“En Uruguay hace un año que el bloque de poder recuperó el gobierno mediante una coalición de partidos que inmediatamente comenzaron a aplicar una política neoliberal a través del aumento de impuestos y tarifas, estímulo a la suba del dólar, rebaja de salarios y jubilaciones, reducción de inversiones, eliminación por múltiples vías de las políticas sociales”. De esta manera comienza la declaración de la asamblea conjunta de la Coordinadora de Sindicatos de Ancap, que se reunió el miércoles en la plaza Primero de Mayo.
En el contexto de la crisis generada por la pandemia, la coordinadora asegura que se tomaron definiciones “tanto en la ley de urgente consideración [LUC] como en diferentes acciones particulares”, que tienden al “cierre de unidades productivas como ALUR Capurro, mediante la eliminación de la mezcla de biodiésel en el gasoil; la privatización de la industria cementera de Paysandú, en beneficio de capitales privados; la reprivatización de las empresas de distribución de gas natural Montevideo Gas y Conecta; la eliminación del subsidio del supergás afectando a cientos de miles de hogares; y el recorte de ingresos de personal y trabajos en la refinería”, entre otras consecuencias.
Los sindicatos aseguran que, si se concretan estas medidas, Ancap quedará como “algo testimonial a efectos de retomar la desmonopolización legal en el futuro mediato, y en lo inmediato se perjudicará el papel productivo” de la empresa pública.
La declaración también hace referencia a las consecuencias de la pandemia por la covid-19, menciona que “hay 111.000 trabajadores en el seguro de paro, el doble que en 2019, la tasa de desempleo a diciembre estaba en 10,5%, la pobreza aumentó en 4% (120.000 compatriotas) y las ollas populares deben mantenerse para resolver el hambre cotidiano”. “Uruguay figura entre los países que menos porcentaje del PIB [producto interno bruto] han volcado a paliar los efectos de la pandemia, pero esto no es un error, es parte de una decisión política que tiene el objetivo de producir un creciente y brutal ajuste contra el pueblo y aumentar el beneficio a los grupos económicos monopólicos concentrados que se apropian de un mayor plusvalor”, agrega.
Por estas razones la asamblea decidió reforzar la campaña de recolección de firmas contra la LUC, hacer paros parciales de dos horas en La Teja y ALUR Capurro con movilización y breve concentración en la planta de Capurro; realizar una movida pública en Bella Unión el 17 de marzo; y parar de manera activa durante 24 horas el 24 de marzo, en rechazo a la política de desmantelamiento de Ancap. Además, “ante cualquier cierre de una unidad productiva o privatización se procederá a la medida de ocupación”.
“Nos están diciendo que la riqueza no es del trabajo sino del capital”.
En su discurso el presidente de la Federación Ancap (Fancap), Gerardo Rodríguez, dijo que “estamos atravesando una crisis por la pandemia, que se transformó en una crisis social y económica, [...] y lo que nos dice este gobierno clasista es que no sólo no va a tocar a los empresarios y a la burguesía, sino que tenemos que agradecerles porque ellos son los que nos van a sacar de esta encrucijada”. “Lo que nos están diciendo es que la riqueza no es del trabajo sino del capital”, aseguró.
Rodríguez dijo que uno de los postulados del gobierno presidido por Luis Lacalle Pou es bajar los combustibles, y se preguntó si lo que en verdad pretende es sólo bajar el gasoil, ya “que es la promesa que les hizo el presidente a las cámaras empresariales y a los sectores agroexportadores. Si hay que bajar los combustibles, no se entiende por qué el comité de expertos [sobre el mercado de combustibles, creado por la LUC] recomienda sacar el subsidio al supergás. Están tratando de bajar el gasoil, y si para eso tienen que subir el supergás a todo el pueblo, y a miles y miles de familias con ingresos bajos, [lo harán]”.
Rodríguez aseguró que será un “mazazo” porque el precio de la garrafa de 13 kilos pasará de 600 a 900 pesos.
Sobre el precio del gasoil en los últimos cinco años aseguró que aumentó 50 centésimos (2%), mientras que el dólar, en el mismo lapso de tiempo, subió el doble (100%), y el índice de precios al consumo (IPC) se incrementó por encima de 60%: “Esto no es un tema del precio de los combustibles, es un objetivo político que propusieron en 1992 con la privatización de las empresas públicas y en 2003 con la asociación de Ancap, y que el pueblo uruguayo logró frenar”, gracias a los referéndum de 1992 y de 2003.
Con relación al cierre de la planta de ALUR, Rodríguez aseguró que es mentira que los trabajadores no perderán su empleo: “El comité de expertos también recomienda que Ancap se desprenda de la gestión de ALUR”. Rodríguez puso en duda que la empresa tenga la capacidad de subsistir si no es manejada por Ancap. “Empiezan por ALUR Capurro y van a seguir por ALUR Paysandú y Bella Unión, por el pórtland de Paysandú y de Minas, y después por el desmantelamiento de la refinería de La Teja. Acá es una cuestión de clase, y lo que no admite el neoliberalismo es que una actividad estratégica como la de los combustibles esté en manos del Estado”.
El presidente de Fancap llamó a firmar para que se convoque a un referéndum contra algunos de los artículos de la LUC porque “es la estructura que sostiene este proyecto de gobierno neoliberal, de derecha y clasista. A esos 135 artículos tenemos que decirles que no”, subrayó.