te solucionan un problema”, es algo que “favorece el lucro, la mercantilización y que define a los uruguayos por la plata que tienen”, reclamó.
Legislar la situación
Durante los últimos días de diciembre una delegación del Ministerio de Salud Pública (MSP) concurrió a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados y, entre otras cosas, se refirió al tema, que hasta el momento no tiene regulación.
En principio, y luego de haber recibido a una delegación de la FUS y Afcasmu, los legisladores manifestaron a la delegación del MSP la sorpresa ante un cuarto fideicomiso que el Casmu recibió hace algunos meses, aunque “los veedores indicaron que la situación de la mutualista era comprometida”. Por otra parte, señalaron la situación paralela de comenzar a ofrecer servicios preferenciales, “con los mismos recursos humanos que tiene el Casmu”, en el mismo local y con el mismo equipamiento, a los socios que paguen una significativa sobrecuota.
En la comisión, el diputado del Frente Amplio Luis Gallo subrayó que una cosa son las habitaciones VIP y otra, muy diferente, los servicios diferenciales que van “en detrimento del usuario Fonasa”. Ante la opinión generalizada de los legisladores sobre los servicios preferenciales que ofrece la mutualista, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, recordó que en la última Rendición de Cuentas el MSP, con el artículo 266, intentó regular la situación de los usuarios preferenciales, pero la iniciativa no llegó a ser sometida a votación.
Ante la situación planteada, Satdjian sostuvo que esto “debe ser regulado por ley”, porque “no hay otra forma de regular” debido a que las limitaciones “no pueden ser” por ordenanza o decreto. El subsecretario apoyó la idea de que se deberían separar los servicios incluidos en el Plan Integral de Atención de Salud (PIAS) de los que no lo están. Explicó que lo que no integra el PIAS son servicios de contratación libre, por ejemplo, televisión con cable, habitación privada y “todo aquello que no esté dentro del contrato de gestión ni dentro de la canasta de prestaciones”. Esa canasta era lo que el MSP buscaba establecer con el artículo presentado en la Rendición de Cuentas.
En el mismo sentido, el ministro de Salud Públia, Daniel Salinas, reafirmó, en diálogo con a la diaria, que el MSP intentó establecer una regulación y “fue rechazado”. Aun así, su postura y la del ministerio “siguen incambiadas”.
Al respecto, Gallo explicó a la diaria que “la iniciativa de regular los servicios VIP de las prestaciones que están en el PIAS no prosperó, pero la presentaremos como proyecto de ley”. Según el diputado, el artículo no se llegó a votar porque desapareció del documento de la Rendición de Cuentas como “por arte de magia”, algo que, a su entender, ocurrió por “un pedido” de las empresas al Partido Nacional.
Según Gallo, se informó a la comisión en simultáneo sobre la situación de los trabajadores enviados a seguro de paro y sobre el fideicomiso que el Casmu solicitó, “algo que sucede cuando la institución desde el punto de vista financiero está con dificultades”. Aun así, en paralelo, el prestador comenzó a ofrecer un servicio VIP que establece que cuando el socio del Fonasa paga una sobrecuota accede a los mismos servicios que el resto pero “con acceso más rápido” a la atención.
En la comisión, los legisladores “le expresamos al subsecretario el compromiso de presentar en 2023 un proyecto”, de “pocos artículos”, que incluya el artículo que se retiró de la Rendición de Cuentas.
Según Gallo, “la justificación” de las mutualistas para brindar este tipo de servicios es que al agregar determinados beneficios a costo de un incremento de la cuota por prestación “busca competir con los seguros privados”, algo que para el diputado “no es válido, porque quienes abonan el seguro están en las mismas condiciones”.
En cuanto al apoyo a la iniciativa, que “será prioridad en las primeras sesiones del año”, Gallo adelantó que va a ser difícil que Cabildo Abierto o el Partido Colorado voten en contra, teniendo en cuenta que en las sesiones ya expresaron su rechazo a las diferencias de acceso entre los socios. “Una cosa es la habitación y otra los servicios de atención”, remarcó.
Cuando se presente el proyecto, “se va a saber realmente quién lo apoya y quién no”, agregó.