Siempre supo que se dedicaría al derecho laboral y a la defensa de los trabajadores. Desde su vinculación con el peronismo –que luego abandonó “política y filosóficamente”– a través del asesoramiento gratuito a una unidad barrial y al sindicato de la industria del neumático a la salida de la dictadura, García tuvo presente lo que considera una de las más fuertes herencias que le dejó su madre: la conciencia de clase. Este abogado laboralista de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social desde 2014, conversó con la diaria durante su pasaje por Uruguay para asistir a la celebración de los 70 años de la revista Derecho Laboral local sobre la realidad del mercado laboral argentino.
¿Cómo fue tu ingreso al mundo sindical?
Una influencia decisiva en mi vida, en los vínculos con la política y el trabajo, fue mi madre. Mi adolescencia y entrada a la Facultad de Derecho transcurrió en plena dictadura, así que la única persona a la que escuchaba hablar de política era a ella, que era peronista, de esa generación de hombres y mujeres que siguieron el culto al peronismo desde el hogar porque estaba prohibido hacerlo en la vía pública. Ella fue la que me inculcó la conciencia de clase, y eso siempre me hizo estar en la profesión de abogado del lado del trabajador; nunca sentí ser asesor de empresas. En 1986 uno de mis amigos estaba asesorando a una lista de jóvenes en el sindicato de la industria del neumático –que recién habían empezado a salir de las intervenciones que había generado la dictadura– y esta ganó las elecciones. Ahí él me dice que necesitan un abogado en una seccional, en una planta grande en la zona de San Fernando, y acepté. Empecé a trabajar y a estudiar el derecho colectivo del trabajo, que es la subrama que más me apasiona.
¿Cómo fue enfrentarte a las flexibilizaciones y liberalizaciones de los años 90?
Fueron años muy duros para los trabajadores y también para la clase media. Había muchísima gente sin empleo y eso era una situación compleja, para los trabajadores y también para los que habían quedado desempleados. A estos últimos, que ya no eran trabajadores pero se seguían sintiendo así desde el punto de vista de la clase social a la que pertenecían, así como por su vocación, porque aspiraban, querían y trataban de reinsertarse en el mercado de trabajo, el movimiento obrero les había dado la espalda y ahí surgió la CTA, a cuyo equipo me integré en el 96. Eso me llevó a ver situaciones muy crudas, pero también a estudiar mucho para ver de qué manera, desde mi rol de abogado, podía contribuir a buscar soluciones al desempleo. Algo difícil, porque depende más de la economía que del derecho, aunque muchas veces se requiere al derecho para que las solucione. Las reformas laborales, en realidad, implican eso: un desmantelamiento de protecciones para, supuestamente, generar mejores efectos en el mercado, cosa que nunca ocurre porque la que genera empleo –y también la que lo destruye– es siempre la economía, nunca la norma laboral.
¿Y con la última crisis?
Después del estallido social en diciembre de 2001, que siguió durante 2002, cuando se llegó al punto más bajo, sólo se podía ascender, entonces hubo una recuperación económica, del empleo y también del salario. Todo porque el movimiento obrero argentino tiene una capacidad defensiva muy importante, de los más potentes del planeta: es el que tiene mayor cantidad de herramientas jurídicas, económicas y políticas para asumir los derechos de los trabajadores.
¿Cómo definirías la realidad actual de los trabajadores y del mercado laboral argentino?
Hay un problema –ya estructural– que afecta tanto a los trabajadores como al mercado de trabajo en general: el amplísimo margen de empleo no registrado. El porcentaje de desempleo no es nada desdeñable –las mediciones dan cuenta de un 7,5%, 8%–, pero hay un 35% de los asalariados que está en la marginalidad: no tienen protección social, acceso a jubilación ni contra accidentes de trabajo, cobertura contra el desempleo, no cobran aguinaldo ni tienen obra social. Es una situación de precariedad extrema que es muy difícil de corregir; todas las políticas y administraciones gubernamentales de los últimos 20 años han fracasado.
Ahora que se volvió a poner sobre la mesa la reforma laboral que propone el gobierno, ¿qué futuro le ves?
Creo que en el corto período de esta reforma hay que distinguir tres etapas. La primera, cuando el gobierno da a conocer el anteproyecto de ley inspirado en la reforma de Brasil, y muchos nos quedamos perplejos. Luego hubo una ronda de diálogo entre el gobierno y la CGT [Confederación General del Trabajo] y se suprimieron algunas cosas, y en esa segunda etapa se ingresó un proyecto de ley al Senado de la Nación. Esto generó discusiones extraparlamentarias: los peronistas habían dicho que iban a apoyarlo en la medida en que la CGT estuviera de acuerdo, pero esta última aclaró que sólo había aconsejado quitar algunas cosas, entonces los legisladores empezaron a vacilar. Ahí se suspendió el tratamiento y muy recientemente el gobierno volvió a introducir tres proyectos de reforma menos incisivos sobre los derechos de los trabajadores pero con aspectos polémicos, a los cuales las centrales sindicales se oponen, al igual que los senadores peronistas, que ratificaron que no van a votarlo: uno que tiene que ver con la creación de una agencia de salud, otro con un estímulo al fomento del empleo registrado –de dudosa eficacia–, y está el que crea un fondo de cese laboral que sustituye la indemnización que paga el empleador en caso de retiros sin causales –análogo al fondo por cese de servicios que tiene Brasil y también al argentino de la industria de la construcción–. Esto es lo que está generando mayor irritación entre los trabajadores, y que además la ley no termina de conformar, sino que le da el mandato a la negociación colectiva sectorial.
¿Qué es lo que se busca con esto?
Ningún sindicato estaría dispuesto a negociar algo así. De hecho, hace 40 años el dirigente del sindicato de la construcción tuvo que renunciar después de que se sancionara el mecanismo en ese sector. Además, hay otro tema con este proyecto y es el problema de compatibilidad con el artículo 14 de la Constitución. Este busca proteger contra el despido arbitrario, y no hay duda de que el pago de una indemnización es un modo de protección, porque el costo es un factor disuasivo para tomar la decisión. En cambio, un fondo que se fue acumulando con el tiempo amortiza esa desvinculación.
No obstante, sin apoyo de los peronistas, es altamente probable que quede en la nada.
Creo que sí, pero no se van a agotar en este los intentos del gobierno. Esta reforma no tiene otra función que demostrar hacia el exterior, hacia los mercados del capital, que el gobierno recurrentemente aspira a seducir, que puede doblegar al movimiento obrero. Al estilo Margaret Thatcher en los años 80. En Argentina se necesitan cambios, pero no de este tipo, ni siquiera para las empresas, que en general también critican el proyecto porque sería un costo político y económico y seguiría sin resolver los problemas que tienen. En un contexto de inestabilidad monetaria, alta inflación, bajo nivel de inversión y elevado gasto público, la indemnización por despido no es el problema, y el hecho de poner un fondo le implica una contribución extra al empleador que la va a retacear del salario.
Decís que los intentos no se van a agotar; ¿por dónde proyectás las siguientes embestidas?
Es muy probable que el gobierno sea reelecto, entonces, con miras a seis años hacia adelante, va a poder insistir con una reforma laboral, que no hay que olvidar que le ha sido solicitada desde organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y desde los llamados think tanks de opinión económica. Si fracasa el intento actual, supongo que esperará a tener una mayoría propia o porcentaje más alto en las próximas elecciones parlamentarias para aprobar una reforma laboral incluso de mayor calado: va a depender de la correlación de las fuerzas políticas. Pero la realidad es que es probable que haya una futura reforma porque, además, soy consciente de que algunas cosas hay que cambiar.
¿Cuáles serían los puntos necesarios a reformar?
Sin duda hay que abrirle el margen a la negociación colectiva, pero no para crear un fondo de cese que reemplace la indemnización sino para que se puedan generar convenios más actualizados, porque el 85% de los que son aplicables a la masa asalariada fueron negociados en 1975. Tendrían que contemplar la optimización del tiempo de trabajo que traen las nuevas tecnologías, aunque con moderación, porque la gran mayoría de las empresas del parque industrial, así como de servicios, están muy atrasadas en este aspecto. Y por otro lado liberar a la negociación colectiva –de acuerdo a los convenios de OIT [Organización Internacional del Trabajo] ratificados– de la injerencia del Estado: no puede intervenir diciendo que los salarios no pueden aumentar más de 15% cuando la inflación va a llegar a 22%.
En el caso de los trabajadores, son las leyes las que dan las garantías y no la economía, mientras que desde el empresariado se pretende, como decís, que las reformas laborales solucionen los problemas económicos. Eso genera un conflicto a nivel discursivo.
Sí, sobre todo a nivel de los medios de comunicación y también del campo académico. Ninguna reforma laboral que se haya implementado en el mundo tuvo como consecuencia la generación de empleo, y eso está bastante claro que a algunos no les conviene admitirlo o tenerlo en cuenta al momento de los debates. El derecho al trabajo es un derecho a redistribución, no un derecho de creación de riqueza. Las normas laborales no están destinadas a que las empresas ganen dinero ni a que el Estado o los privados generen productividad; eso le corresponde a la economía y a las relaciones laborales. Pero las protecciones laborales no son enemigas del crecimiento y el desarrollo económico: es una falacia que se toma como argumento para generar reformas laborales que en definitiva lo que hacen es concentrar la riqueza, que es lo que está pasando en todo el planeta.