La Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (Afinco) emitió un comunicado en el cierre de la gestión de la actual administración en el que repasa “lo que ha sido la política de acceso a la tierra en este período de gobierno”, que “deja a la producción familiar desfinanciada y estancada en el marco de un contexto de promoción de los ‘malla oro’”. “El desmantelamiento del INC [Instituto Nacional de Colonización] fue temprano: con la ley de Presupuesto Nacional para el período de gobierno 2020-2024 se recortó el importe que ingresaba al INC por la vía de la recaudación adicional al Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP) sobre los inmuebles rurales con destino a compra de tierras. Además, en 2021 en la Rendición de Cuentas (Ejercicio 2020), se dispuso que esa recaudación se reasignara al ‘Fideicomiso Integración Social y Urbana’”, recuerda Afinco.
Agrega que además hubo cambios propuestos en la ley de urgente consideración (LUC) que “flexibilizaron algunas de las obligaciones que deben cumplir los colonos y, principalmente, de un plumazo se retiraron de la órbita del INC más de 60.000 hectáreas que por su condición podrían ir a parar al patrimonio de la agroindustria, fortaleciendo un proceso ya consolidado como lo es la concentración de la tierra en Uruguay”.
Según Afinco, la administración saliente “ha demostrado debilidad en la gestión institucional, dificultades de gerenciamiento y una nula comunicación interna, sin diálogo alguno con las y los trabajadores”. “Direccionaron la política pública a contramano de la misión y visión del INC. ¿Cómo pensaban apostar a la promoción del desarrollo rural y a la equidad en el acceso a la tierra, con la vergonzosa compra de tierras que han hecho? ¿Qué relevancia les dieron al INC y a la producción familiar?”, pregunta el sindicato, que más adelante afirma que entre 2020 y 2023 “la compra de tierras fue la más baja de los últimos años: adquirieron menos de 8.000 hectáreas, siendo que casi la mitad ya venía con compromiso de compra del directorio anterior”.
Para los trabajadores del INC, a la baja cantidad de tierra adquirida hay que sumarle “la promoción de un régimen de venta de fracciones a colonos arrendatarios bajo el argumento de que estos pudieran ser propietarios”. “No sólo gestionaron en base a premisas profundamente ideológicas, sino que también incorrectas. Desconocemos el diagnóstico del directorio en la supuesta demanda de colonos para acceder a la compra de sus fracciones, lo que sí sabemos es que a la fecha apenas se vendieron 3.200 hectáreas, beneficiando a muy pocos productores (algunos con lanzamiento por incumplimientos), demostrando el desconocimiento sobre las verdaderas necesidades de la población colona y evidenciando la incapacidad económica que presentan los arrendatarios para adquirir tierras”, sostiene el comunicado de Afinco.
También, Afinco acusa al Directorio del INC de “falta de planificación y priorización del gasto”, y pone como ejemplos “el fracaso en la contratación de la consultoría del LATU para certificar lo incertificable” y que costó 135.000 dólares o “la contratación de un abogado externo para que defendiera la postura del senador [Guido] Manini Ríos y contradijera (en tiempo récord) lo informado por tres servicios especializados del INC, consulta que costó 10.000 dólares”.
El sindicato denuncia que “en un contexto de pérdida salarial” “cuatro de los cinco integrantes del directorio se aumentaron discrecionalmente en dos oportunidades la compensación destinada a su personal de confianza, pasando de 2,4 millones de pesos en 2020 a 6,1 millones de pesos en 2021 y a 10,1 millones de pesos en 2023”, y que también “modificaron la normativa que refiere al uso de vehículos y habilitaron que las camionetas de los directores puedan circular sin la identificación institucional que las caracteriza”.
Finalmente, el comunicado expresa que no se olvidan de que el INC y el Banco República “firmaron un acuerdo en la Expo Prado 2023 para sellar una promesa realizada en 2021 por el gobierno, de que el INC subsidiaría intereses y saldría de garantía para préstamos de hasta 50.000 dólares tomados por colonos” y que “a la fecha no se ha otorgado un solo crédito en el marco de este convenio”.