El 13 de setiembre, a partir de la Resolución 854/002, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) aprobó el Manual de procedimiento para la producción orgánica y la producción integrada que elaboró la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la Dirección General de Servicios Agrícolas, la Dirección General de Servicios Ganaderos y la Dirección General de la Granja (Digegra). La resolución reglamenta los pasos a seguir por las entidades aspirantes a ser certificadoras de productores orgánicos e integrados.
Desde que el MGAP suspendió a la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) como certificadora en 2021 –tarea que cumplía desde 2005 y que fue formalizada en 2015–, la cartera es la única institución nacional habilitada para certificar la producción orgánica e integrada. Alberto Goméz, integrante de la RAU, dijo a la diaria que el argumento de la actual administración para no renovar la potestad de la RAU como certificadora fue que la habilitación se había vencido y que el anterior gobierno no la había renovado.
Otro motivo fue que el MGAP consideró que había “debilidades” en los informes que presentó la RAU para volver a certificar y por eso plantearon cambiar la normativa y hacer un nuevo llamado, que aún no se realizó. Gómez señaló que se están venciendo los certificados que emitió la RAU antes de que se suspendiera como certificadora, y que el ministerio “nunca hizo caer esos certificados”, por lo tanto, “en la práctica, reconoció la validez del sistema”.
Como la RAU era la única institución que certificaba la producción orgánica, el MGAP asumió ese rol. Para Gómez, esa decisión es “contradictoria” con el discurso del gobierno de “achicamiento del Estado”. “Se confía en el sector privado, pero en este caso no. Mi interpretación es que como son agricultores familiares y pequeños productores, un sector que está planteando algo muy innovador, generan resistencias en los sectores de la producción más convencionales y el sector más empresarial”, planteó.
El director de la Digegra, Nicolás Chiesa, manifestó a la diaria que con el manual aprobado, la idea es que el llamado para designar entidades certificadoras se abra “este mes o el que viene”. Organizaciones como la RAU, instituciones “como el LATU” y empresas se puedan anotar para dar un servicio de certificación. En el caso particular de la RAU, Chiesa dijo: “La idea es que la red se anote y, cumpliendo con los requisitos, puedan iniciar los procesos de certificación, controlados por el MGAP. Eso se hizo para darles garantía a los productores y en especial a los consumidores uruguayos”.
Gómez apuntó que “la red siguió avalando y controlando internamente sus predios y esperando a presentarse al nuevo llamado, pero el ministerio no está ayudando con nada a darle confianza y seguridad al sistema”.
“Apareció la reglamentación sin que nos avisaran nada”
Uno de los puntos que generan mayor disconformidad en la RAU sobre el manual es el debilitamiento que sufrieron los sistemas participativos de garantía (SPG), un método de evaluación de calidad de productos que involucra a los productores, organizaciones de la sociedad, consumidores y técnicos, y que consiste en la visita a los predios de los productores entre los actores que forman parte: “Los consumidores aprenden además de controlar, y los técnicos jóvenes tienen la posibilidad de conocer un montón de predios en la práctica. La gente participa y se genera un mecanismo de confianza, no por una cuestión técnica, aunque la hay, sino que por la participación de muchos actores. Muchas miradas sobre lo mismo dan la garantía de que funciona”, explicó Gómez.
Los SPG son ideales para pequeños productores que no pueden acceder a otro tipo de certificaciones, por ejemplo, las de tercera parte, que son muy “burocráticas” y “caras”. Además, la certificación consiste en un inspector “frío” que va una vez por año y no genera organización ni identidad; en cambio, en los SPG “se está mirando todo el tiempo”. En conversación con la diaria, Hugo Bértola, referente de la RAU, coincidió con el punto de vista de Gómez y agregó que los costos de las certificadoras multinacionales son demasiado altos para los agricultores familiares y, además, “son empresas que vienen de afuera a certificar con sus tarifas, con sus conceptos, y nosotros, los productores pequeños, no vamos a pagar eso para ir a las ferias de acá”.
“Los pequeños productores y la agricultura familiar han desaparecido masivamente, se van del campo. En cambio, con la agricultura ecológica crece la cantidad de familias. No estamos hablando solamente de vender un producto, hablamos de desarrollo rural y mantener a la gente en el campo. De personas que usaban plaguicidas que eran muy peligrosos con pocos cuidados y ahora los dejaron de usar. De productores que se vinculan con los consumidores y con sus pares. De mayor participación de jóvenes y mujeres en un sector envejecido. Todo eso debería ser evaluado por el ministerio como un aporte, no como una especie de actor social al que hay que frenar”, dijo Gómez.
Bértola afirmó que los cambios en los SPG son contrarios a lo que estipula el Plan Nacional de Agroecología, que apunta a fortalecerlos. Recordó que todos los partidos votaron la ley que aprobó la creación del plan como ley de interés general, “que no es poca cosa porque ese tipo de leyes tienen un estatus diferente a una ley cualquiera”. El plan, que surgió a partir de la aprobación de la Ley 19.717 en diciembre de 2018 por parte de todos los partidos políticos, se votó en diciembre de 2021 y, según Gómez, tiene como ejes temáticos mejorar en materia de producción, investigación, educación, recursos genéticos, biodiversidad y comercialización.
De acuerdo a Bértola, el plan cuenta con un cifra “ridícula” de 1.500.000 pesos anuales de presupuesto: “El presupuesto que habían hecho las organizaciones y lo que se manejó en todas las visitas parlamentarias rondaba los 18 millones de dólares anuales”. Gómez planteó que “recién este año se están viendo las primeras acciones del plan”, que consiste en la realización de talleres sobre agroecología en todo el país. Identificó como un problema que el gobierno no estipuló un número de nuevos “agricultores orgánicos, sistemas de transición y sistemas ecológicos orgánicos”. Apuntó que “estamos a mitad del período y eso no está claro”.
Antes de la resolución de setiembre, en mayo de este año el MGAP publicó un decreto para reglamentar la certificación de productos orgánicos e integrados. Según la RAU, en él se eliminó a los SPG de la normativa nacional. De acuerdo a Gómez, el decreto anterior, de 2008, “es igual, abre el registro nacional de certificadoras y se puede presentar cualquiera que cumpla con los requisitos. En los hechos, sólo se presentaba la red, que no tenía ningún monopolio”. El problema de la RAU con el nuevo decreto es que eliminó la mención a los SPG que había en el anterior, y por eso la organización se movilizó para mostrar su disconformidad con la situación. Bértola contó que desde la RAU manifestaron que los SPG “deben quedar al mismo nivel” que tenían en el decreto de 2008. Además, hicieron sugerencias para incorporar en el manual, que aún no se había elaborado.
Según ambos integrantes de la RAU, desde el MGAP invitaron a la red a participar en la elaboración del manual, pero no hubo una reunión presencial: sólo se envió al MGAP un escrito que no tuvo respuesta. “Apareció la reglamentación sin que nos avisaran nada”, aseguró Gómez, y añadió: “Esto no es sólo problema de los productores, es de los consumidores o de organizaciones ambientalistas que quieran opinar. El diálogo es muy pobre, perdimos la oportunidad de que eso se discutiera abiertamente”. Además, Bértola planteó que las sugerencias que hicieron para incluir en el manual no fueron introducidas.
En cambio, Chiesa señaló que sí se incluyeron la “gran mayoría” de las propuestas que hizo la RAU, y que las que se descartaron fue porque “jurídicamente no correspondían”: “Nos reunimos con ellos, se les dio el borrador de la resolución y se recibieron los aportes. Esta es una primera versión de la resolución, todo es mejorable y perfectible. Si hay que sacar un nuevo anexo con alguna mejora se va a seguir mejorando, no va a quedar estático”.
Otro punto de desacuerdo entre la RAU y el MGAP es la conjunción de los sistemas de producción orgánica con los integrados en una misma reglamentación. Bértola planteó que hay un interés en que la producción integrada ‒un método de producción que mantiene la versión clásica de basarse en agroquímicos, pero busca racionalizarlos y usarlos sólo lo necesario‒ se pueda “mezclar y confundir” como parte de la agroecología. Esto responde a los intereses de los productores integrados de acceder a subsidios internacionales que sólo ponen dinero “si participan las organizaciones sociales, si es sustentable, si se analizan las temáticas de género”. “Lo más clarito sobre todo esto es que Uruguay es el único país donde se sacó un decreto para reglamentar la agricultura orgánica y la producción integrada en un solo lugar”, indicó.
Por otra parte, Chiesa argumentó que el manual incluyó ambos tipos de producción porque “es parte del artículo de la ley que da las competencias a las direcciones del MGAP para los procesos de certificación de producción orgánica e integrada”. Agregó que “podría haber otros procesos de certificación más” dentro del reglamento y que cada uno tiene sus “particularidades y diferencias”, pero “hay algunos aspectos que son comunes independientemente de si es orgánico o producción integrada”.
¿SPG “incluidos” o “un golpe al corazón”?
Para Gómez, la forma en que está formulado el nuevo manual le genera dudas sobre que la RAU sea aprobada nuevamente como entidad certificadora: “Veo contradicciones en el texto. Dice que se va a pedir una declaración de independencia, pero hay que ver cómo lo entiende el regulador de turno, porque los SPG son participativos, no independientes”. Aclaró que el sistema es “imparcial” y “objetivo”, pero promueve la “capacitación, el intercambio y la evaluación entre vecinos”.
Bértola coincidió con ese planteo y agregó: “Ponen que la certificación participativa tiene que ser liderada por un técnico, cuando los SPG tienen como base fundamental el reconocimiento de distintos saberes. Es un golpe al corazón, porque obliga a que cada productor que quiere ser orgánico tenga que tener un técnico contratado”. Además, indicó que en el manual “cambian la definición de los SPG. Los aceptan con las condiciones que ellos ponen”.
Según Gómez, desde que se cortó con las certificaciones de la RAU, el MGAP no terminó el proceso de certificación de ninguno de los productores integrantes de la red. Comentó que en 2021 la red certificó 115 predios de producción orgánica.
Consultado sobre la posibilidad de que los productores de los SPG no sean aprobados como certificantes bajo el argumento de que carecen de independencia, Chiesa aseguró que ya se le explicó a la RAU que eso “no será un impedimento” y que la red tiene “un mundo de técnicos” con los que pueden presentarse al llamado de certificantes: “La red y cualquier otro tiene la garantía de que los SPG están incluidos y van a poder participar. Siempre se dijo que la red quedaba afuera y los SPG no iban a poder certificar más, pero nosotros siempre dijimos que no, que lo que había era un proyecto de ley y un decreto marco que habilitaba a todo el mundo”. Apuntó que la cartera “ya está haciendo auditorías y emitiendo los certificados” y que “ya se está viendo el sello en las góndolas de los supermercados”.
Señaló que desde que el MGAP comenzó la emisión de certificados en setiembre del año pasado, se presentaron 15 postulaciones para certificación en el cultivo de manzanas de producción integrada. De ese número, cinco no continuaron con el proceso, uno no presentó el informe de auditoría interna, dos no presentaron los resultados de los análisis necesarios para seguir con el proceso y siete cumplieron con todos los pasos requeridos y obtuvieron sus certificados correspondientes.
También informó que dentro de la producción orgánica y la conversión orgánica se presentaron 52 postulaciones; dos de ellas fueron para producción animal apícola, a las que “les falta presentar el plan de manejo correspondiente”, y el resto fueron para producción vegetal hortícola y frutícola. Del total, uno renunció a continuar con el proceso, 14 no presentaron el plan de manejo correspondiente y 35 sí lo hicieron. De esas 35, 23 están a la espera de coordinar las visitas correspondientes, dos tienen fecha coordinada para recibir las visitas y hay diez postulaciones que cumplieron con todos los pasos requeridos en el proceso de certificación y tienen sus certificados emitidos.
También hubo siete postulaciones de empresas elaboradoras, fraccionamiento, almacenamiento, depósito y comercialización; tres de ellas recibieron planes de manejo y están a la espera de coordinar las visitas correspondientes. Se espera que en octubre y noviembre se termine con los predios que están en condiciones de recibir auditorías.