Los primeros hallazgos de oro en el enclave Cuñapirú-Corrales, en el departamento de Rivera, datan de 1820. Sin embargo, la era de la explotación minera tecnificada (o industrial) en la zona comenzaría en 1866, con la llegada del ingeniero español Clemente Barrial Posada.
Esta etapa había sido precedida por otra en la que cateadores realizaban la explotación de manera artesanal, según explicó la profesora de Historia Selva Chirico a la diaria. Estos fueron perseguidos por las autoridades estatales, ya que sus métodos de explotación chocaban con los intereses de los propietarios de tierras en la zona. Se quejaban de que las excavaciones realizadas por los cateadores podían perjudicar la actividad ganadera debido a que los animales caían dentro de los huecos que quedaban.
Barrial Posada se unió al empresario Federico Nin Reyes, que había obtenido la concesión estatal para la explotación de oro en el lugar. En 1867 el ingeniero español se instaló sobre el arroyo San Pablo y conformó la primera empresa para la explotación profesional, la cual llevaría su nombre: Barrial Posada y Cía.
De acuerdo a Chirico, el español habría empleado aproximadamente a 300 obreros. En un principio el ingeniero se quejó de los reclamos que realizaban los peones. Algunos por mayor sueldo, y otros por jornadas no tan extensas de trabajo. La profesora identifica en estas reivindicaciones que molestaban a Barrial Posada un “germen de obrerismo”.
Según contó la profesora, en 1879 se conformaría la Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay, en París. Esta empresa obtuvo la concesión para la explotación de oro de manera fraudulenta, despojando a Barrial Posada, que luego entabló una demanda contra el Estado. Los comerciantes franceses Alberto y Leoncio Birabén, radicados en Montevideo, tenían importantes conexiones con miembros del gobierno del dictador Lorenzo Latorre. Según contó Eduardo Palermo en un artículo, el coronel Ernesto Courtin, que era amigo personal de Latorre, habría intercedido en favor de los franceses. Courtin habría recibido 200.000 pesos de los hermanos Birabén por su gestión ante el dictador. Esta acusación se encuentra en la denuncia realizada por el ingeniero español, de acuerdo al artículo de Palermo.
Cuando la Compañía Francesa obtuvo la concesión de la mina San Pablo, esta pasó a llamarse Santa Ernestina.
La explotación llevada a cabo por la Compañía Francesa
Antes de comenzar la explotación los franceses tuvieron que continuar algunas de las obras iniciadas por Barrial Posada. Entre ellas, la represa hidráulica ubicada sobre el arroyo Cuñapirú.
La profesora también explicó sobre otro de los avances en infraestructura generado por la Compañía Francesa. Se trató del ferrocarril que se movía a través de aire comprimido. Recorría una distancia de cinco kilómetros entre la represa de Cuñapirú, donde se llevaba a cabo la molienda, y la mina de Santa Ernestina. Los pobladores lo bautizaron La Clotilde.
En suma, los logros de dicha empresa “tienen que ver con la actualización tecnológica, una mayor organización administrativa” y haber entablado “un vínculo directo con Francia”, describió Chirico.
En la plantilla de empleados de la Compañía había aproximadamente unos 400 trabajadores. De acuerdo a Chirico, coexistían la mano de obra asalariada y la esclavizada, aunque no fuese algo que se “gritara a los cuatro vientos”, señaló.
Esto condice con lo que ya contaba el historiador José Pedro Barrán en su libro Apogeo y crisis del Uruguay pastoril y caudillesco (1975) respecto de la situación al norte del río Negro. Según Barrán, allí los grandes propietarios de tierras, que eran en su mayoría brasileños, mantuvieron una “esclavitud velada”, incluso después de abolida en 1846. Esta situación cambió recién en 1888 cuando Brasil, siendo el último Estado latinoamericano en hacerlo, también abolió la esclavitud. El caso de la minera quizá sea particular, ya que los dueños de la empresa no eran brasileños.
Entre los asalariados había una importante porción de italianos que habían cruzado el océano Atlántico y desembarcado en el puerto de Montevideo, para luego dirigirse al norte del país. De acuerdo a la profesora, la situación económica en Italia y el resto de Europa era muy compleja y había mucha pobreza, por lo cual muchos trabajadores veían la emigración a América como una buena opción.
Era usual en esa época que los trabajadores fueran contratados ya en Europa y se acordaba con la compañía que durante los primeros meses trabajasen para pagar los costos del traslado, y luego sí comenzarían a ganar un salario. Llegaban con la promesa de ganar tanto que incluso podrían enviar dinero a sus familias que aún estaban en Italia. Como se verá, esto no fue posible debido a los incumplimientos de la empresa.
Chirico detalló que los costos adjudicados al traslado “excedían en 60% el salario mensual percibido por los trabajadores”. Los inmigrantes debían dejar a la empresa su equipaje y sus herramientas como garantía de pago. Además, debían rentar las “fundas o pensiones” en las que se quedaban, cuyo propietario era Victor L’Olivier, gerente de la Compañía.
L’Olivier también era el dueño de comercios ubicados en la zona, donde los trabajadores compraban alimentos. Podían gastar allí hasta 80% de su remuneración. Debido a esto, parte importante de lo que la Compañía pagaba a su plantilla volvía a sus arcas a través de estos establecimientos.
La profesora dijo que muchos trabajadores venían a desempeñarse al norte con la idea de mudarse posteriormente a Brasil. El país vecino tenía una política abierta a la inmigración europea y favorecía la creación de nuevas colonias otorgando tierras.
Chirico resaltó que en aquel entonces no existía en el país ninguna legislación que reglamentara la relación entre empleados y empleadores. “Recién se empezaba a conversar al respecto debido a la influencia de las corrientes anarquistas”, en particular, “del pensamiento de Errico Malatesta”, agregó.
Como señaló la profesora, la jornada laboral de los empleados de la compañía “podía ser todo el día, de sol a sol”. Y también había “turnos nocturnos”, puntualizó.
La huelga
Chirico negó que esta haya sido la primera huelga en la historia del país. Pero sí fue la primera con un alto nivel de organización, y también la primera en ser reprimida de forma violenta. En este caso “no eran 12 o 14 trabajadores que se juntaban para reclamar por sus derechos, lo que no era raro ni tampoco estaba mal”. Pero en la huelga de los mineros participaron 200 trabajadores. “Es mucha gente”, contrastó.
En ese sentido, consideró que se necesita una buena organización y mucha convicción por parte de los huelguistas para llevar adelante un conflicto con los patrones por tanto tiempo. Se estima que su inicio pudo haber sido entre diciembre de 1879 y enero de 1880 y se extendió al menos hasta setiembre.
El detonante que llevó a los obreros a la huelga fue el anuncio de una nueva forma de pago por parte de la empresa. Se descontaba a los empleados los jornales no trabajados, sin importar que se pararan las actividades por disposición de la Compañía.
El 13 de enero de 1880, en una carta dirigida al jefe político de Tacuarembó, Eliseo Chávez, a la que accedió Chirico en su investigación, el gerente de la empresa manifestó que los trabajadores eran libres “de no aceptar la nueva forma de pago”. Pero también decía que no podía permitir que “impidan trabajar a los que quieran”.
En la misma misiva L’Olivier dijo que todos los huelguistas eran italianos. Chirico aclaró que las autoridades de la empresa infirieron eso, ya que entendían que “debían ser los únicos con suficiente formación para hacer el reclamo”.
También cabe aclarar algunas cuestiones de la coyuntura histórica. En aquella época no existían las intendencias departamentales. La constitución de 1830, todavía vigente, estipulaba que el presidente de la República era quien elegía a los jefes políticos de cada departamento.
Además, hay que tener en cuenta que Latorre había llegado al poder en 1876 por medios ajenos a los que marcaba la Constitución, por lo que era un dictador. Este período en la historia nacional que va desde 1876 a 1890 es conocido como “militarismo”.
Por otro lado, el departamento de Rivera fue creado recién en 1884, por lo que todo el territorio que hoy le corresponde estaba bajo jurisdicción del departamento de Tacuarembó.
Como se puede ver en varias cartas, el jefe político de Tacuarembó, en el tiempo que duró el conflicto, siempre estuvo del lado de la Compañía Francesa. En una correspondencia del 21 de enero, dirigida al ministro de Gobierno, Eduardo Vázquez, denunció que el comisario de Cuñapirú habría sido “intimidado”, y se “declara impotente” ante el “amotinamiento” de los trabajadores.
Sin embargo, no tomó los suficientes recaudos para no caer en una evidente contradicción. Explicó que tuvo que mandar “un piquete de artillería” con el objetivo de “conseguir por buenas maneras” que se estableciera “el orden contra los trabajadores”. Chávez señaló que esto “se logró felizmente”, luego de expulsar a “72 peones de la compañía”.
A continuación, en la misma carta le solicitó a Vázquez que le enviara “25 policías armados a [fusiles] Remington”. Chávez lo veía necesario para poder formar “un piquete estacionado en un puesto fijo” y en medio “de todos los trabajadores”. Este tipo de armas habían sido adquiridas recientemente por el gobierno de Latorre, y el Estado tenía su monopolio. Para el caso de que particulares tuvieran estos fusiles, debían ser incautados por la Policía o el Ejército.
Cinco días después Chávez insiste en lo mismo, ya que no le enviaron ni los policías ni las armas que había pedido. Además, relata que otra vez mandó “un piquete de artillería”, debido a que los obreros se habían “amotinado varias veces”.
Chirico dijo que en su investigación no pudo acceder a testimonios de los trabajadores. De todas formas, las denuncias de malos tratos por parte de la empresa hacia sus empleados llegaron a la prensa de la época. La profesora contó que el 24 de enero Diario del Comercio consignó que los trabajadores de la mina recibían un “trato inhumano”.
L’Era Italiana, periódico que se publicaba en italiano, dio cuenta el 26 de febrero de que el pago de salarios se hacía de manera “irregular” y que era distinto al que se prometía antes de contratar empleados. El Siglo, por su parte, había citado dos días antes un informe del diario La Época de Tacuarembó en el que consignaba un enfrentamiento entre obreros y patrones. Al mes siguiente, El Siglo envió a un periodista a la zona, y este también denunció la situación en la que vivían los trabajadores.
En resumen, se decía que la empresa incumplía con el pago de los montos acordados y pagaba fuera de fecha. Pero además se denunciaron “castigos corporales” a los obreros. A través de las publicaciones de prensa, estas noticias llegaron a Montevideo, lo que preocupó al gobierno.
Siguiendo las disposiciones del ministro Vázquez, el jefe político de Tacuarembó decide recabar información. Pero tomó como única fuente las respuestas del gerente de la Compañía Francesa a un cuestionario que le envió previamente. Como no podía ser de otra manera, L’Olivier negó de manera tajante todas las acusaciones que pesaban sobre la empresa. En consecuencia, Chávez comunicó al ministro de gobierno que “las denuncias sobre presión y maltrato quedan destruidas con la afirmación contraria que hace el Ingeniero Director [L’Olivier]”. A tal punto llegaba su compromiso con la causa de los empresarios.
De todas formas, eso no parece convencer al ministro de gobierno. En respuesta a las reiteradas solicitudes de Chávez por un mayor número de policías y armas, Vázquez resolvió no acceder, por “falta de presupuesto”. Por otra parte, solicitó más información sobre el conflicto.
En la misma carta apuntó a que “se ha dicho que los trabajadores son tratados inhumanamente; que se alimentan de manera pésima, que hay un rigorismo exagerado” y que incluso reciben “castigos corporales”. También se refirió a la denuncia de “que no reciben los salarios tal cual se ha establecido” previamente. “Si esto fuera verdad”, no sería nada extraño que “se subleven”, concluyó el ministro de gobierno.
Pero el conflicto no se detuvo. El Siglo informó en junio que el gerente de la compañía había sido sustituido, y su lugar lo tomó otro ingeniero de apellido Fouert. El 18 agosto el nuevo gerente advirtió en una carta al jefe político del departamento que “un movimiento de rebelión de una parte de los obreros me obligaría a suspender los trabajos”. Y pide “diez o 12 soldados de línea” para controlar a los obreros.
El ministro de gobierno también había sido sustituido, y su lugar lo había tomado Eduardo Mac Eachen, quien no tuvo una mirada tan contemplativa de las denuncias que seguían llegando a Montevideo. El nuevo ministro de gobierno favoreció a la Compañía Francesa. Finalmente se enviaron al lugar diez hombres armados para combatir la huelga. Desde la jefatura política se entendió que era necesaria “la permanencia de los soldados” para poder “dominar” a más de 100 peones, lo que terminó sucediendo.
Chirico dijo que hay indicios que permiten determinar que el conflicto perduró por lo menos hasta el mes de setiembre de 1880. “Hasta ese momento la compañía y jefatura política intercambiaron cartas quejándose de la situación”, agregó.
De acuerdo a la información recabada por la profesora en su investigación, en ningún momento, mientras duró la huelga, la empresa tuvo una postura de apertura al diálogo con los trabajadores. En algunas cartas, desde la gerencia de la empresa se referían al obrero que tomaba medidas de lucha como “delincuente”.
Los resultados de la investigación no permiten determinar qué destino tuvieron estos trabajadores luego del conflicto. Tampoco sabemos quiénes eran estos empleados, ni si eran todos italianos, como afirman las cartas entre la gerencia y la jefatura política y entre esta y el ministro de gobierno.
También queda conocer el punto de vista de los obreros. Todo lo que se sabe respecto de la huelga es debido al trabajo de los periódicos de la época y a los intercambios epistolares entre autoridades, ya mencionados. La profesora comentó que en un ejemplar de L’Era Italiana se anunciaba que en la próxima edición se iba a publicar una carta escrita por uno de los trabajadores en conflicto, “pero la siguiente edición no está en la Biblioteca Nacional”, lamentó.