Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), toma distancia de los malos augurios en torno a la finalización de las obras de UPM y el Ferrocarril Central. Aunque “es un escalón que se va a sentir” en los puestos de trabajo, asegura que en 2023 “la caída no va a ser dramática” porque “hay otras cosas”, tanto públicas como privadas, “que están impulsando la actividad”. Sobre ellas, el futuro del trabajo, la creación de una agencia de planificación estratégica y demás, conversó con la diaria en un nuevo aniversario del Día de la Industria de la Construcción.
En 2020, a contramano del resto del país, la construcción creció. En 2021, volvió a crecer más que el promedio de la economía nacional. ¿Cuál es la situación actual de la industria?
La construcción fue el único sector que creció en 2020, poco, un 2%, pero creció. En 2021 tuvimos un fuerte crecimiento de 6%, y si bien es cierto que en el segundo trimestre crecimos menos [que la economía nacional], si mirás todo el primer semestre de 2022 la construcción creció un 7,8% y el país un 8%, así que prácticamente está alineada con el crecimiento general de la economía. Ahora, además de UPM y el Ferrocarril Central, hay otras cosas que están impulsando la actividad y que nos permiten seguir en una línea de crecimiento importante.
¿No preocupa, entonces, la finalización de las obras de UPM y el Ferrocarril Central?
En 2023 finalizan ambos proyectos. Eso es un escalón que se va a sentir en la ocupación, en la generación de puestos de trabajo. Se va a compensar en parte con el buen dinamismo de las obras de edificación y el aumento de la inversión pública, ahí está sobre todo el plan de obras viales y puentes que tiene el Ministerio de Transporte [y Obras Públicas, MTOP]. No va a ser una sustitución plena, pero estamos con un nivel de actividad alto, por lo tanto, la caída no va a ser dramática.
¿Qué nivel de ocupación proyectan para el año que viene?
Ahora en 2022 estamos hablando de un promedio en el entorno de los 54.000 [trabajadores]. Entonces, cuando el año que viene tengamos el escalón a la baja de UPM y el Ferrocarril Central, hoy en día estamos hablando de unos 7.000, vamos a seguir con un nivel alto de ocupación. Probablemente estaremos en el entorno de los 48.000 trabajadores en promedio, lo que va a estar por encima de años anteriores.
Otro de los puntos fuertes de la inversión privada en el último tiempo ha sido la construcción de viviendas. ¿Qué evaluación hacés de la ley de viviendas promovidas?
La evaluación es muy positiva porque ha sido exitosa en la generación de nuevas soluciones habitacionales. En general, se le critica que la población de ingresos medios y medios-bajos no puede acceder a la compra de una de esas viviendas, y eso es cierto. Pero lo que sí ha pasado es que todas esas viviendas se han volcado al mercado de alquileres y eso ha contenido el nivel de precios de los alquileres, porque hay más oferta de vivienda. Eso me parece que es muy positivo. Por otro lado, ha generado construcción en barrios donde antes no había nada. Acá en el Cordón ves cantidad de edificios, era un barrio donde no había prácticamente inversión.
¿El decreto del Poder Ejecutivo, que eliminó topes de precio en abril de 2020, tuvo una relevancia significativa?
La tuvo. Los números lo muestran. El año que teníamos como récord de viviendas ingresadas a la ANV [Agencia Nacional de Vivienda] para la promoción fue el 2012 con 3.200 viviendas. Ya en 2021 ingresaron proyectos por 5.700 viviendas. Indudablemente, esas modificaciones que hizo la administración, atendiendo los planteos del sector privado, fueron muy positivas.
A largo plazo, ¿la incorporación de tecnología en la construcción implicará una reducción de los puestos de trabajo que, por otro lado, estarán mejor remunerados?
La incorporación de maquinaria y equipo en la construcción es permanente. Es un sector que invierte mucho en eso y que viene transformándose por ahí en forma lenta y silenciosa, pero sostenida. Los puestos de trabajo de hoy son mejor remunerados, pero también mejor calificados y, en alguna medida, menos exigentes físicamente que hace 10 o 20 años. Ahora bien, como pasa en todas las actividades, hay un desafío de reconversión para que los trabajadores puedan adaptarse a las nuevas metodologías de trabajo. Ese desafío de capacitación a las nuevas formas de trabajar la industria lo tiene y tiene que dar respuesta.
¿Qué cosas pueden hacerse en ese sentido?
La industria tiene un fondo social de capacitación que se financia con aportes de empresarios y trabajadores, que precisamente tiene una tarea muy importante en generar capacitación, no sólo básica y tradicional en los oficios, sino actualizada a los nuevos desafíos y equipamientos.
¿Algún ejemplo de una incorporación tecnológica que haya provocado una disminución de los puestos de trabajo?
Algunas cosas no son muy recientes, pero indudablemente impactan. Antes el hormigón se hacía en obra, hoy no. Se hace en una planta, viene en camiones, se bombea. Eso generó modificaciones. Pero hay cosas mucho más avanzadas, como puede ser una motoniveladora, que es un equipo para obras viales que tiene incorporado un software que va indicando cómo se tiene que ir poniendo la cuchilla para dejar el terreno nivelado de acuerdo al proyecto. Antes eso requería de un operador o un técnico que iba adelante poniendo estacas y marcando a qué nivel tenía que quedar el terreno, obviamente con ayudantes. Hoy para eso hay tecnología, sin necesidad de hacerlo entre tantas personas.
La relación con el Sunca
A mitad de 2020, en un contexto de emergencia sanitaria, la construcción se salió del molde en los Consejos de Salarios. No hubo período puente, sino la firma de un acuerdo por tres años sin pérdida de salario real. Consultado sobre la particular relación entre la CCU y el Sunca, O’Neill destacó que por encima de todo existe “una cultura de negociación” que procura que “no haya ni vencidos ni vencedores”.
Incluso “cuando estuvieron suspendidos los Consejos de Salarios”, indicó O’Neill, el sector de la construcción “siguió negociando convenios colectivos”. “Hemos construido una cultura de negociación y un espacio de trabajo conjunto”, subrayó, “aunque tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo siempre”.
Más inversión
El gobierno anunció que este será un “año récord” en obras de infraestructura, 907 millones de dólares. ¿Cómo es el nivel de inversión pública en este quinquenio en comparación al quinquenio anterior?
La inversión en infraestructura, en el sentido amplio, vialidad, puerto, ferrocarril, empresas públicas, vivienda, educación, salud, representó en el quinquenio anterior 3,5% del PIB [Producto Interno Bruto]. De acuerdo a la última Rendición de Cuentas, este quinquenio la inversión va a estar en 3,3%, es decir, ligeramente por debajo, pero en un entorno similar. Uruguay se ha movido entre el 3% y el 4% en los últimos 20 años. Nosotros estábamos más preocupados antes. Ha habido nuevos planteos, fundamentalmente este del MTOP, que ha impactado en que esto crezca.
Pero desde la CCU entienden que debería haber más inversión pública.
Nosotros entendemos, y lo entienden los organismos multilaterales de crédito, que América Latina, y Uruguay dentro de ella, tiene una brecha en infraestructura con respecto a los países desarrollados. Para acortar esa brecha sería deseable andar arriba del 5% [del PIB]. A eso en nuestro país no se ha llegado, por lo menos, en la historia reciente. Nosotros somos partidarios de buscar los mecanismos para aumentar esa inversión, porque nos parece una palanca fundamental para el desarrollo. La inversión en infraestructura impacta en el desarrollo económico, la inclusión social, la vida de la gente… Es deseable que sea lo más alta posible.
¿En qué tipo de obras podría invertirse ese mayor gasto público?
Un capítulo que es muy importante, y que a veces no se habla mucho, es la infraestructura urbana. 70% de la población de Uruguay está en las ciudades. Si vamos al caso de Montevideo y la zona metropolitana, el tema de la movilidad podría ser un tema que requeriría mucha inversión. En Montevideo hay muchos autos y eso no es eficiente desde el punto de vista urbano. Es mucho más recomendable tener un transporte público eficiente, económico, rápido, para disminuir el parque automotriz. Esa es la dirección en la que van las grandes ciudades del mundo. Son inversiones fuertes que tienen que ver con infraestructura, calles y demás, con incorporar vehículos eléctricos, con generar corredores específicos. Hay una cantidad de cosas que se podrían hacer en ese sentido.
En cualquier caso, el sector privado es el que genera dos de cada tres puestos de trabajo en la construcción. ¿Qué desafíos tiene la inversión privada?
Uno de los problemas que tiene nuestro país es la poca demanda, porque somos pocos. Creo que esa es una limitante de crecimiento importante. A Uruguay le vendría muy bien una migración importante. Tenemos muchos instrumentos a la oferta, pero pocos instrumentos a la demanda. Creo que el mercado hipotecario debería tratar de lograr tasas de crédito inferiores para hacer más viable el acceso a la vivienda para la clase media, que hoy está teniendo dificultades. Ahí hay probablemente cosas para mejorar.
¿Y cómo ayuda la CCU a promover la inversión privada?
La CCU trabaja en mejorar la productividad en el sector. Mejorar la productividad impacta en reducir costos para hacer más accesible la construcción para todos los sectores. Si bien somos tomadores de costos en la mayoría de las cosas, también tenemos como tarea hacer más eficiente y competitiva a la industria. Después también trabajamos en el área de la sostenibilidad y temas ambientales, pero en el sentido de aumentar la actividad privada creo que nuestro trabajo en la mejora de la productividad es muy importante.
Hace unos meses la CCU propuso la creación de una “Agencia de Planificación Estratégica en Infraestructura”. ¿Por qué?
Esa agencia tendría muchos beneficios para el país. Los proyectos de infraestructura son largos, tienen ciclos de vida más largos que los de una administración de gobierno. Cada vez que hay un cambio de administración, en algunos organismos no tanto, pero en otros sí, hay en cierta forma un volver a empezar. Tener una agencia que estuviese estudiando y planificando un desarrollo estratégico sería muy bueno, permitiría tener una continuidad. No es un invento nuestro. Ya existe en el mundo y ha sido exitoso en muchos países.
La agencia tendría un perfil técnico, no político.
Eso es algo que se está estudiando en el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción y que va a terminar en un documento, probablemente antes de fin de año. Pero es una agencia de tipo técnico. Ahora, qué tipo de relación tendría con los organismos existentes ya es algo que excede nuestro planteo. Lo nuestro es la propuesta de la idea. Los propios organismos delegarían parte de su responsabilidad en esta agencia específica con gente especializada y el sector de la construcción ganaría estabilidad en su desarrollo.
Fiscalía especializada
Recientemente, ante la muerte de un trabajador que realizaba tareas para UTE, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) volvió a proponer la creación de una fiscalía especializada en accidentes de trabajo para fortalecer tanto la prevención como la investigación de los siniestros. Al respecto, O’Neill opinó: “No creo que una fiscalía vaya a resolver nada, porque me parece que la solución viene más por el lado de la gestión”, aunque aclaró que la CCU no tiene una posición formal.
O’Neill afirmó que la accidentalidad “ha bajado mucho” en el sector de la construcción en el último tiempo, “eso es objetivo”. “Los indicadores de accidentalidad mejoraron mucho y rápidamente, pero bueno, siempre tenemos accidentes”. Señaló las responsabilidades de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social y la Justicia, “que cuando tiene que actuar, actúa”.
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