La Asamblea General sesionó este miércoles de mañana y aprobó la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la salud mental y de la Ley 19.529 (de Salud Mental). El miembro informante fue el senador suplente del Frente Amplio (FA) Daniel Borbonet, quien justificó la necesidad de crear el ámbito legislativo en que “hoy la salud mental en Uruguay constituye una verdadera emergencia nacional” y que el “sufrimiento por diversas problemáticas de salud mental” se agravó “durante la pandemia de covid-19”.
“No hay salud sin salud mental. Por ello es imprescindible un enfoque integral e interdisciplinario, lo que requiere el involucramiento de múltiples ministerios, organismos públicos y privados, promoviendo un modelo de promoción, prevención y atención comunitaria que supere el paradigma sanitario hospitalario predominante”, profundizó Borbonet, exintegrante del Grupo Asesor Científico Honorario durante la emergencia sanitaria.
Borbonet, médico neonatólogo de profesión, señaló que, según la Organización Mundial de la Salud, “hay casi 1.000 millones de personas que en el mundo están afectadas por un trastorno mental”, lo que “aqueja desproporcionadamente a los estratos sociales más vulnerables”, y que en nuestro país “las dificultades de acceso a los servicios de salud mental, largas esperas, insuficiencia de estructuras alternativas a la internación hospitalaria y la falta de continuidad en los tratamientos y cuidados agravan esta crisis”.
Por otra parte, el legislador indicó que Uruguay “enfrenta tasas alarmantes de suicidios, que no han logrado reducirse a pesar de todos los esfuerzos implementados”, y que “16 personas mueren por suicidio por semana: más de dos por día”.
“La acción parlamentaria juega un rol fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley [19.529], que propone un cambio de paradigma que se debe cumplir, orientado a la superación del modelo asilar y hospitalocéntrico en favor de un modelo comunitario”, argumentó Borbonet. En ese sentido, señaló que la comisión, que se aprobó por unanimidad, “convocará a las autoridades competentes, analizará informes, propondrá ajustes normativos y generará recomendaciones intersectoriales”.