El diputado por el Partido Colorado Sebastián Sanguinetti presentó en el Parlamento un proyecto de ley que pretende incorporar (como artículo 19 bis) a la Ley de Procedimiento Policial 18.315 un texto referido al “porte de armamento no letal y formación obligatoria para intervenciones por crisis de salud mental o en centros de salud”.
El agregado comprende tres puntos. En primer lugar, el ámbito de aplicación, que establece que todo funcionario policial que desempeñe tareas de vigilancia o custodia dentro de un centro de salud público o privado, porte, “de forma obligatoria”, al menos un arma no letal, “sin perjuicio de emplear otros dispositivos de protección complementarios”.
En segundo lugar, se propone que “en toda intervención policial ante llamados de emergencia ante personas en crisis de salud mental” se priorice la concurrencia de personal especialmente capacitado para estos episodios, quienes también deberán estar “obligados” a portar armas no letales.
Por último, en cuanto a la capacitación especializada”, el proyecto agrega que, en todos los supuestos detallados, los funcionarios “deberán contar con formación específica en técnicas de contención y abordaje” de este tipo de crisis, según los protocolos y estándares establecidos por una autoridad competente.
La exposición de motivos agrega que la urgencia de aprobar la propuesta está en que en Uruguay no existe un protocolo específico y obligatorio que regule la actuación policial ante las situaciones planteadas dentro o fuera de los centros de salud.
Esta falta “deja muchos espacios vacíos” y hace que “muchas veces el personal policial responda con lo único que tiene a la mano”; en consecuencia, se da “respuesta inadecuada o desproporcionada frente a personas que no representan una amenaza delictiva”.
El proyecto también resalta que en muchos casos los funcionarios policiales son los primeros en concurrir al lugar donde se encuentra la persona descompensada. “Sin embargo, se le exige intervenir con los mismos criterios operativos con los que actuaría ante un delito común o una amenaza armada”.
En la propuesta también se hace referencia al hecho ocurrido en junio de este año, en la emergencia del Hospital de Clínicas, donde un policía mató a un paciente con patologías psiquiátricas que estaba descompensado.
Luego de este hecho, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en conferencia de prensa que los policías tienen la “obligación de cuidar y defender” al personal de salud y a los funcionarios de los hospitales, y agregó que “en algunas circunstancias es necesario que el personal esté debidamente armado para repeler algún tipo de ataque violento”. Agregó que el tipo de armas “que apliquen mejor a la situación del cuidado en estos centros donde hay tantas personas” sería objeto de análisis de la cartera.
Consultadas por la diaria este jueves, fuentes del Ministerio del Interior afirmaron que el ministerio está trabajando en el tema, que es parte del plan de estudios 2026-2030 que buscará profesionalizar a la Policía y fortalecer el despliegue operativo, presentado por el ministerio el mes pasado.
Uno de los propósitos del plan es habilitar el acceso de los suboficiales a la carrera de Oficial de Policía y permitir una proyección continua de la carrera dentro de la institución. A su vez, se buscará la capacitación continua con “contenidos adaptados a la realidad diaria del servicio” y, como nuevo tema entre los ejes de formación, se incorporarán temas vinculados a la salud integral del funcionariado policial, incluida la salud mental.