En diciembre, previo al receso parlamentario, los legisladores adelantaron a la diaria que el proyecto de ley sobre eutanasia, que ya fue aprobado por Diputados y se apresta a ser tratado en la Comisión de Salud Pública del Senado, sería prioridad durante 2023. Sin embargo, eso no fue así.
Este martes, en un intercambio sobre eutanasia organizado por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el Grupo de Apoyo para una Muerte Asistida Digna en Uruguay (MADU), Empatía Uruguay y senadores del Frente Amplio y del Partido Colorado, que además contó con la presencia de René Héman, médico especialista en salud pública y presidente de la Real Academia de Medicina de Países Bajos, tanto Charles Carrera como Sandra Lazo (FA), comentaron que en lo que va del año el proyecto aún no se trató en la Comisión de Salud Pública aunque el consenso había sido llevarlo en paralelo con la propuesta sobre cuidados paliativos, que también cuenta con media sanción, por la cual sí se ha recibido a algunas delegaciones, aunque todavía falta acordar algunos contenidos antes de ser sometida a votación en la comisión.
Por su parte, Carrera recordó que, debido a que “hubo mucho debate en Diputados”, seguir el tratamiento del proyecto sobre eutanasia también “es respetar el trabajo anterior”. Agregó que la comisión hará el “esfuerzo” para que el proyecto salga de la comisión y se vote este año en el pleno del Senado. A su vez, Lazo opinó que la propuesta “es garantista”, ya que asegura un blindaje tanto a los profesionales que la practican como a la autonomía del paciente. Coincidió en que este año el tema de la eutanasia “no avanzó como se esperaba” en la comisión.
Experiencia y similitud
En Países Bajos la eutanasia se legalizó en 2002. Héman participó en el intercambio en el rol de contar cómo han sido los más de 20 años de experiencia para los pacientes y para los médicos, y cómo la sociedad participó en la creación de una normativa que surgió “de abajo hacia arriba”, es decir, de la ciudadanía hacia las instituciones. Según contó el especialista, la propuesta es muy similar a la que discute el Parlamento uruguayo y, por ahora, funciona en armonía, aunque parte de la población todavía está en el descubrimiento de la política como una opción posible ante determinadas situaciones.
Héman no sólo habló de eutanasia, también hizo referencia a los cuidados paliativos. Comenzó su exposición comentando que los cuidados paliativos son parte del “cuidado general” de los pacientes y que los médicos deben dar servicio de cuidado a los pacientes “en los lugares donde residen” o donde ellos deseen recibirlos. Acotó que lo que se observa es que la mayoría de los pacientes prefiere fallecer en su casa, pero también hay una relación con la legalización de la eutanasia, ya que “hay señales de una mejora de los cuidados paliativos luego de que se legalizó la eutanasia”.
La idea de que la legislación de la eutanasia pueda “impedir o detener el desarrollo de los cuidados paliativos es falsa” y únicamente expresada “en comentarios” que no se basan en evidencia. Explicó que menciona esto porque “a veces parece haber una sensación de que la idea es que no hay interés por el alcance de los cuidados paliativos”, pero que, por el contrario, “estamos seguros de la importancia que tiene que la persona pueda tomar la difícil decisión de terminar con su vida de manera adecuada, accesible” y garantista.
Luego explicó el proceso de creación y aplicación de la ley, y las garantías que es necesario que se apliquen para que se lleve a cabo una “eutanasia legal”. Contó que “los médicos y las organizaciones profesionales estuvieron muy involucrados en el debate” y también en la práctica de la ley, que surgió a partir de que “muchos médicos estaban enfrentados con la situación de los pacientes que les pedían terminar con su vida”. El objetivo de la propuesta fue “proveer seguridad legal para todas las partes interesadas”, principalmente para los médicos y los pacientes, pero también instalar “la transparencia de la práctica”.
Finalmente, la ley prevé “una base específica” que brinda inmunidad punible a los médicos y sólo a ellos. Por lo tanto, “la eutanasia todavía está prohibida a menos que se cumplan determinados requisitos específicos”, que son siete. Uno de ellos es que el médico tiene que estar convencido de que el pedido del paciente es voluntario y fue considerado durante mucho tiempo, que el sufrimiento es insoportable y que no tiene posibilidad de mejora. A su vez, “el médico debe informar al paciente de su situación y de todas las posibilidades”, y las dos partes tienen que estar convencidas de que no hay otra “posibilidad razonable” para la situación actual del paciente. Por otra parte, el médico debe consultar a otro médico actuante que vea al paciente y deje por escrito que se cumplen los requisitos de cuidado previo. Por último, el médico debe ser quien “dé terminación a la vida o asista a la muerte” del paciente con el cuidado debido y, finalmente, cada caso es reportado a una comisión de revisión.
También explicó que la ley reconoce “la voluntad anticipada” como una expresión válida de la voluntad personal y bien considerada. Se trata de un documento con “los deseos de la persona” en relación con los tratamientos médicos o la circunstancia en la que pide la eutanasia; el pedido puede hacerse para asegurar el procedimiento más adelante, cuando sea imposible pedirlo. A pesar de eso, la voluntad anticipada “no es una garantía total de que la eutanasia se lleve a cabo”: aun en una situación crítica “el médico tiene que asegurarse” de que esa situación específica se trata de sufrimiento insoportable y que no hay ninguna situación de mejoría, porque a pesar de tener la voluntad anticipada, hay que cumplir con los requisitos establecidos.
Hizo especial hincapié en el término “dolor insoportable”. Aclaró que la ley contempla que la pregunta del sufrimiento en principio “debe ser contestada por el paciente”, porque el sufrimiento puede tener varias formas y múltiples causas, problemas somáticos o dolores. “La mayoría son provenientes del cáncer”, pero también pueden ser causados por afecciones mentales o psiquiátricas.
En cuanto a las garantías, mencionó que la Academia Nacional de Medicina de Países Bajos estableció una red de expertos independientes a los que se puede contactar para hacerles preguntas acerca de la muerte asistida o para realizar un pedido de eutanasia. “Trabajan de acuerdo a las leyes y a lo establecido por la academia y están en constante entrenamiento”, contó. En cuanto al procedimiento, el médico “está obligado a reportar la eutanasia a una comisión de evaluación independiente” que debe juzgar si todos los requisitos fueron cumplidos. En caso de no ser así, la situación se envía a la Inspección de Salud y a la Fiscalía, donde deciden si continúan con una demanda legal; reconoció, no obstante, que eso “ocurre rara vez”. “Hace dos años hubo un caso que se envió a la Suprema Corte de Justicia, pero fue el único en 20 años”.
Hay “una larga tradición de la evaluación de la práctica”: la ley se evaluó cuatro veces desde que se aprobó y “todas las veces se concluyó que mejoró la calidad del cuidado” y que no hay “ninguna pendiente resbaladiza”. En los últimos cinco años se incrementaron tanto “las figuras como los porcentajes” de pedidos, y “creemos que eso se debe a que las personas están mucho más enteradas sobre la existencia de la ley” y son cada vez más con el paso del tiempo.