Esta semana las cámaras empresariales se presentaron ante la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), creada a partir de la aprobación de la ley de urgente consideración, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) presentó un texto con las primeras aproximaciones a la reforma, un documento que está disponible en la página de la CESS. Elvira Domínguez, integrante de la Comisión, dijo a la diaria que aún están en la etapa de análisis de las propuestas, por lo que no tiene una conclusión sobre lo presentado.
La CESS tiene 90 días para realizar un diagnóstico, etapa que se inició este mes y finalizará en febrero de 2021, y 90 días más para redactar la propuesta, que estaría en mayo del año que viene. “Todavía estamos recopilando información. No es el momento de propuestas, hay como líneas e ideas pero estamos en la etapa del diagnóstico”, dijo.
La CIU, en el documento presentado, señala que es necesario que “el empresario sea también considerado un sujeto con derechos y no sólo exclusivamente visto como un sujeto con obligaciones”, además “las modificaciones del sistema de seguridad social, deberán asegurar no sólo la equidad y la inclusión social, sino también la estabilidad macroeconómica”.
Para financiar el sistema, la CIU dice que debe haber “crecimiento económico, modificación de parámetros, eficiencia y reducción de la informalidad”, pero descarta que se pueda subir “la presión fiscal que en Uruguay ya es elevada”.
Los empresarios industriales comparten el diseño actual mixto, “con componentes de capitalización individual, y esquemas protectores complementarios de carácter voluntario”, y proponen que se facilite “la jubilación a tiempo parcial”, además de “diseñar nuevas formas de legislación para contemplar las nuevas formas de organización del trabajo debido al avance tecnológico”.
Por otra parte, Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, dijo a la diaria que una coincidencia en todo los actores es que es necesaria una reestructura de la seguridad social. “Hay una cantidad de cosas que estamos viviendo como sociedad por la que la necesitamos. La expectativa de vida es más larga y a la seguridad social hay que financiarla. Uno de los principios, tal vez, es extender más los años para jubilarse”, dijo.
Lestido comentó que él tiene 62 años y en tres se podría jubilar, pero cree que puede seguir con sus tareas. “Nosotros vamos por un sistema jubilatorio parcial, que permita a los jubilados seguir trabajando, porque sino la gente después de los 65 años van a seguir pero en negro”.
Sobre esa informalidad dijo: “Todos somos trabajadores, todos perdemos. Yo soy trabajador y la persona que está en una planta industrial también. Hoy una persona con 65 años es sumamente activa y puede querer seguir trabajando. Lo que pasa es que tenemos un sistema pensado hace muchos años. ¿Fue malo? No, fue bueno, pero hay que ajustarlo a los tiempos que estamos viviendo”.
El documento presentado por la Cámara de Comercio dice que “un dato importante a tener en cuenta es que en la actualidad tres cuartos del total de jubilados activos no realiza aportes a la seguridad social por el trabajo que realiza. Claramente es un tema a resolver desde diversos frentes”. Para esto proponen “analizar instrumentos adicionales a los que ya existen de forma de estimular la contratación/mantenimiento de la fuente de trabajo de las personas de mayor edad. A modo de ejemplo: incrementar los incentivos a los empleadores que contraten o mantengan en su plantilla a trabajadores de edad avanzada, aumentar las deducciones en el Impuesto a la Renta para aquellos trabajadores que permanezcan en actividad a pesar de haber superado una determinada edad de referencia”.
Sobre los aportes de las empresas asegura que hay que tener presente que la carga se encuentra “en su tope máximo” (22,5%), “de las más altas en las comparaciones internacionales”. “Sumado a que el aporte patronal es un impuesto a la mano de obra, es decir penaliza la contratación de mano de obra por parte de las empresas del sector privado. Por lo tanto, desde la Cámara se entiende que en la actualidad no habría margen para considerar un aumento de estas tasas de aporte como forma de cerrar la brecha del déficit financiero que sufre el sistema de reparto”.
Además de la CIU y la Cámara de Comercio y Servicios, el martes pasado compareció ante la CESS el PIT-CNT. En un documento que se publicó la central sindical planteó que la reforma sea progresiva, que incluya a la Caja Militar y que se implemente un sistema de ahorro diferente al de las AFAP.