En el marco del tratamiento del presupuesto, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara alta recibió este miércoles al equipo del Ministerio de Salud Pública (MSP).
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Además de la exposición general de la cartera, su titular, Cristina Lustemberg, hizo algunos planteos puntuales. Por ejemplo, se refirió a un artículo que se agregó en Diputados y que plantea la instrumentación de medidas para asegurar la accesibilidad en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sobre este punto, la jerarca pidió colaboración a los parlamentarios e hizo “algunas observaciones”.
Si bien es algo con lo que “estamos comprometidos”, dijo Lustemberg, el artículo establece que el ministerio deberá institucionalizar las prácticas en todo el sistema, buscando que sean obligatorias para 2028. “Estamos afines a incorporar progresivamente elementos, dispositivos que avancen hacia un sistema de salud inclusivo y accesible para todas las personas, pensamos que no se ha previsto financiamiento”, agregó la ministra.
Además, planteó que las grandes prioridades del ministerio son la cobertura, el acceso y la calidad de las prestaciones, la reducción de los tiempos de espera, garantizar la disponibilidad de medicamentos, así como de estudios y tratamientos “en forma oportuna y a un costo razonable”, y la salud mental.
Sobre esto último, adelantó que el 10 de noviembre se va a desarrollar la acción país por la salud mental, para la que se inscribieron más de 2.000 organizaciones de todo el país para “escuchar, conversar y planificar una estrategia coordinada que garantice prestaciones, no solamente a nivel de salud, también a nivel comunitario”, explicó Lustemberg.
Las estrategias del ministerio para reducir los tiempos de espera que no requieren incremento presupuestal
Una consulta que compartieron varios legisladores, entre ellos los nacionalistas Martín Lema y Javier García, y también el colorado Pedro Bordaberry, se refirieron a las estrategias del ministerio para reducir los tiempos de espera.
“Un dirigente del interior me dijo que hace 30 años la gauchada política era tratar de conseguir un trabajo o de acceder a una jubilación, y que hoy se había transformado en conseguir un adelanto en las horas de atención médica”, planteó Bordaberry, y agregó que “esto nos está dando la señal de que el sistema de salud no está del todo bien”.
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En respuesta, la presidenta de la Junta Nacional de Salud, Gabriela Pradere, sostuvo: “Uno de los principales problemas que tenemos en los tiempos de espera es la ausencia de mediciones. Si bien muchas veces la ministra ha dado datos sobre los tiempos de espera en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, se debe a que es uno de los pocos lugares en que logran medir la demanda insatisfecha o los tiempos de espera”.
“En el ministerio hoy no contamos con un sistema de información que nos permita medir de manera adecuada cuál es el tiempo que el usuario está esperando para ser atendido y para tener una atención de manera oportuna”, agregó.
Otro de los aspectos en los que la cartera está trabajando es en modificar la normativa actual, porque ya tiene casi 20 años. “El decreto es restrictivo porque aborda los tiempos de espera vinculados con la atención en policlínicas y con las cirugías coordinadas”, evaluó Pradere, y adelantó que la idea de la nueva normativa es avanzar también en otros ítems, “readecuar los tiempos planteados en el decreto e incorporar otras cuestiones que hoy no están”, como los tiempos de espera para estudios como resonancias o tomografías, dado que ahora no hay un reglamento que dé garantías al usuario de que, en un tiempo razonable, de acuerdo con la patología, podrá resolver su problema de salud”.
El documento hará una diferenciación entre las consultas en policlínica, porque el decreto actual define solamente un grupo de especialidades básicas, con un tiempo de 24 horas, y otro grupo con el resto de las especialidades para que refleje la heterogeneidad, que se relaciona también con “las condiciones sociales de la persona, con distintas premuras vinculadas a diferentes patologías, con los controles de salud de los niños, entre otros”, explicó.
También habló de agilizar procesos y revisar restricciones. Actualmente, las prestaciones que definen el Plan Integral de Atención en Salud y el Formulario Terapéutico de Medicamentos “son una obligación para los prestadores, pero muchas veces nos encontramos con que, en su propia gestión, se agregan barreras de acceso que la normativa no recomienda”, detalló.
Ejemplificó con la prescripción de protector solar, que por el momento debe ser recetado por un dermatólogo. “Lo que hacemos es generar barreras de acceso y sobrecargar las consultas de algunas especialidades; la idea es avanzar en términos normativos para evitar la generación de barreras adicionales a los programas de salud o las guías de práctica clínica”, sostuvo.
Por otro lado, vinculado a lo colectivo, Pradere comentó que el ministerio está avanzando en generar unidades de gestión de esas listas de espera en los prestadores, que analicen de manera permanente quiénes están esperando, qué es lo que pasa con esa gente mientras está en la lista de espera, si su situación de salud cambió, entre otras cosas.
Además de lo vinculado a la actualización del decreto y al cumplimiento de los prestadores, Pradere resaltó que es fundamental la educación del usuario, algo en lo que el MSP trabaja para el correcto uso de los servicios, a fin de que las especialidades no se sobrecarguen con consultas innecesarias o que, en principio, deberían ser resueltas en otro nivel de atención.
“Hay algunos mecanismos para emplear y es importante hacerlo, porque muchas de estas medidas no requieren incrementos presupuestales y, por eso, tampoco están reflejados en la ley de presupuesto”, resumió.
Uruguay es uno de los países que cuentan con más médicos por habitante de América. No tenemos un problema de disponibilidad en términos globales, pero sí tenemos temas de acceso real en algunas zonas del país. En este sentido, y para evitar la doble radicación (estudiar en un lugar y vivir en otro), el ministerio apunta a la descentralización de los recursos humanos con la Universidad de la República.
Ya se tomaron algunas medidas. Según informó Pradere, este año aumentaron 26 cargos más de residencias médicas en relación con el año pasado, de las cuales la gran mayoría son especialidades que se van a formar en el interior. Actualmente, la Facultad de Medicina tiene la carrera completa en el norte.
Además, en los primeros días de noviembre van a concursar 19 cargos adicionales de residencias médicas para el interior y, recientemente, se acordó en el convenio colectivo en el Consejo de Salarios, que se firmó este lunes, la creación de 25 cargos más para 2026.