La reciente ola de migrantes que llega a Uruguay desde países de América Latina como Venezuela, República Dominicana, Cuba y Perú, entre los más importantes, ha generado que tanto las autoridades de gobierno como la sociedad civil empiecen a reflexionar sobre su impacto. En el marco del Día del Futuro, el viernes se realizó en la diaria una mesa para debatir sobre el tema y su relación con el mundo del trabajo.
“El problema de las migraciones y de que [las personas] puedan tener movilidad e ir a donde está el trabajo es una preocupación que viene desde hace mucho tiempo”, expresó el responsable de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PIT-CNT y secretario general de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, Fernando Gambera, quien además sugirió hablar del “trabajo del futuro” y no del “futuro del trabajo”, para desmitificar “que el futuro del trabajo es muy oscuro e incierto, cuando en realidad es muy cierto”.
Desde su posición de sindicalista, sostuvo que el movimiento sindical integra a todos los trabajadores, independientemente de si poseen cédula o pasaporte y de cuál sea su nacionalidad. “Aspiramos a que deje de ser trabajador dominicano, cubano, etcétera: es un trabajador de la empresa, afiliado al sindicato que corresponde, y esa es su identidad para nosotros”, sostuvo Gambera, que también afirmó: “Nosotros creemos que lo que se aplica para los trabajadores nacionales debe aplicarse para los trabajadores que llegan de otros lugares. Sólo hay una garantía de que los derechos se cumplan y se puedan defender, que es integrarse a un sindicato y pelear”.
En ese sentido, comentó que desde el PIT-CNT se han acercado a los lugares en los que se concentran grupos de trabajadores migrantes para involucrarlos en el movimiento sindical. A su vez, se comenzó a coordinar con organizaciones de derechos humanas vinculadas al tema para intercambiar experiencias y obtener herramientas. “El derecho al trabajo no tiene fronteras. Todos esos trabajadores [tienen la posibilidad de afiliarse] al sindicato de rama que les corresponde y desde ahí dar pelea con nosotros para que se cumplan las normas”, planteó Gambera.
No obstante, el secretario reconoció algunas debilidades del movimiento sindical para pensar en perspectiva de futuro. “El movimiento sindical es el reflejo de la sociedad en la que se desarrolla y le cuesta pensar lejos, es así. Reacciona frente a las situaciones”, sostuvo. Para el sindicalista, a esto se suma que el movimiento sindical se ha forjado entre generaciones acostumbradas a “despedir familiares y amigos” al exterior, y desacostumbradas a tener “una política concreta de incluir, afiliar y organizar a trabajadores de otras nacionalidades que vienen a Uruguay, salvo en los últimos tiempos”. Para afrontar este desafío, buscarán el apoyo de centrales sindicales amigas y “estar alertas como central sindical para demostrar que no somos una sociedad xenófoba o discriminadora”.
En esa línea, la directora del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), Cecilia Tenaglia, sostuvo que “el uruguayo es abierto, solidario y ha mostrado serlo porque de hecho es un país de migrantes”, y añadió que “se pueden desarrollar espacios mutuos y de inclusión desde lugares como la educación, políticas sociales que apunten a desarrollar la inclusión y no la marginalidad de las personas que emigran”, y que en el instituto se apuesta a ello.
“Prácticas xenófobas”
Por su parte, la abogada y activista en defensa de los derechos humanos de los migrantes Valeria España planteó que sí existen prácticas xenófobas en nuestro país, y un ejemplo concreto es la situación de personas que precisan visa (cubanos, dominicanos y haitianos) y los problemas que afrontan para acceder a un empleo de calidad. Según contó España, en la recolección de limones “si a un grupo de trabajadores uruguayos le pagan 850 pesos por un cajón, a los cubanos les pagan 450”.
Gambera coincidió con España en la existencia de casos de explotación laboral a personas migrantes, y sostuvo que desde sindicatos como el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos se han realizado denuncias a empresas por emplear a trabajadores migrantes sin formalizar. Ambos panelistas plantearon la disyuntiva entre la calificación de los trabajadores que llegan a Uruguay y los empleos a los que acceden. España planteó que “70% de los migrantes se desempeñan en el sector servicios” y “compiten en el sector no porque quieran. Hay personas sobrecalificadas, que tienen títulos para ocupar puestos en sectores que tienen pleno empleo, pero que no pueden hacerlo porque la política migratoria no es integral y tarda años en reconocer un titulo universitario”. Para Gambera “el movimiento sindical tiene que tener la capacidad de negociación para decir: ‘Este conocimiento tiene que quedar acá’”.
En cuanto a la legislación, la abogada sostuvo que si bien se han dado pasos “muy significativos” respecto de los derechos de los migrantes, “existen todavía muchos desafíos y el marco normativo en general a nivel constitucional tiene una perspectiva decimonónica”. España opinó que las vaguedades de los textos normativos hacen que en ocasiones los derechos de los migrantes dependan de la interpretación y las voluntades políticas del momento.
“La política migratoria todavía es muy pequeña y no va al fondo de la cuestión, que tiene que ver con cómo las personas que deciden apostar a vivir en este país continúan siempre siendo ciudadanos de segunda”. Al respecto añadió que “hay un lugar reservado para el extranjero que no deja de serlo” y que “una persona que lleva diez o 20 años viviendo en Uruguay sigue siendo originaria del país donde nació”. Para España es importante debatir sobre la aceptación de migrantes de primera generación y de “cómo se reconocen y cómo se integran en la comunidad sin que sean permanentemente extranjerizados”.
Las demoras en la concesión de la ciudadanía generan que una persona inmigrante no pueda ocupar un puesto en el ámbito público antes de los seis o siete años de residencia en el país, explicó la abogada. Esto ocurre por los requisitos de ser ciudadano legal y haber ejercido la ciudadanía por tres años. Además, perjudica a los migrantes en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. España manifestó que las personas migrantes “sólo pueden votar” en las elecciones del Banco de Previsión Social –en el que se inscriben con el pasaporte–, pero “evidentemente no pueden votar ni decidir en el país donde están haciendo un aporte”.
El acceso a los derechos
Las faltas a los derechos de los migrantes no se limitan al ámbito económico y político; la abogada sostuvo que desde el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos se está trabajando con otras organizaciones, como la Intersocial Feminista, para “generar articulaciones y visibilizar que el tema de la extranjería vive siempre en las antípodas”. España manifestó que en las leyes que integran la agenda de derechos en Uruguay “no se contempló el acceso a esos derechos por parte de los migrantes”.
“La ley de aborto, de alguna manera, limita el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres migrantes. Por lo tanto, hay mujeres migrantes que están abortando en la clandestinidad en Uruguay”. Para poder abortar es necesario “un año de residencia en el país. Capaz que hoy hay una buena voluntad política de decir ‘tu residencia comienza en el minuto uno en que estás en el país’, pero puede que se interprete que tu residencia comienza cuando te la dan y pueden pasar cuatro años para eso”. Algo similar ocurre con la ley de cambio registral: las personas migrantes “no tienen acceso” a ella, y así se plantean otras dificultades.
“Queremos migrantes buenos, bonitos, baratos, que sean dóciles y retornables. Si están capacitados está bárbaro, nos encanta la idea de un migrante capacitado, pero por otro lado para poder aprovechar lo mejor en términos de capacitación y de formación estamos teniendo muchos desafíos”, puntualizó España.
Cooperativismo e inclusión
Tenaglia manifestó que desde el instituto se promueve una cultura de trabajo que “comience por el conocimiento, siga por la confianza y continúe con el compromiso para ejercer cooperación”. Explicó que en Inacoop no cuentan con una política específica para las personas migrantes ni con una estadística para cuantificar cuántos se han acercado en este último tiempo. Sin embargo, los requisitos que se les exigen para integrarse a una cooperativa son los mismos que para cualquier trabajador y hay “un respeto por el migrante”, por “forjar su nuevo futuro, hacer un cambio en su vida, que quiere o necesita crear un proyecto en este país”. “Más allá de que fue por una situación adversa en su país, la enfrentó con una decisión”, añadió.
Además se desarrollan espacios de “formación e inclusión” en conjunto con otras organizaciones del Estado y fondos estatales. Para Tenaglia esos espacios pueden funcionar para “transformar esa situación de riesgo en la que se presentan los migrantes en una situación de oportunidades para el desarrollo personal y para el desarrollo de un grupo”.
“El cooperativismo respondió siempre a las necesidades básicas humanas. Esto puede usarse como forma de promover espacios de asociativismo, de formar cooperativas o integrar gente a cooperativas existentes para la satisfacción de esas necesidades en la medida en que obviamente el cooperativismo no se vea cuestionado en otros sentidos”, planteó la directora del Inacoop.