Ayer de mañana, mientras se hacía un paro general parcial de 9.00 a 13.00 horas, el PIT-CNT pidió una entrevista con el presidente Tabaré Vázquez para tratar el conflicto que atraviesan los trabajadores del gas. En rueda de prensa, el presidente de la central obrera, Fernando Pereira, dijo que la misiva dirigida al presidente fue recibida por el director general de Presidencia, Diego Pastorín, y reiteró la voluntad de diálogo que tienen tanto la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (Uaoegas) como el PIT-CNT.
En la carta, la central obrera plantea que, de no hallar una solución para la empresa MontevideoGas, tomará nuevas medidas para respaldar la huelga general por tiempo indeterminado de los trabajadores del gas, que comenzará el lunes 27.
Los trabajadores acusan a la petrolera –dueña de MontevideoGas– de querer “destruir la organización sindical” y afectar “aun más el servicio público”. Afirman que desde 2006, cuando se otorgó la concesión, se perdieron 7.000 usuarios y se emprendieron dos demandas arbitrales por 170.000.000 dólares, “reclamando el derecho a retirarse unilateralmente y llevarse ese dinero del bolsillo de los uruguayos”. El gobierno ganó uno de esos procesos judiciales en marzo de este año.
Hasta ahora 11 trabajadores fueron despedidos y 53 fueron suspendidos con apercibimiento de despido por haber participado en la ocupación con control obrero, realizada en abril.
Alejandro Acosta, presidente de Uaoegas, dijo a la diaria que el paro general anunciado por el PIT-CNT para los próximos días se definirá en acuerdo con los trabajadores; lo mismo sucederá con el corte de suministro de combustible a Petrobras, anunciado por la Federación ANCAP (FANCAP).
Acosta dijo que los dos trabajadores que continúan haciendo huelga de hambre están bien, pero debieron aumentar la cantidad de horas de descanso. Hoy se cumplen 24 días de huelga.
Desde el gobierno, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, calificó el conflicto de “complejo y difícil”, en el que ambas partes en distintos momentos “han extremado medidas y acciones”. Murro dijo ayer, en rueda de prensa, que la sanción de Petrobras a los trabajadores fue “excesiva, exagerada” y “no contribuye a la solución”.
“Creo que hubo medidas extremas de ambas partes, el Poder Ejecutivo y nosotros personalmente cuestionamos la medida de control obrero, un mes antes de que hubiera una sentencia judicial”, afirmó. Murro contó que, en abril, fue él quien llevó al Ministerio del Interior la sentencia judicial que impedía el control obrero para “su inmediata efectivización”.
En tanto, la vicepresidenta, Lucía Topolansky, afirmó ayer que el gobierno trabaja “a mil” para hallar una solución, informó la agencia Efe. Añadió que, “por alguna razón, los brasileños la están desguazando y privatizando” y este conflicto es “un rebote de los grandes problemas que tiene Brasil”. La vicepresidenta coincidió con Murro en que el Ejecutivo busca “consolidar una solución negociada” porque es “el mejor” camino.