Este jueves, los trabajadores tercerizados del Programa Calle, del Ministerio de Desarrollo Social, organizados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA), hicieron público un comunicado en el que expresan su adhesión a la movilización que realizará la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado el miércoles 28 de octubre desde las 9.00 “para denunciar la precarización de las tercerizaciones en el ámbito público y privado”.
En el mensaje, expresan que “es decisivo que se den respuestas claras y soluciones” a los planteos que vienen haciendo desde hace meses, y denuncian “precarización de las condiciones laborales y las políticas sociales”, ya que algunos convenios “que fueron firmados bajo régimen de adjudicación por compra directa se han caracterizado por la reducción horaria de los equipos técnicos de trabajo”, además de “la rebaja de horas del equipo de educadores y la rebaja también de la categoría de algunos de estos puestos, pasando a ser sustituidos por ‘cuidadores’”, lo que para el sindicato representa “una tendencia a la desprofesionalización de las intervenciones”.
Expresan que “algunos centros se mantienen abiertos, funcionando sin marco contractual, sin pliegos, sin más referencia que una hoja de cálculo electrónica y una nota de aceptación”, y los que “pasaron a depender financieramente del ‘Fondo Covid 19’ reciben las partidas de dinero para el funcionamiento con retrasos de meses, generando a su vez retrasos en el pago de los haberes” a los trabajadores y los aportes al Banco de Previsión Social. “Existen en el programa, por distintas razones, trabajadores que hace más de dos meses no cobran su salario, viéndose seriamente comprometida su posibilidad real de ir a trabajar y sostener la vida diaria”, y se ha generado “un estado de inestabilidad permanente, imposibilitando la proyección necesaria para la planificación y ejecución de los procesos de trabajo y de la gestión de los centros”.
El sindicato denuncia que para atender la emergencia sanitaria y el invierno, “se echó mano de manera improvisada a distintos recursos para ampliar los cupos”, convirtiendo los centros diurnos en centros de atención 24 horas, sin que el Mides garantizara “las condiciones edilicias para vivir allí en plena pandemia (ventilación, baños, no hacinamiento, etcétera)”, y que tampoco se garantizaron “las partidas para insumos y salarios hasta el día de hoy”. “Por otro lado, implementaron la modalidad de albergue masivo, donde han llegado a pernoctar alrededor de 280 personas en las noches más concurridas. Esta forma de organizar el alojamiento de las personas en situación de calle era una experiencia hace ya años superada y evaluada como muy deficiente dada la propensión al conflicto que generan estos espacios, la falta de seguimiento de los procesos de las personas, y lo que no es menor, el riesgo sanitario que implica este hacinamiento en plena pandemia”, agregan.
Finalmente, señalan “la grave situación del Programa 24 horas de Mujeres con niños, niñas y adolescentes en los hoteles, donde a la insuficiencia de cuidados y del respaldo institucional se suman al hacinamiento; junto con la falta de cobertura de las necesidades básicas ante la demora de las partidas de los tickets de alimentación”.
SUTIGA exige que se dé información “certera y pública” sobre el futuro del Programa Calle, condiciones adecuadas para las personas que lo transitan, “formalidad en las contrataciones, licitaciones en tiempo y forma por pliego” que regulen las tareas, continuidad laboral para los trabajadores, y que no se pierdan los saberes “y la experiencia acumulada”, así como evitar la desprofesionalización del servicio y el hacinamiento en los centros.